Las razones de la Corte para tumbar la reparación en caso Cerro Matoso

Las razones de la Corte para tumbar la reparación en caso Cerro Matoso

Dos magistrados se apartaron de la decisión que tumbó indemnización a afectados por la mina.

CERRO MATOSO

Cerro Matoso tiene desde hace más de 30 años la explotación de una mina de níquel en Córdoba.

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EL TIEMPO

21 de septiembre 2018 , 03:56 p.m.

La Corte Constitucional hizo públicas las razones por las que decidió anular la orden que le había dado a Cerro Matoso en diciembre del año pasado de indemnizar a unas 3.000 personas afectadas por la operación de su mina de ferroníquel en Córdoba. 

La decisión de diciembre del año pasado había sido tomada por una sala de revisión de la Corte -compuesta por los magistrados Alberto Rojas, Diana Fajardo y Cristina Pardo- pero este jueves se cayó cuando la Sala Plena estudió una solicitud de nulidad que presentó la minera contra ese fallo. 

Estas son las claves de la reciente decisión de Cerro Matoso, las razones por las que se cayó la indemnización, y por las que dos magistrados estuvieron en contra de la mayoría. 

Se cae orden de reparación económica
Cerro Matoso

Las poblaciones indígenas aledañas a Cerro Matoso han protagonizado en el pasado protestas por la operación de la mina. 

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Archivo particular

Hace nueve meses la Corte había condenado en abstracto a Cerro Matoso para que pagara los perjuicios causados a las ocho comunidades étnicas que se vieron afectadas por la operación de la mina, principalmente en su salud. 

Los abogados de las personas afectadas afirmaron que esa condena podría ser de unos 300 millones de dólares. 

Según la nueva decisión de los magistrados, el anterior fallo había vulnerado el debido proceso porque desconoció un precedente constitucional que habla sobre en qué condiciones se pueden ordenar las indemnizaciones por los daños emergentes. 

Según ese precedente, el artículo 86 de la Constitución establece que el fin esencial de la tutela es proteger derechos fundamentales, y no ordenar indemnizaciones. La decisión dice que las indemnizaciones deben ser subsidiarias y excepcionales. 

También se cayó la orden de crear el Fondo de Etnoreparación, que era el que debía administrar los recursos para la indemnización. 

Casos en los que sí se puede ordenar la indemnización

La Corte asegura que la indemnización, vía tutela, sólo es procedente en casos muy específicos. 

Lo primero es que la tutela no tiene un carácter o finalidad patrimonial o indemnizatoria, sino que busca proteger derechos fundamentales. La segunda, es que debe cumplir con el requisito de subsidiariedad, lo que implica que no existe otro medio judicial para alcanzar dicha indemnización. 

El tercer requisito es que debe existir una violación o amenaza evidente, y además, la indemnización debe ser una medida necesaria para asegurar el goce efectivo de los derechos. 

En estos casos, también se debe asegurar el derecho a la defensa de la entidad a la que se le esté pidiendo la reparación, y además "el juez de tutela debe precisar el daño o perjuicio, el hecho generador del mismo, la razón por la cual la indemnización es necesaria para garantizar el goce efectivo del derecho, el nexo causal entre el accionado y el daño causado, así como los criterios para que se efectúe la liquidación por el juez competente", dice la Corte. 

Se cae posibilidad de suspender a la mina si incumple

La Corte tumbó otra orden que había dado en el fallo anterior en la que se establecía que si Cerro Matoso incumplía con los requisitos que había establecido ese alto tribunal, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca podría ordenar la suspensión de las actividades extractivas de ferroníquel. Según el nuevo fallo, la anterior decisión no había argumentado suficientemente las razones para imponer consecuencias por el incumplimiento. 

Se mantiene la orden de proteger salud de las comunidades

La Corte mantuvo la orden que le dio en diciembre pasado a Cerro Matoso para que brinde atención integral y permanente a las comunidades afectadas.

Así, Cerro Matoso debe atender a las ocho comunidades que sufrieron enfermedades como cáncer de pulmón, atelectasia plana, silicosis, linfangitis carcinomatosa, neumoconiosis reumatoide, nódulos calcificados en el pulmón, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, dermatitis, bandas parenquimatosas, síndrome de Caplan, sarcoma pulmonar, fibromas, niveles elevados de níquel en sangre u orina, engrosamiento de la cisura pulmonar, mesotelioma, lesiones pruriginosas, pitiriasis u otras afecciones de salud que tengan relación con las operaciones extractivas de la empresa.

