Para fumigar, Gobierno debe demostrar que no habrá daño a salud: Corte

Para fumigar, Gobierno debe demostrar que no habrá daño a salud: Corte

Alejandro Linares, presidente de la Corte Constitucional, habló de la situación del país.

Alejandro Linares

Alejandro Linares, presidente de la Corte Constitucional.

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Claudia Rubio / EL TIEMPO

Por: Milena Sarralde Duque
11 de diciembre 2018 , 06:36 p.m.

En entrevista con EL TIEMPO, el magistrado Alejandro Linares, presidente de la Corte Constitucional, hace un balance de lo que encontró ese alto tribunal en las audiencias públicas que hizo este año sobre desplazados, salud y cárceles.

También asegura que si el Gobierno quiere volver a la fumigación aérea de narcocultivos, debe cumplir primero con los requisitos de la Corte, como garantizar que no habrá daño a la salud ni al medio ambiente.

El magistrado habla de lo que cree que ha faltado en la implementación del acuerdo de paz y dice que la Corte tiene una posición garantista frente a los derechos de los venezolanos migrantes en el país. 

¿No debería la Corte tener un papel más activo y dar órdenes concretas para superar las cosas inconstitucionales en cárceles, desplazamiento, y salud, que llevan más de una década?

El ideal sería que la Corte no tuviera que intervenir, lo que quiere decir que todo funciona bien. Infortunadamente en Colombia hay ciertos temas donde hay estados de cosas inconstitucionales como las cárceles, salud, desplazados, víctimas, los Wayuú, entonces mientras subsistan esos problemas estructurales la Corte debe seguir haciendo seguimiento y eventualmente con algunas órdenes mucho más fuertes. Esos problemas los debe resolver el órgano político, llámese Congreso o Gobierno.

Son los entes políticos los que deben resolver estos problemas, no sólo a través del presupuesto, sino también a través de políticas públicas para hacerle frente a estas problemáticas. Los jueces deberían ser la última instancia en esa materia si son disfuncionales los otros órganos. Hay mucha gente que critica a la Corte por su rol activista, pero yo creo que mientras subsistan vulneraciones masivas de derechos humanos, la Corte tiene un rol que jugar allí.

En cárceles, por ejemplo, el problema está sobrediagnosticado y lo que dicen los expertos es que hay una política penitenciaria que quiere llevar a todo el mundo preso…

Lo que es interesante en el tema de cárceles es que, por un lado, hay un populismo punitivo donde se están aumentando las penas de los delitos, se quiere meter a mucha más gente a la cárcel, y por el otro lado, hay una situación muy grave de hacinamiento y de vulneración de derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad. En esa audiencia se evidenció esa incoherencia, esa falta de consistencia en la política criminal y el hacinamiento carcelario. Obviamente este tema le corresponde al Gobierno, porque en el fondo lo que hay que hacer es revisar la política criminal y el Código Penal. El Código Penal tiene algunas penas que tienen sanciones más graves frente a delitos que pueden ser menos graves que otros.

Hay que castigar los delitos, pero hay que ver cuáles son los más graves para la sociedad. Los problemas sociales no se pueden resolver todos a punta de cárcel. Hay una tendencia de ciertos grupos de la sociedad que quieren resolver todos los problemas con el derecho penal, y el derecho penal es la última ratio del sistema jurídico.

Los problemas sociales no se pueden resolver todos a punta de cárcel

Fiscal ad hoc y reforma a la justicia

Frente al fiscal ad hoc, algunos piensan que esa figura es la solución, pero otros creen que sería mejor una comisión internacional que investigue el caso Odebrecht en Colombia. ¿La Corte ha hecho alguna evaluación sobre si esa es o no la mejor alternativa?

No nos ha llegado el caso. Eventualmente nos podría llegar. Lo que puedo decir es que la norma que podría ser aplicable para la regulación es el artículo 61 de la ley 270, que dice que lo más parecido a un fiscal ad hoc es el caso de los conjueces, lo que establece cómo se nombran, y dice que sus responsabilidades son las mismas de los magistrados, y que eventualmente podrían ser remunerados. Hoy en día ningún conjuez recibe remuneración pero la norma permite que puedan ser remunerados. El fiscal ad hoc se asimila en cierta manera a un conjuez. Pero hasta aquí puedo decir porque nada raro que llegue una tutela.

Frente a la Reforma a la Justicia, ¿cuál es la posición que ha tenido la Corte?

