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'Si hay que cambiar normas se hará, pero no para favorecer impunidad'
Fernando Carrillo, procurador general

Carrillo se refirió al fallo de la Corte IDH que dice que ni la Procuraduría ni ninguna autoridad administrativa puede limitar derechos políticos de funcionarios elegidos por voto popular.

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'Si hay que cambiar normas se hará, pero no para favorecer impunidad'

Fernando Carrillo habló del fallo de Corte IDH sobre Petro que afecta facultades de la Procuraduría.

La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Gustavo Petro puede llevar a realizar ajustes normativos que "jamás podrán traducirse en escenarios de impunidad en la lucha contra corrupción, para beneficiar funcionarios de elección popular que han actuado indebidamente".

Así lo afirmó el procurador general, Fernando Carrillo Flórez ante la decisión de la Corte IDH que dice que ni la Procuraduría ni ninguna autoridad administrativa puede limitar, con sanciones como destitución o inhabilidad, derechos políticos de funcionarios elegidos por voto popular.

(Lea también: Cambios normativos que vendrán por fallo de Corte IDH en caso de Petro)

Carrillo sostuvo que ninguna de las actuaciones frente a funcionarios de elección popular adoptadas hasta la fecha por la Procuraduría queda en un limbo jurídico, "puesto que se ha procedido siempre otorgando todas las garantías a los investigados y respetando la jurisprudencia nacional, acatando las decisiones de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado" sobre las competencias disciplinarias de la Procuraduría.

De otro lado, el procurador no descartó solicitar aclaraciones o consultas a la decisión de la Corte IDH, algo que también está evaluando la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, que “permitan fortalecer y no debilitar la potestad disciplinaria de la Procuraduría”.

(Le puede interesar: ‘Fallo de Petro abre puerta a posibilidad de impunidad por corrupción’)

De otro lado, Carrillo fue enfático en señalar que la Corte IDH no ha sugerido “meterle la mano” a la Constitución de 1991, sino ajustar normas disciplinarias, que permitan a la Procuraduría actuar como un ente acusador especializado contra los corruptos, con decisiones que podrían ser controladas automáticamente por una autoridad jurisdiccional como el Consejo de Estado. “Abriremos el debate para analizar qué faltas disciplinarias pueden ser nuevos tipos penales”, dijo.

Y agregó que la decisión de la Corte IDH no puede ser una derrota contra la institucionalidad de la justicia disciplinaria, sino el inicio de un debate sobre los instrumentos más eficaces para continuar la batalla contra estructuras corruptas "cada vez más organizadas, que hoy son el mayor motor de violación de los derechos humanos en Colombia".

(Además: Las graves repercusiones del fallo de Corte IDH en caso de Petro)

“Los corruptos que históricamente en Colombia han violado derechos humanos y que han defraudado los recursos públicos, con esta decisión no van a ganar”, aseguró Carrillo, quien agregó que como su legado, dejará "una entidad fortalecida y una propuesta que endurezca las sanciones contra los corruptos”.

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