Desde su llegada a la Procuraduría en enero del 2009, Martha Isabel Castañeda Curvelo, la segunda al mando del Ministerio Público y quien asumió la defensa de las posturas más recias de su jefe Alejandro Ordóñez, ha sido conocida como una de las tres damas de hierro de la entidad.
Ahora esta abogada, especialista en Derecho Procesal y en Derecho Administrativo y doctora en Ciencias Políticas y Sociales será quien asuma por 30 días el cargo que deja Ordóñez luego de la decisión del Consejo de Estado de anular su reelección. En el lapso de ese mes, el Senado deberá elegir a un Procurador encargado hasta el próximo enero cuando empieza el nuevo periodo del jefe del Ministerio Público. (Lea también: Habla el autor de la demanda que sacó al Procurador de su cargo)
Castañeda de 60 años nacida en Santa Marta estuvo vinculada por más de 30 años a la Rama Judicial. Justo antes de pasar a la Procuraduría estaba ejerciendo el cargo de magistrada del Tribunal Contencioso Administrativo del Magdalena.
En la Procuraduría ha estado detrás de las polémicas peleas de su jefe en los últimos siete años y medio: pidió tumbar los fallos con los que la Corte Constitucional despenalizó el aborto en tres casos, el que mantuvo la dosis mínima de droga, el que dio estatus de familia a las uniones homosexuales y el que acabó con las megapensiones de los cargos más altos del legislativo y del judicial.
Junto con Ilva Myriam Hoyos, delegada para la Defensa de la Infancia, la Familia y la Mujer, y María Eugenia Carreño, procuradora delegada para asuntos electorales son las mujeres más cercanas al Procurador Ordóñez, incluso Carreño estuvo con él desde sus tiempos como magistrado en el Consejo de Estado. (Además: Procurador señaló al Gobierno y a las Farc de 'presionar' su salida)
En el Ministerio Público, la viceprocuradora ha estado al frente de investigaciones claves, como el desfalco a la salud.
En algunos actos públicos apareció corrigiendo a su jefe. Por ejemplo, rectificó a Ordóñez al aceptar la recusación contra la contralora Sandra Morelli, que le puso freno el proceso fiscal contra 13 magistrados y exmagistrados de la Judicatura salpicados por el escándalo del ‘carrusel’ de pensiones.
La Viceprocuradora aceptó los argumentos de uno de los auxiliares del polémico magistrado de la Judicatura Henry Villarraga, según el cual varias declaraciones de Morelli anticipaban una decisión en contra de los llamados a juicio fiscal. Tres meses antes, Ordóñez se había negado a apartar a la Contralora de esa investigación. Castañeda dice que la recusación que analizó fue distinta a la que resolvió el Procurador. (Lea: Ordóñez, el Procurador más polémico de las últimas décadas)
Sin embargo, recibió críticas. Tres de los magistrados investigados por la Contraloría firmaron –como miembros de esa Sala– el archivo de cinco investigaciones disciplinarias que estaban abiertos desde la época en la que ella era magistrada en el Tribunal Administrativo del Magdalena.
“Lo que se decidió allí fue mi conducta como magistrada, no como Viceprocuradora, y por situaciones de años anteriores incluso ya prescritas. Nadie puede decir tampoco que he estado visitando esos despachos”, dijo la abogada.
También le han criticado el hecho de que un antiguo magistrado de la Sala Disciplinaria, Rubén Darío Henao, haya logrado que varios procesos disciplinarios que llevaba la Personería de Cali contra sus clientes fueran trasladados a Bogotá, a pesar de que la Procuraduría provincial consideró que los investigados tenían plenas garantías en el Valle. Ella asegura que no conoce a Henao –quien también llevó casos en su contra siendo magistrado– y que sus decisiones han sido en derecho. (También: Las múltiples dilaciones en el proceso Ordóñez)
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