A menos de dos meses de lograr, en la Corte Constitucional, el hundimiento de la médula de la reforma de equilibrio de poderes –que según los analistas era el mayor avance en la corrección de algunos de los más graves vicios en el Poder Judicial–, las cabezas de esa rama se reunieron el lunes con Gobierno y Congreso para anunciar una nueva reforma.
El compromiso que suscribieron es presentar en marzo del próximo año un proyecto con “propuestas concretas para hallar soluciones de fondo a los problemas que actualmente afronta la justicia en Colombia”.
La iniciativa se llama ‘Misión justicia’ y en ella están los presidentes de las altas cortes, los sindicatos de la rama, el presidente del Congreso y el Gobierno, a través del ministro de Justicia, Jorge Londoño. “Podrían ser ajustes administrativos, de políticas públicas o de buenas prácticas judiciales”, dijo el ministro Londoño.
Esta sería al menos la sexta iniciativa en el mismo sentido en la última década. Las dos que han llegado más lejos, ambas en el gobierno Santos, causaron una férrea oposición de la cúpula de la justicia, al punto que la demanda que tumbó el Tribunal de Aforados, que reemplazaba a la cuestionada Comisión de Acusación de la Cámara, fue presentada por el exfiscal Eduardo Montealegre cuando aún estaba en funciones.
Y en las audiencias públicas en la Corte Constitucional, las cabezas de la Corte Suprema, el Consejo de Estado y la Judicatura pidieron públicamente la inexequibilidad del acto legislativo. (Lea también: Corte tumba el Consejo de Gobierno Judicial y revive a la Judicatura)
Al final, por razones de fondo, la Corte revivió la cuestionada Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y mantuvo la Comisión de Acusación como el juez de los altos magistrados y el fiscal. La reforma establecía no solo un nuevo tribunal, sino que contemplaba mecanismos que garantizaban un mayor control sobre los dignatarios judiciales.
Según el acta de acuerdo firmada el lunes, se abrirán “espacios de reflexión” sobre “las contingencias que presenta la administración de justicia, como son la tutela judicial efectiva, la celeridad y eficacia del servicio de justicia, el gobierno y la administración de la rama judicial, la independencia y autonomía presupuestal, la acción de tutela, el control disciplinario para los magistrados de altas cortes y la elaboración y ejecución del Plan Decenal”.
'Tenemos la obligación de presentar propuesta'El presidente del Consejo de Estado, Danilo Rojas, habla sobre esta nueva iniciativa.
¿Qué garantiza que esta reforma sí funcione?
La Rama Judicial está en la obligación moral de presentar una propuesta de lo que debe ser la justicia en Colombia. Convocamos al Congreso y al Gobierno, pero también a la sociedad civil, para que le presentemos al país una propuesta concreta.
La reforma anterior generó muchos sinsabores...
Ese es otro tema que va a trabajar la ‘Misión justicia’, el gobierno de la rama. Quedó un sinsabor con ocasión de la sentencia de la Corte, pero tenemos que ver si el sistema que existe es el adecuado porque la rama quedó fortalecida o ver si era necesario algo diferente, que fue lo que se presentó con el equilibrio de poderes.
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