Dos semanas después de que el procurador general, Fernando Carrillo, radicara una acción popular contra la Concesionaria Ruta del Sol II –de la que hace parte la brasileña Odebrecht–, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca aceptó el estudio de la demanda y emitió unas medidas cautelares de urgencia, siendo la primera de ellas la suspensión provisional del contrato.
Dicha acción popular señala que mantener a la cuestionada firma –calificada por el Ministerio Público como un “corrupto confeso”– lesiona la moralidad administrativa y pone en riesgo el patrimonio público y la confianza que demanda la sociedad en sus contratistas.
En un documento de 98 páginas, que hace un recuento de las pruebas recopiladas en las investigaciones penales y disciplinarias, el Tribunal ordenó al presidente Juan Manuel Santos tomar posesión de las obras de este megaproyecto vial de doble calzada de 528 kilómetros, entre Puerto Salgar (Cundinamarca) y San Roque (Cesar), y entregárselas a una autoridad que se encargue de administrarlas.
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La decisión no solo suspende el contrato, sino las modificaciones, adiciones y otrosíes suscritos entre el Instituto Nacional de Concesiones, hoy Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y la Concesionaria Ruta del Sol II, hasta que se dicte una sentencia de fondo frente a la acción popular o hasta que se resuelva la petición de nulidad del contrato, que está en manos de un tribunal de arbitramento cuyos miembros renunciaron sin tomar ninguna decisión.
“La autoridad que señale el Presidente tendrá la obligación de tomar posesión inmediata de las obras de la Concesión Ruta del Sol sector II, velar por la correcta y eficiente ejecución de los trabajos de obra, así como ejercer una constante vigilancia sobre los recursos económicos que provengan o sean fruto de la concesión; asegurar la estabilidad de los contratos laborales y subcontratos de obra, de suministro, de prestación de servicios o de cualquier otra naturaleza que estén vigentes”, señala el documento.
Precisamente, este viernes, la Superintendencia de Puertos y Transporte sometió a control al concesionario, con el fin de prevenir el riesgo de afectación sobre los servicios conexos y la infraestructura que comprenden el tramo Puerto Salgar-San Roque.
Según la ANI, el contrato del proyecto inicial tiene un costo de 2,47 billones de pesos y el de la adición de 82 kilómetros, (otrosí 6), entre Gamarra (Cesar) y Ocaña (Norte de Santander), suma 799.647 millones de pesos. Al analizar los cargos de la Procuraduría, el Tribunal encontró que hay amenaza contra el derecho a la moralidad administrativa, porque la licitación fue adjudicada por medio de “maniobras ilegales”. También dice que hay una vulneración del derecho al patrimonio público, consistente en que los oferentes del soborno convinieron hacer pasar ese dinero como costos de la obra.
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Entre las medidas cautelares están, así mismo, el embargo de las cuentas bancarias y los dividendos de las sociedades Concesionaria Ruta del Sol S. A. S., Constructora Norberto Odebrecht S. A., Odebrecht Latinvest Colombia S. A. S., Estudios y Proyectos del Sol S. A. S. (Episol), y CSS Constructores S. A., hasta por 191.000 millones de pesos.
La Procuraduría resaltó la celeridad de la actuación del Tribunal y aplaudió, entre otras cosas, que se hiciera énfasis en la necesidad de asegurar la estabilidad de los contratos laborales y que se garantizara la viabilidad financiera del proyecto con los ingresos provenientes de los peajes que actualmente recibe la concesionaria y otras fuentes del presupuesto.
Desde que se destapó el escándalo de Odebrecht, la firma Episol, filial de Corficolombiana, con el 33 por ciento del proyecto, ha reiterado que no tenía ningún conocimiento de los supuestos pagos de sobornos hechos por la brasileña.
“Rechazamos enfáticamente cualquier actividad ilegal. Actos de corrupción como los que están siendo investigados por las autoridades deben ser sancionados con todo el peso de la ley, al igual que sus responsables”, ha señalado la compañía.
Máxima vigilancia a firmas de OdebrechtEn medio del escándalo de los sobornos de la brasileña Odebrecht, el Gobierno decidió aplicar el máximo grado de supervisión a las firmas que hacen parte de la multinacional en el país.
Para ello, la Superintendencia de Sociedades sometió a control de las firmas Constructora Norberto Odebrecht S. A. S., Odebrecht Latin Invest Colombia S. A. S., Navelena S. A. y a la sucursal de la Constructora Norberto Odebrecht S. A.
Previamente, el organismo de control había ordenado hacer investigaciones administrativas en cada una. La medida, sustentada en el Código de Comercio, busca darle a la Supersociedades la atribución para ordenar los correctivos necesarios a fin de subsanar una situación crítica de orden jurídico, contable, económico o administrativo de cualquier sociedad comercial no vigilada por otra superintendencia.
Por ello, las cuatro firmas no podrán enajenar bienes ni hacer capitalizaciones sin previa autorización de la entidad y obliga a los revisores fiscales de cada empresa a reportar de forma oportuna cualquier irregularidad que observen en estas.
Adicionalmente, la Supersociedades quedó con facultades de fiscalización, podrá remover los revisores fiscales y multar a los administradores, y además podrá convocar a una liquidación total de una sociedad si se encuentran los motivos para hacerlo.
Denuncia de Cecilia ÁlvarezLa exministra Cecilia Álvarez, quien tuvo este viernes una entrevista en la Procuraduría para explicar detalles del contrato de ampliación de la Ruta del Sol II, denunció ante la Corte Suprema de Justicia a nueve congresistas del Centro Democrático por falsa denuncia. Aseguró que hay una “mala intención del uribismo” al vincularla con supuestas irregularidades en el contrato de la vía Ocaña-Gamarra.
Chinos ven al MagdalenaA pocos días de vencerse el plazo para que el consorcio Navelena tenga el cierre financiero del proyecto de navegabilidad del río Magdalena, el presidente (e) de Corgmadalena, Luis Fernando Andrade, dijo que la firma Power China, a través de la constructora China Sinohydro, está interesada en asumir el contrato.
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