Casi 10 meses después de que entró en vigencia un fallo de la Corte Constitucional que garantiza la segunda instancia para los procesos que se llevan contra los condenados por primera vez, la Corte Suprema de Justicia aseguró este jueves que presentará un proyecto de ley ante el Congreso para cumplir con esa orden.
El 26 de abril del año pasado comenzó a regir el fallo de la Corte Constitucional que indica que a todas las personas que sean condenadas por primera vez, incluyendo los aforados como congresistas, magistrados y altos funcionarios, se les debe garantizar una segunda instancia que revise sus procesos.
El fallo, que consiguió reconocimientos internacionales, se convirtió en letra muerta porque desde que entró en vigencia y hasta la fecha la Corte Suprema había sostenido públicamente que no podía modificar su reglamento para cumplir la sentencia, y que le correspondía al Congreso tramitar las reglas para operar esa segunda instancia.
El choque entre la cúpula de las dos cortes pareció terminar este jueves, cuando el presidente de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Fernández Carlier, anunció el proyecto de ley.
“La Corte está interesada en que se le dé cumplimiento a los fallos de la Corte Constitucional que permitieron la doble instancia para la investigación y juzgamiento de los aforados constitucionales”, dijo el magistrado.
De hecho, Fernández afirmó que por esa razón el alto tribunal “intentó apoyar en proyectos de ley anteriores que se llevaron al Congreso” y que en esta ocasión “la Sala de Casación se comprometerá a presentar un borrador para que el Congreso tome esta como una oportunidad de dar la garantía que les corresponde y a la que tienen derecho los aforados”.
Por ahora, la Corte ha contemplado varias opciones. Una de ellas sería que el Tribunal Superior de Bogotá garantice la primera instancia, el de Cundinamarca sea la segunda, y si llega a proferirse allí una primera condena, ese caso pase a revisión de la Corte en casación.
Los casos más problemáticos serían en los que la Corte profiera por primera vez las condenas, como sucede con los aforados que son encontrados culpables. En esa situación, no se descarta que para impugnar las sentencias se busque dividir a la Sala Penal para que una parte revise las condenas que sean impugnadas.
Ya una vez la Corte Suprema dividió a su Sala Penal, cuando en el 2008 la Corte Constitucional le ordenó separar la investigación del juzgamiento.
En este caso tendrá que ser el Congreso el que decida cómo aplicarían las reglas de juego, pues algunos investigados han manifestado su preocupación porque sea el mismo alto tribunal el que tome decisiones en primera y segunda instancia.
Fallo aún no se cumpleLa sentencia sobre la doble instancia es del 2014 y le dio al Congreso dos años para reglamentar el tema. Como el Legislativo no lo hizo, la Corte Constitucional ordenó que la Corte Suprema cumpliera su fallo a partir de abril del año pasado. Aunque la Sala Penal de la Suprema fue la llamada a dar esa garantía, en la época ese alto tribunal afirmó que el fallo era un “despropósito”, pues la misma Corte no podía modificar su reglamento, ya que esa corporación no tiene hoy un superior jerárquico.
Al alto tribunal ya han llegado más de 30 recursos de revisión de condenas, que han sido negados, en su mayoría, porque eran anteriores a la fecha en la que entró en vigencia el fallo de la Constitucional, pero también porque la Corte insistía en la reglamentación vía Congreso.
Déficit de investigadoresLa Corte le solicitará al Ministerio de Hacienda mayor presupuesto para contratar investigadores para los procesos. El alto tribunal dijo que en la Sala Penal se adelantan 10.000 casos con 40 investigadores que son de la Fiscalía, y ellos logran evacuar solo el 30 por ciento de todo el trabajo, por lo que buscan aumentar la planta a 150 investigadores.
“Los procesos contra senadores y aforados podrían estar en riesgo, pues podían prescribir o ser archivados por falta de pruebas”, dijo la Corte.
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