“En ningún caso la sujeción a la justicia, de acuerdo con el procedimiento establecido en la presente ley, impedirá la extradición de miembros de los grupos armados organizados”. Ese artículo, incluido por expresa insistencia de la Fiscalía General, es uno de los ajustes claves del proyecto que presentará este miércoles al Congreso el Gobierno y que busca facilitar el ‘acogimiento a la justicia’ (esa es la figura propuesta por sus abogados) de los capos del ‘clan Úsuga’, empezando por alias Otoniel, su máximo jefe.
Lo que esto significa es que el sometimiento de esos grandes capos no obliga al Estado colombiano a no enviarlos ante justicias de otros países, como la de Estados Unidos, que los pide por narcotráfico. Sin embargo, y como siempre, la aplicación de la extradición, si es avalada por la Corte Suprema, queda a decisión del Gobierno.
Como lo había revelado este diario, las obligaciones de los miembros de bandas y, en general, de organizaciones criminales que pretendan someterse a la justicia podrían dar lugar a rebajas generales de hasta un 40 por ciento de la pena y la posibilidad de conservar hasta un 5 por ciento de los bienes ilegales por entregarlos en extinción de dominio (figura que existe y que tiene un tope máximo de 2.500 salarios mínimos mensuales vigentes).
También, la aplicación, por primera vez, de la polémica herramienta del principio de oportunidad (la justicia accede a no procesar a los responsables de algunos delitos a cambio de colaboración real y efectiva) para “miembros de grupos delictivos organizados y grupos armados organizados”; esto es, los miembros de bandas criminales.
Según fuentes consultadas, ese beneficio se aplicaría para las bases, siempre y cuando no sean responsables de delitos graves, de tal manera que la sola pertenencia al grupo implique ir a una cárcel. Y en todo caso, los responsables de delitos graves como el narcotráfico y los homicidios, y las cabezas de la banda, tendrán que pasar varios años en prisión. En el caso de los grandes capos, las penas difícilmente podrían quedar por debajo de los diez años.
A diferencia de la propuesta inicial del Gobierno, en la que llega al Congreso, y que debe ser el banderazo para el inicio de la entrega de la banda de ‘los Úsuga’, la Fiscalía no cumplirá ningún papel negociador con esas organizaciones.
Los eventuales acercamientos los conducirá, entonces, un delegado del Ejecutivo y en todo caso queda claro que no dan lugar a ningún beneficio político, pues se trata de organizaciones de la delincuencia común.
Para lograr cupo en esa negociación, las bandas deben entregar un documento escrito manifestando “su voluntad de sujetarse colectivamente a la justicia” y entregar “información precisa que permita identificar la estructura del grupo armado organizado, su área de influencia y expansión territorial, su modo de operación y el número total de sus integrantes”.
También, relación de los delitos que serán reconocidos colectiva o individualmente, “en especial lo relacionado con actos de corrupción y la vinculación de servidores públicos en ellos; tráfico de estupefacientes, lo que incluye rutas de narcotráfico, lavado de activos y ubicación de plantaciones; participación de menores en las actividades del grupo armado organizado; minería criminal y tráfico de armas”.
El Gobierno exigirá que entreguen información sobre las víctimas de sus delitos y la entrega de toda la información de los “bienes que han sido obtenidos producto de la comisión de conductas punibles y que serán entregados en el marco de la sujeción a la justicia”, así como de otras fuentes de financiamiento. Hay exigencia expresa de develar “información de los testaferros del grupo y sus miembros”.
También, como lo señalaba el proyecto inicial, deberán identificar y entregar a los menores de edad que forman parte de la organización criminal, para que entren a los programas de protección y acompañamiento del Estado.
El proyecto establece expresamente que quien mienta perderá todo beneficio. También, quien vuelva a delinquir en los siguientes cinco años a la imposición del fallo con beneficios.
El modelo está pensado para realizar audiencias colectivas contra al menos 50 personas por sesión y para terminar los procesos en poco más de un mes. Las víctimas tendrán el derecho de participar en los procesos y presentar las oposiciones a beneficios y propuestas contempladas en la ley.
Como ya se había señalado, los que vayan presos podrán optar a programas de educación y formación de proyectos productivos que podrían financiarse con una parte de las fortunas que entreguen las bandas.
El proyecto irá por fast track, pues es complementario a las normas de paz. Así, la versión que irá al Congreso agrava las penas para los miembros de las bandas que atenten contra la implementación de los acuerdos de La Habana.
También les pone dique a polémicas decisiones de jueces de garantías de las regiones afectadas por el poder de esos grupos criminales al dejar cualquier decisión sobre libertades en la jurisdicción de las ciudades donde se realicen las imputaciones de cargos.
El ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, radicó este martes ante el Congreso el proyecto de ley de pequeños cultivadores de coca, que al ser resultado de los acuerdos en La Habana, se tramitará vía fast track.
“Se renuncia a la acción penal y a la extinción de la acción penal diferenciada, beneficiando a unas 100 mil familias”, dijo Gil.
El campesino se deja de ver como un delincuente, pero si reincide perderá los beneficios, a los cuales accederá al “acogerse voluntariamente al programa de sustitución”, agregó.
El tema del área de los cultivos ilícitos de supervivencia campesina será clave en el debate.
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