La opción de convocar un referendo, que es uno de los mecanismos de participación popular previstos en la Constitución, para superar la peor crisis de la justicia en la historia del país, es la opción 1-A que maneja hoy el gobierno del presidente Juan Manuel Santos.
Aunque hay consenso en que la justicia tocó fondo y que una reforma por las vías normales -el Congreso- tiene poco sentido después de las dos experiencias fallidas en el 2012 y el 2015, la mejor manera de sacar adelante esa cirugía a la Rama Judicial genera un fuerte debate.
1. Un referendo le plantea al pueblo reformas concretas a la Constitución, y en caso de aprobarse TODOS los poderes están obligados a llevarlas a cabo.
Así, a diferencia del plebiscito (que plantea un tema general), la aprobación de las reformas sería un mandato que Ejecutivo, Legislativo y Poder Judicial deberían acatar.
Esas reformas en esencia se referirían al fin de las facultades electorales de las Cortes, el entierro definitivo de la Comisión de Acusación, cuya ineficiencia en la práctica garantiza la virtual impunidad para los altos dignatarios del país y la aplicación de nuevos parámetros de eficiencia y transparencia en toda la justicia-
Este punto es particularmente importante porque la reforma del 2015, de Equilibrio de Poderes, en esencia introdujo las mismas reformas que ahora se están planteando.
Fue planteada por el Ejecutivo, aprobada por el Congreso y duramente fustigada por los magistrados de las altas Cortes, en especial por el cuestionado expresidente de ese tribunal Leonidas Bustos, y por el exfiscal Eduardo Montealegre. De hecho, una demanda de este último llevó a que la Corte Constitucional, en una polémica decisión, tumbara casi todos los cambios que traía la reforma de Equilibrio de Poderes.
Si el referendo pasa, ese tribunal no podría echar mano de la tesis de la sustitución de la Constitución (que el Congreso excede sus facultades de cambiar la Constitución) para defender instituciones polémicas como la Comisión de Acusación y el Consejo de la Judicatura.
2. Porque un referendo no abre puertas a iniciativas que, como la Constituyente que vienen planteando varios sectores, podrían terminar en la desaparición de varios de los logros de la Constitución del 91 y en el desmadre de la institucionalidad del país.
El referendo es específico: el pueblo vota sí o no por las preguntas que se le hacen, sin margen de mayores interpretaciones. Además, su aprobación y las preguntas pasan por el Congreso y la misma Corte Constitucional, que tiene entre sus misiones verificar que la iniciativa no afecte los principios básicos de la democracia.
La Constituyente, así sea convocada para un tema específico (la figura de Constituyente limitada), una vez se instale puede llegar a tocar cualquier tema. Eso pasó en 1991.
¿Por qué no?
1. Por los antecedentes. El Gobierno perdió el plebiscito por la Paz, que se supone era un tema que tocaba a todos los colombianos, y apenas sacó poco más de 6 millones de votos por el sí. Para aprobar un referendo, cada pregunta debe ser apoyada por los votos de nueve millones de ciudadanos, el 25 por ciento del censo electoral.
Un Gobierno que según las encuestas tiene poca favorabilidad tendrá que sacar adelante políticamente (primero en el Congreso y luego en las urnas) una iniciativa que aunque implica un tema vendedor (la lucha contra la corrupción), plantea temas muy específicos que no necesariamente le llegan a la gente.
Esa es una de las razones por las que la fecha de la que se está hablando es el sábado anterior a las elecciones para Congreso, en marzo, para 'jalar' intención de voto.
2. Por el momento. Muchos analistas consideran que la reforma ya no debe ser planteada por un Gobierno al que le queda menos de un año y que a pesar de que se la jugó por dos reformas, estas salieron mal pese a las buenas intenciones.
Aseguran que la tarea le debe quedar al nuevo Presidente, sin que esto impida en que se trabaje en una iniciativa por consenso y que se apliquen correctivos para sacudir la justicia que hoy existen. Además, el trámite del referendo -aprobación en Congreso, estudio de Corte Constitucional y luego, si pasa, campaña política-difícilmente se podría hacer de acá a marzo.
JUSTICIA
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