No participamos en las discusiones de la Reforma, porque eventualmente nos podría llegar para un control constitucional. Sin embargo el doctor Luis Guillermo Guerrero, a raíz de una reunión que tuvimos en Pasto el año pasado, decidió intervenir a título individual tratando de construir una propuesta para mejorar la justicia. Como somos humanos, somos imperfectos, y todo es susceptible de mejora. La Corte ve con buenos ojos mejorar la justicia, siempre hemos dicho que no nos oponemos a una reforma a la justicia, creemos que es muy importante y que la sociedad la está reclamando. Lo que sí pienso es que la sociedad colombiana y los colombianos están reclamando un mejor funcionamiento del sistema judicial, un mejor funcionamiento del acceso a la justicia, y en esa medida respaldamos cualquier reforma que acerque la justicia al ciudadano.

El Gobierno aún no ha presentado la política antidrogas, ni ha sido claro en si habrá o no fumigación. ¿Cuáles son los requisitos que la Corte ha dicho que se deben cumplir?

Hay jurisprudencia desde el año 93 sobre la fumigación aérea con glifosato. La Corte en este tema ha sido muy prudente. La última sentencia es del magistrado Aquiles Arrieta, y hay unos requisitos que tiene que cumplir el Gobierno, en particular el sexto, dice que debe haber unos estudios que muestren que no se produce un daño a la salud o al ambiente. Así que el Gobierno debería estar trabajando en eso si quiere volver a la aspersión. No está prohibida la fumigación aérea, pero el balón está del lado del Gobierno para que nos acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos en esa sentencia.

No está prohibida la fumigación aérea, pero el balón está del lado del Gobierno para que nos acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos en esa sentencia

¿Cómo debería ser esa acreditación de requisitos?

La Corte escucharía con mucha atención lo que plantee el Gobierno. Incluso, si es del caso, haríamos una audiencia pública para un tema tan importante y tendríamos que ver si se están cumpliendo los requisitos fijados por el precedente constitucional.

Proceso de Paz y Venezuela

Después de tramitar todas las leyes de paz, ¿cómo ve la Corte la implementación de lo acordado con las Farc?

En el tema de paz yo lo dividiría en lo que se llama el fin de conflicto, y lo que se llama construcción de paz. En el fin del conflicto creo que las cosas han salido bien: se dio la entrega de las armas, se hicieron las amnistías, hubo participación en política, se creó el partido político, hay algunos representantes en el Congreso, está empezando a funcionar la JEP. Pero vemos que la construcción de paz en los territorios es la tarea pendiente. Todo lo que son los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), en materia de salud, educación, vivienda, llevar agua potable…

Toda la política de Desarrollo Rural Integral es una segunda fase de la paz y es muy importante construir la paz en los territorios. Obviamente la Corte no opina sobre eso, pero sí revisó unas normas que tienen que ver con todo ese desarrollo y, se ve que particularmente los PDET van a ser muy importantes en el futuro. Esto no se soluciona de la noche a la mañana, sino en los próximos 10 a 15 años, por lo que hay que empezar a trabajar e invertir en esos temas.

Hay un tema que preocupa mucho y son los homicidios que han aumentado en ciertas regiones que dejaron las Farc, así como los de líderes sociales. ¿La Corte ha visto reflejada esa situación humanitaria, que se ha agravado en ciertas zonas, en un incremento de tutelas?

No hemos recibido muchas tutelas en esa materia. Sí han llegado tutelas. Pero obviamente la Corte está preocupada por la situación de asesinato de líderes sociales, sin duda, y obviamente hasta ahí le puedo decir porque seguramente nos van a llegar tutelas en esa materia. Pero como ciudadanos colombianos, vemos que esta es una situación preocupante que tiene una influencia negativa sobre el proceso de paz y que afecta la construcción de paz en la Colombia profunda, donde hay que llevar el Estado.

Otro tema que ha tocado mucho al país en el último año ha sido la migración venezolana. ¿Cuál es el impacto que ha visto la Corte de este fenómeno?

Este es un tema muy interesante. En la audiencia pública de salud le preguntaba al ministro el impacto que eso ha tenido porque aquí hay un tema muy interesante: los derechos humanos no tienen nacionalidad. Si un venezolano quiere acceder a un derecho fundamental como la salud, la Corte entiende que tendría derecho. Lo que pasa es que uno tiene que tener en cuenta las capacidades del sistema de salud colombiano. Lo que hemos visto a través de las tutelas, que son un indicador muy importante de los problemas sociales de las personas, hemos visto un aumento de tutelas de venezolanos que demandan atención en salud básica. Lo que ha dicho la Corte en recientes decisiones es que debe darse atención básica a los venezolanos porque como seres humanos, gozan de los derechos humanos.

