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Listas reglas para elegir ternados para sala que disciplina a abogados
Los servidores públicos mejor pagados del país

La Comisión de Disciplina Judicial se creó con la reforma de poderes de 2015, que eliminó la Sala Disciplinaria de la Judicatura.

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Archivo EL TIEMPO

Listas reglas para elegir ternados para sala que disciplina a abogados

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial se creó en 2015, pero no ha podido conformarse.

Poco más de un mes después de que la Corte Constitucional dijo que este año debe quedar conformada la Comisión Nacional de Disciplina Judicial –que juzga disciplinariamente a jueces, abogados y fiscales– y que los magistrados 'eternos' de la Sala Disciplinaria deben dejar sus cargos, el Consejo Superior de la Judicatura publicó las reglas por las cuales se llevará a cabo la convocatoria pública para elegir las 4 ternes que le corresponden a esa entidad.

La Comisión de Disciplina Judicial se creó con la reforma de poderes de 2015, que eliminó la Sala Disciplinaria de  la Judicatura. Esta Comisión debe estar conformada por 7 magistrados elegidos por el Congreso de 4 ternas enviadas por la Judicatura –antes llamada Sala Administrativa— y 3 ternas enviadas por el presidente de la República.

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Un acuerdo firmado por el Consejo Superior de la Judicatura este 30 de septiembre establece los principios y normas por las que se regirá la convocatoria pública que debe hacer esa entidad para elegir a sus 4 ternados, lo cual constituye el primer paso para acabar con una sala que lleva en interinidad 5 años.

Esa interinidad ha permitido que la Sala Disciplinaria siga funcionando con 5 magistrados interinos, que no son elegidos por el Congreso, como manda la Constitución, sino por los otros dos magistrados de la Sala, Pedro Sanabria y Julia Emma Garzón, los únicos que están en propiedad pero que ya pasaron por 4 años sus periodos legales, que son de 8, y por eso son conocidos como magistrados 'eternos'.

El acuerdo  establece que la convocatoria se regirá por los principios de publicidad, transparencia, participación ciudadana, equidad de género, y mérito. 

Frente a los requisitos, la Judicatura estableció que los candidatos deberán reunir las cualidades constitucionales y legales para ocupar el cargo.

Estas están definidas en el artículo 257A de la Constitución, que establece que estos togados deben cumplir los mismo requisitos que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que son:  ser colombiano de nacimiento y ciudadano en ejercicio, ser abogado, no haber sido condenado por sentencia judicial a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos; y haber desempeñado, durante 15 años, cargos en la Rama Judicial o en el Ministerio Público, o haber ejercido, con buen crédito, por el mismo tiempo, la profesión de abogado o la cátedra universitaria en disciplinas jurídicas en establecimientos reconocidos oficialmente.  

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Respecto de los criterios de elección, el Consejo Superior de la Judicatura aclaró en el acuerdo que se observará la probidad, independencia, imparcialidad, responsabilidad,
integridad, transparencia, prudencia, idoneidad, carácter y solvencia académica
y profesional de los candidatos.

En cuanto a las fases de la convocatoria pública, la primera será de invitación pública, cuando la Judicatura invitará públicamente a quienes reúnan los requisitos a que dentro de los 10 días hábiles siguientes la publicación del concurso postulen su nombre enviando su hoja vida, con los soportes documentales que correspondan. La invitación se hará mediante aviso que se publicará en un periódico de amplia
circulación nacional y a través del sitio web de la Rama Judicial.

En adelante, esta invitación pública deberá hacerse con mínimo 3 meses de antelación antes de que termine el periodo de los magistrados de la Comisión de Disciplina, cuya elección haya sido de las ternas enviadas por la Judicatura. Y, cuando la vacante de un despacho sea por causas distinta a la terminación del período, la invitación se hará en máximo de 15 días hábiles, contados desde el día siguiente a aquél en que se configure la vacancia.

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La segunda etapa de la convocatoria pública es la inscripción y envío de hojas de vida a través de los medios y formatos que disponga  el Consejo Superior de la Judicatura, junto con todos los soportes, en formato PDF, que acrediten los requisitos. En este caso, los aspirantes que se inscriban en las listas para ser ternados por el presidente de la República no pueden inscribirse también en las de la Judicatura. 

En tercer lugar viene la publicación de inscritos y observaciones, que se hará durante 5 hábiles, para recibir de la ciudadanía, en los 5 días hábiles siguientes, las observaciones y apreciaciones no anónimas sobre los aspirantes.

Después de esto se hará una preselección de mínimo 12 personas y máximo 24 por cada terna. Esta lista de preseleccionados también estará publicada por 5 días hábiles. En este punto, la Judicatura aclaró que para la primera lista de ternados, es decir la que debe hacerse este año, se incluirán en las listas de preseleccionados para las 4 ternas mínimo 48 nombres y máximo 96 candidatos.

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Luego de la preselección vendrá una fase de entrevistas en audiencias públicas, estas se harán en los 10 días hábiles siguientes luego de la publicación de listas de preseleccionados. La audiencia en la que serán escuchados los candidatos será transmitida en directo vía internet o por cualquier otro medio masivo de comunicación.

Tras las entrevistas solo queda la integración de las ternas, y el Consejo Superior dará a conocer en una audiencia pública, quiénes fueron los candidatos ternados y remitirá esa información al Congreso de la República. 

La razón por la que hasta el momento no ha podido conformarse la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, que debió quedar lista un año después de la reforma de 2015, es porque el Consejo de Estado consideró que hubo errores en las convocatorias públicas que para tal fin habían hecho la Judicatura y la Presidencia, y las tumbó.

No obstante, la Judicatura interpuso una tutela contra ese fallo y el recurso fue revisado por la Corte Constitucional que el 27 de agosto de este año determinó que, contrario a lo dicho por el Consejo de Estado, la convocatoria pública no requería de una ley estatutaria. El alto tribunal constitucional añadió que un periodo de un magistrado superior a 8 años es inconstitucional y que no se puede prolongar el periodo más allá de los 8 años argumentando que no se han elegido magistrados para reemplazarlo, que es lo que han sostenido todos estos años Sanabria y Garzón.

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