De líder de camioneros a cerebro en fraude de chatarrización

El Ministerio de Transporte, según la Fiscalía, en “el corazón de la mafia de la chatarrización”.

De esta mafia habrían hecho parte 13 personas detenidas este martes, entre quienes está el presidente de la Asociación de Camioneros de Colombia (ACC), Pedro Aguilar Rodríguez, quien lideró un paro de 46 días el año pasado.

Aguilar, de acuerdo con la investigación, se habría quedado con una importante tajada de los cobros ilegales al Estado por la supuesta chatarrización de 12.500 vehículos.

Según el director de seguridad ciudadana de la Fiscalía, Luis González León, funcionarios del Ministerio fueron clave para que un grupo de particulares, policías y funcionarios se apropiaran ilegalmente de recursos del Estado por cerca de 600.000 millones de pesos.

La investigación de la Fiscalía indica que Harry José López, era una de las fichas del engranaje que permitió la millonaria defraudación durante más de cuatro años.

López, quien trabajaba en el Ministerio del Transporte desde 1991, habría recibido giros de entre uno y cinco millones de pesos para alterar y manipular el sistema a través del cual los particulares hacen el trámite de la chatarrización ante el Ministerio de Transporte. En el fraude, según la Fiscalía, también están implicados seis exsecretarios de Tránsito de Guacarí (Valle) y Belén de los Andaquíes (Caquetá).

Además de indicar que Aguilar es el cerebro del fraude, la Fiscalía señala como parte del tramposo entramado a su esposa, Jenny Johana Castillo, quien está fuera del país prófuga de la justicia. Es buscada para que responda por recibir millones de pesos por vehículos que no fueron chatarrizados o que solo existían en el papel. Dentro de la misma investigación, en noviembre del 2014 había sido capturado Luis Eduardo Aguilar Rodríguez, hermano del presidente de la ACC, por el cobro ilegal de 3.640 millones de pesos producto de la chatarrización ilegal de 52 camiones.

Otros dos de los detenidos este martes por las irregularidades en la desintegración de vehículos resultaron ser empleados de Aguilar y uno más era el que le hacía los trámites ante las autoridades de tránsito de Cali.

En el expediente está el testimonio de Andrés Villegas Ramírez, exvicepresidente de la seccional del Valle de la ACC, capturado el año pasado por los mismos hechos, quien sostuvo que Aguilar extraía los datos de los vehículos y luego conseguía “otras tarjetas de propiedad” y realizaba “transformaciones a las carpetas de tránsito”. Villegas dijo que Aguilar incluía “cartas de afiliaciones de empresas y tarjetas de operación para darles apariencia de legalidad”.

El testigo añadió que en las secretarías de Tránsito “se realizaban modificaciones a la documentación para convertir cualquier camión en tractomula y chatarrizarlo”.

En la redada de este martes, realizada en al menos seis ciudades del país, también fueron detenidos cinco policías del grupo de automotores de la institución asignados a la Dijín y la Sijín de Cali.

Los uniformados, un subintendente, tres intendentes y un patrullero, son señalados de recibir pagos mensuales por información sobre los avances de las investigaciones contra Aguilar y su núcleo más cercano. Estarían comprometidos con la certificación a vehículos que no cumplían con los requisitos de chatarrización.

Durante la investigación, la Fiscalía estableció que también se registraron irregularidades en el trámite de cupos para el servicio especial de transporte.

Por este capítulo judicial fue capturado Luis Fernando Delgado Cardona, funcionario del Ministerio de Transporte en Antioquia, quien, según los investigadores, exigía dinero a los propietarios de los vehículos para renovarles los cupos, a pesar de que no reunían los requisitos.

La Fiscalía detectó que trabajadores del Mintransporte pedían dinero para mantener las licencias de funcionamiento de los Centros de Diagnóstico Automotor (CDA) y para agilizar estos trámites.

La Fiscalía les imputará cargos a siete personas capturadas por la afectación de la movilidad y los desórdenes que se registraron durante el pasado paro camionero en los departamentos de Boyacá, Nariño y Cundinamarca.

Entre los capturados por esos hechos está Héctor Alfonso Medrano, representante de la ACC en Boyacá; Jorge Andrés Charfuelán Moreno, de la Asociación de Transportes de Carga ATC de Nariño, y otros cinco líderes más de la ACC y la ATC.

Al señalar que la llamada Cruzada Nacional Camionera no está liderando las nuevas protestas del transporte de carga programadas para el 20 de febrero, el presidente de la Asociación de Transportadores de Colombia (ATC), Orlando Ramírez, dijo que el Gobierno no puede relacionar la protesta social con las detenciones a líderes camioneros.

Según el directivo, el sector respeta las investigaciones, pero reprocha que se bloquee el derecho a disentir, pues si ya se hubiera cumplido en su totalidad con el acuerdo de julio del año pasado, dichas movilizaciones no se estarían gestando.

Ramírez indicó que del total de los acuerdos del año pasado, cuando se levantó el paro camionero más largo de la historia, el Gobierno ha cumplido un 53,9 por ciento de estos, un 11 por ciento está en proceso y un 33 por ciento está ‘quieto’, y pidió transparencia al ministro de Transporte, Jorge Eduardo Rojas, quien, según ellos, ha dicho que el avance es del 85 por ciento.

Tembién agregó que Pedro Aguilar tenía conocimiento de las investigaciones que había en su contra, pero que con el resto de personas se busca amilanar al sector.

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