El 17 de julio del 2016, la Corte Constitucional enterró el tribunal de aforados, que había nacido solo un año antes con la reforma del equilibrio de poderes. Esa era una de las partes más importantes de la transformación que se pensó para la justicia en el 2015, porque acababa con el régimen de impunidad virtual establecido por la Comisión de Acusación de la Cámara.
Al final, el polémico fallo no solo revivió ese órgano sino que lo blindó para cualquier reforma futura porque, según la sentencia, los congresistas encargados de investigar y acusar a los magistrados y al Fiscal General deberían no solo tener en cuenta las pruebas del caso, sino “valoraciones asociadas a la estabilidad de las instituciones, a la protección del régimen constitucional o, en suma, al bien común”.
Tras el escándalo que ahora golpea a la Corte Suprema, en varios sectores políticos está tomando fuerza la propuesta de convocar una constituyente focalizada en el tema de la justicia. Esa vía, que en su momento propusieron también las Farc, tiene reparos de fondo, como que nadie garantiza que del tema judicial se salte a cualquier otro, la reelección presidencial incluida.
Considera que la corrupción en la Corte Suprema de Justicia es:
De hecho, la misma Corte le salió al paso a esa idea: “Para estudiar la posibilidad de una constituyente hay que pensar primero para qué. El problema de la corrupción del país no es un problema de la Rama Judicial, es de la sociedad colombiana y de las personas”, indicó el presidente del alto tribunal, Rigoberto Echeverri.
Analistas coinciden con la inconveniencia de acudir a soluciones maximalistas como la constituyente. En cambio, plantean insistir en muchos de los contenidos de la reforma del 2015, que terminó siendo el sexto intento fallido por meterle mano a la justicia en una década.
Tenemos una crisis ética que no solo abarca lo judicial, sino todos los ámbitos de lo público y lo privado
Los expertos dicen que hay que volver a revisar las funciones electorales de los magistrados de las altas cortes.
“Es claro que a la Corte Suprema le ha hecho muy mal participar en el nombramiento de altos cargos: procurador, fiscal o los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, porque está comprobado que buena parte del clientelismo sucede precisamente por esa función electoral”, señala César Rodríguez, director de Dejusticia.
Por su parte, el exmagistrado de la Corte Constitucional Eduardo Cifuentes insiste en que podría pensarse en una reforma constitucional para diseñar un mecanismo similar al propuesto en el equilibrio de poderes. No obstante, hace énfasis en que hay que buscar un cambio cultural a fondo. “Hay que propender a un cambio de valores; tenemos una crisis ética que no solo abarca lo judicial, sino todos los ámbitos de lo público y lo privado”, dice.
El sistema de elección en la Corte, por cooptación (la misma Corte vota por candidatos seleccionados por la Judicatura, muchos de los cuales llegan apadrinados a esa instancia), da lugar a la designación de personajes cuestionados. Un exmagistrado de la Corte Suprema admite que en el tribunal esas elecciones obedecen, en muchos casos, a “amiguismos”, pues los magistrados que salen pretenden mantener su influencia, bien promocionando a sus antiguos auxiliares, o bien promoviendo las aspiraciones de otras fichas.
JUSTICIA
justicia@eltiempo.com
Comentar