La Procuraduría General de la Nación, en decisión de primera instancia, destituyó e inhabilitó por 12 años al subintendente Juan Carlos Leal Barrero y a los patrulleros Fredy Esneider Navarrete Rodríguez y Nelson Daniel Rodríguez Castillo, policías adscritos a la Estación de Policía de Suba, por las irregularidades ocurridas en la escena del homicidio del grafitero, Diego Felipe Becerra, el 19 de agosto de 2011.
La Procuraduría formuló pliego de cargos en su contra, en marzo del 2014, por haber obstaculizado de forma grave la investigación que se estaba adelantando por el homicidio del menor al haber alterado la escena de los hechos. (Además: Ordenan libertad para el patrullero Alarcón por caso del grafitero).
El Ministerio Público pudo comprobar que el superintendente Leal Barrero y los patrulleros Navarrete y Rodríguez “sí cometieron falta disciplinaria al alterar la escena del crimen del joven grafitero; propiciar una demora injustificada en la entrega de la escena al CTI de la Fiscalía General de la Nación, y acordar un pacto de silencio con el fin de ocultar la verdad de los hechos que dieron lugar al muerte del joven y posterior ubicación del arma de fuego cerca de su cuerpo, al tiempo que se le señalaba de ser integrante de una banda criminal”.
Como prueba de la responsabilidad de los uniformados, la Procuraduría cuenta con informes periciales de laboratorio que demostraron que se ingresó un arma a la escena del crimen y que la misma ya había sido disparada, pero que el menor no la portada y mucho menos la había disparado. (Lea también: La sentencia que confirmó un montaje en la muerte de Diego Becerra)
También se tuvieron en cuenta las declaraciones de los jóvenes que acompañaban al menor Becerra Lizarazo, quienes manifestaron que esa noche estaban en una actividad artística.
Además se tienen los testimonios de los servidores del CTI, que detallaron los pormenores e irregularidades en la entrega de la escena del crimen, así como las declaraciones del subteniente Rosemberg Madrid Orozco quien manifestó haber recibido presiones para ocultar la verdad de lo sucedido.
Al respecto concluyó el Ministerio Público que “los tres uniformados obstaculizaron de forma grave la investigación que en su momento inició el CTI de la Fiscalía, y con su actuación ocultaron la conducta punible de uno de los patrulleros permitiendo así (…) que se ingresara un arma para hacer pasar el menor como un delincuente”
En el fallo se advierte que la conducta de los policías “afectó los derechos a la vida, honra y dignidad tanto del joven Becerra como de sus familiares y compañeros”.
La Procuraduría calificó la conducta del subintendente Leal Barrero, y de los patrulleros Navarrete y Rodríguez como gravísima a título de dolo. “Al ser miembros del nivel ejecutivo de la Policía Nacional, contaban con la preparación de la institución, así como con la madurez y experiencia, sabían y conocían que una de las funciones esenciales era la de preservar los derechos fundamentales de toda persona, y actuar siempre con la verdad y transparencia que le impone el cargo”, dice.
En la misma actuación decidió absolver al coronel José Javier Vivas Báez, subcomandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, al teniente coronel Nelson de Jesús Arévalo Rodríguez, comandante de la Estación de Policía Suba y al subintendente Rosemberg Madrid Orozco, comandante del CAI de los Andes de la jurisdicción de la Policía de Suba, luego de no haber encontrado pruebas que los vincularán directamente con la participación en la obstrucción de la investigación y alteración de la escena.
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