Además, el Ministerio de Salud tendrá que hacer una brigada para que dentro de seis meses se haga una valoración de las personas enfermas. 

El fallo de diciembre pasado asegura que "una revisión detallada de los diversos hallazgos descritos permite corroborar las denuncias de los accionantes, respecto a las múltiples afecciones que padecen quienes habitan en cercanías del complejo minero. Contrario a lo sostenido por la empresa Cerro Matoso S.A., existe una delicada situación de salud pública en la zona, la cual se caracteriza por graves enfermedades cutáneas, pulmonares y oculares, entre otras”.

La decisión se mantiene también en los puntos en los que se estableció de qué forma esta minera ha venido afectando a la población. 

La Corte dijo en el fallo de diciembre que con la operación, que tiene como epicentro el resguardo zenú del alto San Jorge, y la construcción de unos hornos de 185 metros de longitud y seis de diámetro (de los más grandes del mundo), “los habitantes de los municipios cercanos a la mina empezaron a percatarse de un cambio drástico del entorno y sintieron los impactos negativos en su territorio, el medioambiente, sus fuentes hídricas y su salud”, se lee en la decisión. 

Cerro Matoso debe renovar su licencia 

Cerro Matoso también tendrá que renovar su licencia en cuatro meses y cumplir con todos los requisitos medio-ambientales para poder seguir operando la mina de ferroníquel que tiene en Córdoba hace 36 años, la cuarta más grande de su tipo en el mundo.

Para la Corte es claro que Cerro Matoso debe actualizar su licencia ambiental. En el 2012, cuando se renovó el contrato –lo que le permite seguir en cabeza de la mina hasta el año 2044–, siguió operando con la misma licencia ambiental que tiene desde hace 30 años y que ignora los cambios en la materia que trajeron la Constitución de 1991 y las normas posteriores.

La nueva licencia que Cerro Matoso debe tramitar, debe hacer un proceso de consulta previa, incluir instrumentos para corregir sus impactos ambientales, y garantizar la salud de las poblaciones afectadas. 

Dos magistrados no estuvieron de acuerdo

La magistrada Diana Fajardo Rivera y el magistrado Alberto Rojas Ríos salvaron parcialmente su voto para mostrar desacuerdos con la decisión mayoritaria. 

El primer asunto en el que no están de acuerdo es clave. Según los magistrados, las solicitudes de nulidad sobre los fallos de la misma Corte Constitucional no pueden convertirse en una instancia más, pues las solicitudes de nulidad no deberían permitirle a la Sala Plena volver a estudiar asuntos de fondo de las tutelas que ya habían sido evaluados. 

"La naturaleza del incidente de nulidad impide a la Sala Plena reabrir el debate para abordar asuntos de fondo que fueron resueltos en la sentencia objeto de la solicitud de nulidad. De otro modo, se desconoce el carácter excepcional del incidente para convertirlo en una instancia adicional para controvertir las decisiones que no se
comparten", aseguran los magistrados.


A los magistrados les preocupa que al revisar solicitudes de nulidad, la Sala Plena en ciertos casos está desconociendo la facultad que tiene cada sala de revisión de la Corte de interpretar la ley, "siempre desde un punto de vista favorable a personas y grupos vulnerables". 

Los magistrados dicen que sí se podía ordenar la indemnización a Cerro Matoso. Aseguran que si bien un fallo del 2013 de la Corte negó una reparación para una comunidad desplazada, en esa decisión se hizo de ese modo porque las víctimas tenían otro mecanismo para pedir la indemnización en el marco de la ley de víctimas. 

Los magistrados también afirmaron que estaban suficientemente justificadas las razones para ordenar crear un fondo de etnodesarrollo y ordenarle al Tribunal Administrativo suspender la operación de la mina, si Cerro Matoso incumplía todas las órdenes. 

Finalmente, aseguraron que "no es aceptable anular órdenes válidamente dictadas por las Salas de Revisión, a partir de causales que no fueron invocadas por el solicitante o que nunca se configuraron, como ocurrió con la orden de seguimiento
dictada al juez de primera instancia y, muy especialmente, con la decisión de reparación colectiva". 

A su juicio, la seguridad jurídica en los fallos de la Corte "se ven afectadas cuando se anulan sentencias que no son arbitrarias ni contrarias a derecho, así sean debatibles. En especial, cuando protegen los derechos de los más débiles
como lo hacía la tutela de diciembre pasado sobre Cerro Matoso". 

JUSTICIA
@JusticiaET​

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