Menos de un mes después de que la Corte Constitucional hundiera el Tribunal de Aforados y el Consejo de Gobierno Judicial –ejes fundamentales de la reforma al equilibrio de poderes que aprobó el Congreso el año pasado y a la que la cúpula de la justicia se opuso en pleno–, las cabezas de la Rama Judicial se reunieron para proponer una nueva reforma a la justicia.
“La Rama, como garante de la convivencia social, reitera la urgencia de revisar los problemas de estructura y operación de la función judicial”, dice una de las principales conclusiones de la primera Cumbre Nacional de la Rama Judicial, que se desarrolló el lunes en el Tribunal Superior de Bogotá.
Tras el encuentro, los presidentes de las cortes Suprema, Constitucional, Consejo de Estado, Judicatura y de los tribunales afirmaron que “es imprescindible emprender una reforma a la justicia orientada a brindar una mejor prestación del servicio con criterio abiertamente incluyente”.
Esa reforma, según la propuesta de la cumbre, debe contemplar el incremento de la capacidad y presupuesto de la rama “para responder a la demanda en todo el territorio nacional”.
También se planteó la necesidad de mantener y fortalecer la independencia administrativa de los recursos, consolidar procesos de rendición de cuentas al ciudadano, reforzar la unidad de aplicación del ordenamiento jurídico, mejorar los procesos de comunicación, y consolidar la capacitación de magistrados, jueces y empleados.
Para poder tener propuestas concretas, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Margarita Cabello, afirmó que se está realizando un diagnóstico sobre las condiciones de infraestructura, dotación, talento humano de cada uno de los juzgados y tribunales del país.
Cabello también señaló que esta nueva reforma debe “ser elaborada por nosotros y no por ninguna otra persona, porque somos los que conocemos la rama”. La cumbre también acogió la propuesta del presidente del Consejo de Estado, Danilo Rojas, para crear una ‘Misión Justicia’ que permita tener estudios previos y opiniones de expertos para “entregar propuestas al país que solucionen de fondo los problemas del sistema judicial”.
La reforma de equilibrio de poderes eliminaba a la cuestionada Sala Administrativa de la Judicatura y a la Comisión de Acusación. Creaba un Tribunal de Aforados con dientes para investigar y juzgar al fiscal general y a los altos magistrados: su hundimiento en la Corte Constitucional implica que se mantiene el actual régimen, en el que esos funcionarios son prácticamente intocables para la propia justicia.
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