En tres días, la Corte Suprema de Justicia se reunirá desde las ocho de la mañana para tratar de tomar una decisión sobre quién deberá ser el próximo Fiscal General, uno de los cargos más importantes en el país, que maneja a unos 24.000 funcionarios y un presupuesto de $ 3,6 billones al año.
Los candidatos, ternados el martes pasado por el presidente Iván Duque, son todos actuales funcionarios de su gobierno. El jueves asistieron ante los 16 magistrados que hoy tiene la Sala Plena de la Corte para explicarles sus propuestas: primero lo hizo Francisco Barbosa, quien es el alto consejero para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales. Luego habló Camilo Gómez, director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, y finalmente, Clara María González, secretaria jurídica de Presidencia.
Ante la Corte, los ternados destaparon sus cartas, sus prioridades, y hablaron de sus perfiles con los cuales esperan convertirse en el noveno Fiscal General, en reemplazo de Néstor Humberto Martínez, quien renunció al cargo hace siete meses en medio de confrontaciones con la Jurisdicción Especial para la Paz.
Como Martínez, ninguno de los tres es penalista, área que, aunque es el tipo de derecho que maneja la Fiscalía, no hace parte de los requisitos que exige la Constitución para ser jefe del órgano acusador.
Barbosa, quien de los tres es considerado uno de los más cercanos a Duque –pues estudiaron Derecho juntos en la Universidad Sergio Arboleda, en donde iniciaron una amistad desde hace más de 20 años–, es especialista en relaciones internacionales, en regulación y gestión en telecomunicaciones, y nuevas tecnologías. También es magíster en Historia y doctor en Derecho Público.
Según le dijo Barbosa a la Corte, una de sus prioridades será fortalecer la investigación para evitar que el ente acusador siga perdiendo el 51 por ciento de los casos. Así, dijo, creará una unidad especializada de Policía Judicial que se vincule a las fiscalías locales.
Y Camilo Gómez –quien es abogado, en el pasado trabajó en varios cargos en el gobierno de Andrés Pastrana, fue en el 2014 candidato a la vicepresidencia de Marta Lucía Ramírez, y ha pasado por varios puestos del sector público y privado– dijo que se necesita una Fiscalía fuerte, y para ello señaló que se deben mejorar las direcciones seccionales.
También aseguró que la corrupción y el narcotráfico “son los dos karmas” que hay que derrotar. Así, dijo que en la lucha contra la corrupción organizará un grupo especial de fiscales y buscará afectar el dinero de los corruptos, pues, según Gómez, ellos le temen “más a perder su dinero que su libertad”.
Y Clara María González, cuyo perfil es el de abogada especialista en derecho administrativo y magíster en derecho público, afirmó que se enfocará en trabajar de la mano de la Procuraduría, Contraloría y otras entidades nacionales y de otros países para que las investigaciones de la Fiscalía estén fundadas en pruebas mucho más técnicas, y no solo en los testimonios.
Dijo que la Fiscalía debería “usar los principios de oportunidad en casos excepcionales y privilegiar los acuerdos”, algo que, señaló, se logra mejorando la investigación técnica y las capacidades tecnológicas. Además, aseguró que una de sus prioridades será implementar la carrera administrativa, pues aunque hay 23.000 empleos de carrera, de ese total 18.000 están en provisionalidad.
Los candidatos también hablaron de cómo sería su administración en las regiones. Francisco Barbosa dijo que quiere ser “un fiscal de los territorios y no del búnker”, afirmando que se debe recuperar el vínculo del Fiscal General con sus delegados. Y Camilo Gómez aseguró que el liderazgo de los empleados de la Fiscalía no se logra “sentado en el escritorio, sino que hay que ir a terreno”.
Frente a posibles reingenierías en el ente acusador, Barbosa afirmó que se debe buscar una mejor distribución de los fiscales actuales, pues, señaló, hay algunos que llevan 7 años en zonas donde “las tasas de corrupción son muy altas”.
También dijo que la Fiscalía está en 520 municipios, pero que se espera ampliar su presencia en más territorios, ya que es allí donde, por ejemplo, se está asesinando a líderes sociales y desmovilizados.
Camilo Gómez sostuvo que sí haría una redistribución de cargas, porque la Fiscalía “debería funcionar como una oficina de abogados”. Afirmó, no puede haber fiscales que se encarguen de funciones administrativas.
