Ante la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, el procurador Alejandro Ordóñez se pronunció duramente contra el presidente Juan Manuel Santos. "Ya la Comisión de Acusación de la Cámara habría tenido que asumir de oficio la investigación al presidente por incumplir sus deberes constitucionales", indicó.
Ordóñez cuestionó nuevamente la negativa del Presidente a responder las últimas 60 preguntas que formuló con respecto al proceso de paz y las 45 preguntas que envió hace un año sobre el mismo tema.
"Cuando el Ministerio Público solicita información a cualquier funcionario público, incluido el Presidente, no lo hace por razones diferentes arecaudar la información necesaria en orden al cumplimiento de sus roles constitucionales", aseguró.
El jefe del Ministerio Público manifestó que le da "tristeza" presentarse ante el Congreso para hablar de la "omisión reiterada del Presidente para cumplir con sus funciones constitucionales", dijo.
Aseguró que la Procuraduría es consciente y está de acuerdo en que lo que se firme en La Habana se debe cumplir, pero, exigió que los acuerdos queden bien hechos.
Mencionó así la situación de los indígenas yukpas, quienes han venido denunciando que sin consulta previa, se instalará una zona veredal en su territorio ancestral.
‘Con presencia del Papa en justicia para la paz pretenden legitimar impunidad’El procurador Ordóñez también aseguró que con la presencia del papa Francisco y de la ONU en el “comité de escogencia" para elegir a los jueces que harán parte de la Jurisdicción Especial para la Paz "se busca legitimar la impunidad".
"Lo grave no son las personas que van a intervenir en la justicia para la paz sino las competencias que tiene esta jurisdicción para legitimar la impunidad", dijo Ordóñez durante un debate de control político en la Comisión Primera de la Cámara.
El alto Comisionado de Paz y miembro del equipo negociador en La Habana, Sergio Jaramillo, presente en el debate, defendió los acuerdos alcanzados con las Farc y habló sobre la supuesta impunidad que mencionó Ordóñez.
En este sentido, Jaramillo explicó que el tribunal de justicia, acordado en La Habana, disminuye el riesgo de impunidad "en el entendido de que se mide según la satisfacción de los derechos de las víctimas".
“En ninguna negociación del mundo se ha acordado un sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición tan completo”, enfatizó Jaramillo, quien añadió que lo acordado "sigue los lineamientos de la ONU”.
Igualmente resaltó que dentro de mecanismo de verificación acordado en La Habana “hay reglas” que “incluyen obligaciones” para la guerrilla para que no vuelva a delinquir. “Con la firma del acuerdo las Farc deben entregar información sobre cuántas armas tienen", por ejemplo, dijo.
El debate de control político fue citado por los representantes a la Cámara Clara Rojas (Partido Liberal) y Santiago Valencia (Centro Democrático).
JUSTICIA
