El director del Inpec, el general Jorge Luis Ramírez, acabo de recibir una notificación de la Procuraduría en la que el ente de control señala que es a esa entidad y no al Ministerio Público a la que le corresponde decidir si prorrogan los contratos de telefonía y bloqueo de señal en las 136 cárceles del país que, como reveló EL TIEMPO expiran el 30 de septiembre.
EL TIEMPO estableció que el jueves en la noche hubo una reunión en el Inpec, donde se definió que se prorrogarán los actuales contratos y que de manera paralela se abrirá una licitación.
La decisión del Inpec la precipitó la carta de la Procuraduría que le advierte que solo realiza acompañamientos de tipo preventivo en los procesos de contratación pero que quien tiene la potestad para tomar la decisión es el Instituto responsable de administrar las cárceles del país.
Y si bien la empresa Emtel, de Popayán, está interesada en quedarse con el contrato que supera los 20 mil millones de pesos al año, no se ha firmado ningún documento.
Al respecto, la Procuraduría aclaró que el Inpec puede realizar una contratación directa, siempre y cuando respete los parámetros legales, que exigen estudios de mercadeo, evaluación de precios y confrontación de propuestas de diferentes proponentes.
Se espera que este viernes el Inpec defina el tiempo de la prórroga de los actuales contratos y la fecha de apertura de la licitación.
Este diarios estableció que algunas de las empresas que tienen los contratos dicen que si bien están interesados en la prórroga, tiene que ser de al menos un año y no seis meses como se ha hablado y también desmintieron que estuvieran cobrando 1.200 pesos por minuto de llamada.
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