Las líneas que trazó la Corte para poner límites a las redes sociales

Las líneas que trazó la Corte para poner límites a las redes sociales

Para que un juez intervenga y ordene eliminar contenidos en línea, la afectación debe ser grave.

Errores hoja de vida

La Corte estudió cuatro tutelas de ciudadanos afectados por publicaciones en redes sociales. 

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iStock

Por: Milena Sarralde Duque
15 de septiembre 2019 , 11:39 a.m.

“¿A todos los que están en las redes sociales insultándose y tratándose soezmente, los jueces tendremos que decirles que se traten bien? Las obligaciones del juez van más allá de corregir el mal lenguaje de los ciudadanos”.

Esa fue la frase que pronunció hace cuatro días el magistrado José Fernando Reyes Cuartas, después de que la Corte tomó una decisión clave sobre los límites de la libertad de expresión en las redes como Twitter, Youtube y Facebook.

Reyes hizo este comentario para explicar qué fue lo que la Corte decidió tras estudiar cuatro tutelas en las que ciudadanos aseguraban que se habían afectado sus derechos por publicaciones que otros hicieron en redes. En sus tutelas, los afectados pedían que se les ordenara a los agresores eliminar sus contenidos.

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Al negar tres de esas tutelas y conceder una, la Corte hizo varias aclaraciones sobre cómo se debería manejar la tensión entre los derechos a la libertad de expresión de quienes publican todo tipo de mensajes en estos espacios virtuales, frente a los derechos a la honra, buen nombre y dignidad de quienes a veces se ven afectados por los insultos, calumnias y mentiras que circulan en internet.

Una de las conclusiones de la Corte es que en este tema no hay reglas universales y, por lo tanto, cuando haya tutelas los jueces tienen que estudiar caso por caso.
Sin embargo, la Corte sí dio varios lineamientos que se deberían tener en cuenta a la hora de evaluar si un mensaje en redes amerita la mediación de un juez.

Lo primero que se debe establecer es si se trata de un hecho grave. La Corte encontró que los señalamientos que una mujer le hizo a otra como “estafadora”, o el que una ciudadana hizo contra un administrador de un edificio en el que lo trata de “ladrón” no son casos que justifiquen la intervención de un juez de tutela. Esto porque para la Corte la libertad de expresión es la regla y solo puede romperse cuando se está ante una situación que realmente sea grave y afecte los derechos de una persona a vivir una vida digna.

Por eso, dijeron los magistrados, este tipo de problemas e insultos entre los usuarios de las redes sociales tienen que ser tolerados –como una carga por hacer parte de estos espacios en internet– y solucionados por la vía del diálogo, lo que hace que los ciudadanos tengan que optar por hablar con el agresor para que rectifique o elimine el contenido. “Esto es muy importante. La Corte se ha decantado porque no hay que judicializar todas las relaciones de malos tratos entre los ciudadanos, que tienen unas cargas que deben llevar cuando interactúan en redes sociales en las que, en principio, hay una simetría”, dijo Reyes.

“Esto es muy importante. La Corte se ha decantado porque no hay que judicializar todas las relaciones de malos tratos entre los ciudadanos

Otra opción, dice la Corte, es acudir a las herramientas que ya tienen las redes sociales para denunciar ciertos contenidos. En cualquier caso, la Corte reconoció que los administradores y dueños de las redes sociales tienen límites y habrá casos en los que ellos no podrán actuar y los procesos tendrán que ser llevados ante un juez.

Por eso, el alto tribunal aseguró que las redes sociales no son jueces y, por lo tanto, no es posible ordenarles regular los contenidos con criterios generales de lo que se puede y no se puede decir, ya que esto implicaría una censura.

La Corte también rechazó la tutela del dueño de una empresa de muebles que presentó este recurso para que se ordenara retirar un blog en el que se afirmaba que su negocios “estafaba a los clientes”.

En ese caso, la Corte dijo que el problema ya estaba resuelto, y por eso no hizo un pronunciamiento de fondo, pero también advirtió que las empresas tienen medios para controvertir lo que sus clientes dicen, por lo que las quejas de quienes no se encuentran contentos con un servicio no pueden terminar en los tribunales.

El caso en el que la Corte sí encontró méritos para limitar la libertad de expresión, actuar y ordenarle a un particular borrar contenidos publicados en YouTube y Facebook fue el de un extrabajador de Sayco que por siete años se vio afectado por las publicaciones que un músico hizo en su contra y en las que lo señalaba de “corrupto, mafioso y ladrón”.

En este caso, la Corte dijo que la afectación sí era grave porque los mensajes fueron repetitivos y sistemáticos durante los siete años, lo que vulneró sus derechos a vivir una vida digna. “Existe un derecho a vivir sin humillaciones y la reiteración de ese comportamiento exige que el juez constitucional haga algo”, señaló Reyes Cuartas.

Existe un derecho a vivir sin humillaciones y la reiteración de ese comportamiento exige que el juez constitucional haga algo

También precisó que por mucho que una información sea verdadera –como cuando en redes sociales se le imputa a alguien un delito por el que, en efecto, fue condenado–, nadie tiene el derecho de hacer miles de esas publicaciones sobre una misma persona si sus mensajes no tienen un valor informativo, y si solo se hacen para mortificar y denigrar a un tercero.

En conclusión, dijo el alto tribunal, no todos los insultos y publicaciones chocantes u odiosas pueden limitarse, por lo que para ordenar eliminar un contenido en la web se debe medir la magnitud del daño, quién lo publica, cuál es el mensaje, si es lo suficientemente denigrante, qué medio se usa, qué tanta difusión tuvo, por cuánto tiempo y si el afectado tuvo o no la posibilidad de defenderse.

Aunque la jurisprudencia sobre la libertad de expresión en las redes sociales sigue en construcción, la decisión de la Corte se suma a otros fallos en los que ha dejado claro que en Internet está prohibida la incitación al genocidio, al odio, la violencia, la apología a la guerra o la pornografía infantil, pero sí es permitido cuestionar a un funcionario público, quien debe soportar una carga mayor de crítica.  

Lo cierto es que estas decisiones muestran dos cosas: la primera, que no todo es válido en la era de los medios sociales, y los mensajes que aquí se publican no pueden dañar de forma grave a otros.

La segunda, que de todas maneras la libertad de expresión digital es amplia
y, por lo tanto, si bien no todos los casos necesitan la intervención de la justicia, los límites a todo lo que circula en estos espacios deberían venir de los mismos ciudadanos, quienes deberían autorregularse en lo que dicen y pensar dos veces antes de dar click en el botón "publicar". 

MILENA SARRALDE DUQUE
Subeditora de Justicia@MSarralde

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