González, en cambio, no tiene ninguna propuesta para ampliar la planta de la Fiscalía o hacer redistribuciones de fiscales, pues dice que este organismo ya ha tenido reingenierías desde el 2014, y en el 2016 hubo un nuevo cambio con el acuerdo de paz.
“Me parecería inconveniente en este momento estudiar un tema que ya fue evaluado sobre el número de funcionarios y la carga laboral”.
Ante la Corte, los tres dijeron que buscarán en la Fiscalía un perfil alejado de personalismos.
Barbosa aseguró que el Fiscal “no es otra cosa que el gerente de la investigación en el país y el director de la Policía Judicial”, y prometió que en su Fiscalía, si es elegido, habrá “moderación, tranquilidad, pero firmeza en las decisiones”.
González manifestó que el Fiscal “no puede ser protagonista político del acontecer nacional”. Y Gómez dijo que aspira llegar a la Fiscalía, no para escalar a otros cargos, sino para terminar allí su carrera.
Frente a la posible creación de nuevos delitos penales, Gómez fue el único que se refirió al tema señalando que no hay que cambiar las leyes, sino aplicar bien las que ya existen. Un punto en el que sí coincidieron los tres es en que hay que mejorar la respuesta para los delitos que afectan la seguridad ciudadana y la violencia intrafamiliar, que vienen en aumento.
Y sobre el presupuesto que tiene la Fiscalía, Barbosa criticó que mientras el ente acusador tiene 3,6 billones, en bienes incautados en extinción de dominio hay 17 billones de pesos que “no están redundando en mejorar la investigación”.
La candidata González dijo que uno de los problemas presupuestales está relacionado con las condenas que recibe la Fiscalía, pues hoy hay demandas con pretensiones por 54 billones de pesos, lo que supera 14 veces el presupuesto del órgano acusador.
Por eso insistió en mejorar la investigación técnica para evitar los errores, las demandas y perder más dinero.
Camilo Gómez señaló que es posible fortalecer la Fiscalía con una “mejor administración, sin aumentar más el presupuesto y sin crear más cargos”.
La Corte Suprema les preguntó por dos temas que en su momento generaron polémica y críticas a Néstor Humberto Martínez: Odebrecht y la relación con la JEP.
Sobre la JEP, los tres prometieron tener una comunicación armónica y de colaboración. Y frente a Odebrecht, señalaron que hay huecos y vacíos en la investigación.
Barbosa dijo que destinará a dos fiscales ante la Corte para que puedan fortalecer esas investigaciones, pues señaló que algunas líneas de investigación de Odebrecht están “en una especie de parálisis”.
Clara María González afirmó que la ciudadanía “no ha tenido resultados en la investigación de Odebrecht”, por lo que en su administración buscaría resultados concretos, y Gómez aseguró que lo que se necesita es que quienes se comprometieron a dar información la den completa, no a medias.
Con todas estas posiciones en la cancha, el balón está ahora en manos de la Corte Suprema de Justicia, organismo que tendría que tomar una decisión unánime en su primera votación de este miércoles. El debate no será sencillo, pues si algo ha caracterizado a la Corte Suprema este año, es su dificultad para llegar a consensos.
Este miércoles, la Corte Suprema de Justicia tiene programada su última sala plena del año. Aunque ese día los magistrados se citaron para votar el nombre del próximo Fiscal General, en el alto tribunal –que no se ha puesto de acuerdo en los últimos meses para llenar sus 7 vacantes– siguen existiendo divisiones que podrían complicar la elección.
Hoy la Corte está en sus mínimos: de 23 magistrados, la Sala Plena cuenta solo con 16, justo el límite más bajo de votos que se requiere para poder elegir al nuevo Fiscal.
Mientras algunos magistrados confían en que el miércoles se lograría el consenso de 16 votos, otros creen que las divisiones que se han visto todo el año, ese día se podrían acentuar.
El martes, un día antes de las votaciones para Fiscal, los magistrados también tendrán una sala plena para intentar llenar algunas de sus vacantes: tienen tres en la Sala Penal, tres en la Laboral y una en la Civil.
Si no logran elegir magistrados ni Fiscal, no está claro si agendarán otra fecha para intentar volver a votar antes de que se inicie la vacancia judicial, el 20 de diciembre. Si las elecciones no se dan este año, hay un agravante: en febrero se va otro magistrado, lo que significa que la Sala Plena se quedaría sin quorum y habría que plantear cambios sobre su reglamento y el mínimo para tomar decisiones.
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