Sin duda, la Procuraduría es una de las instituciones con más poder en el país, pues tiene la misión de vigilar y disciplinar las acciones de los servidores públicos, además de representar a los ciudadanos ante el Estado.
Muchas veces se ha cuestionado la potestad de ese órgano de control para destituir funcionarios públicos que han llegado a sus cargos por elección popular, como es el caso de congresistas, gobernadores, alcaldes, concejales y diputados; sin embargo, la misma Constitución así lo estableció en su artículo 277 donde dice que la función de la Procuraduría es “ejercer vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñen funciones públicas, inclusive las de elección popular”.
En el 2015, la Procuraduría recibió 107.979 quejas, tramitó 89.861 de ellas y sancionó a 1.171 funcionarios. En los últimos ocho años, la entidad que estuvo a cargo de Alejandro Ordóñez elegido en el 2008 y reelegido en el 2012 emitió 12.000 fallos sancionatorios, entre los que fueron disciplinados 16 congresistas, 94 gobernadores y 1.627 alcaldes.
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En la lista de servidores sancionados disciplinariamente por la entidad se encuentran la senadora Piedad Córdoba, el exalcalde de Medellín, Alonso Salazar; el exalcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, y cuando aún estaban en ejercicio de su cargo los exalcaldes de Bogotá Samuel Moreno y Gustavo Petro. También la exgobernadora del Huila, Cielo González; el exgobernador del Valle, Héctor Fabio Useche, y quien lo antecedió, Juan Carlos Abadía.
Así mismo, pesan sanciones del Ministerio Público sobre el exsecretario general de la Casa de Nariño, Bernardo Moreno, por el escándalo del DAS; Sabas Pretelt de la Vega por la ‘Yidispolítica’, y Andrés Felipe Arias por el escándalo de Agro Ingreso Seguro. Sin embargo, algunas de esas sanciones –como las relacionadas con Córdoba y Salazar– fueron revocadas por el Consejo de Estado.
En la reciente reforma a la justicia, de la que se salvaron solo algunos puntos –porque la mayoría fueron enterrados por la Corte Constitucional– quedó prohibida la relección para el cargo de Procurador General que tiene un periodo de cuatro años.
VALENTINA OBANDO JARAMILLO
JUSTICIA