Hemos visto un aumento de tutelas de venezolanos que demandan atención en salud básica

La Corte es consciente de que hay temas que desbordan la capacidad de las instituciones. Por ejemplo, en el hospital de Norte de Santander ha habido unos problemas porque el sistema de salud de Venezuela aparentemente está colapsado, lo que hace que mucha gente de Venezuela venga a Cúcuta a acceder a los servicios de salud. A pesar de los problemas del servicio de salud colombiano, sigue siendo muy bueno comparado con el servicio de salud venezolano. Al final del día los problemas de derechos fundamentales se reflejan en servicios públicos, pues para cumplir con estos derechos se necesitan recursos.

Fallos claves del año

La Corte dijo que las consultas populares no pueden prohibir la minería, y dijo que debe haber un consenso. ¿Qué mecanismo le queda a la gente para realmente poder participar de esos procesos en los proyectos mineros?

Lo primero que señaló la Corte es que el tema de las consultas populares, respecto a la relación entre la Nación y los territorios, es un tema que debe reglamentar el Congreso. Hoy en día todas las empresas mineras y petroleras han entendido que el tema no es llegar y hacer los proyectos sin participación de las comunidades. En esa medida hay un concepto que se llama la licencia social para operar, que es más un concepto abstracto porque a nadie le dan esa licencia social para operar, sino que lo que se exige es la licencia ambiental, pero las empresas han entendido que es muy importante hacer inversión social donde operan, contratar mano de obra local, insumos de transporte con empresas locales, de manera tal que la presencia de esas compañías sea muy importante para la población en general. Que se genere empleo, trabajo, que sean sostenible. En esa medida creo que las decisiones de la Corte han ayudado a la construcción de escenarios de participación donde las personas se expresen y se beneficien de proyectos mineros o petroleros.

Hay dos decisiones muy importantes como la que tumbó el IVA de las toallas higiénicas, y el que mantuvo el aborto sin límites de tiempo. ¿Hubo en esos casos un argumento feminista o cómo se construyó la argumentación?

El tema de toallas higiénicas y compresas es un tema muy interesante. Es un producto que utilizan exclusivamente las mujeres, y además es fundamental pues está atado a la dignidad de la mujer. Una mujer no puede ir al trabajo o a estudiar si no atiende su menstruación. Así que la Corte constató que es un producto básico que sólo consume la mujer y que tiene que ver con su dignidad, por lo que debería ser exento del IVA.

En cuanto al aborto, este es un tema muy sensible a la sociedad, muy polémico. Había una ponencia de la doctora Cristina Pardo que proponía unos límites temporales a las tres causales autorizadas por la Corte. Lo que dijo la Corte es que nos mantenemos en la decisión del año 2006, una decisión que se tomó hace 12 años, fue muy polémica, sigue siendo polémica, pero la Corte consideró que frente a lo que planteaba la doctora Pardo lo más prudente es conservar el precedente del 2006 sin establecer ningún tipo de límites para las tres causales decretadas.

Yo lo que quería era establecer algo a lo que en algún momento llegará la sociedad y es un aborto libre en las primeras 12 semanas

Yo hubiera querido ir más lejos, pero no tuve los votos de la mayoría de la Sala, pero por eso aclaré el voto porque yo no quería establecer límites máximos, sino establecer algo a lo que en algún momento llegará la sociedad y es un aborto libre en las primeras 12 semanas, como ocurre en otros países. Pero en todo caso es una decisión que debería tomar el Congreso.

Lucha contra la corrupción

La Corte ha venido implementando varias medidas de tecnología para la justicia ¿En qué se ha avanzado?

Aquí hay dos temas. Uno es el del expediente electrónico, y cómo lograr modernizar el manejo de la justicia a través de herramientas tecnológicas. Ahí mi sueño, porque soñar no cuesta nada, es tener el proceso de constitucionalidad en línea y además digitalizar las tutelas. Tenemos más de 7 millones de tutelas en la historia de la Corte, y si uno las hubiera digitalizado, esa sería una información valiosísima sobre qué es lo que demandan los ciudadanos y qué problemas los lleva a poner una tutela, lo que hubiera servido para diseñar política pública.

Por el otro lado, en el proceso de selección de tutelas, con la ayuda de la tecnología se podría ver dónde no hay unificación de jurisprudencia, dónde los jueces no están cumpliendo con decisiones de la Corte. A través de inteligencia digital se podría apoyar el proceso de selección de tutelas, no sólo en los procesos donde haya inconsistencias en la jurisprudencia, sino también donde hay lagunas o temas no regulados, o temas de mucha actualidad. La inteligencia artificial es una herramienta que no va a reemplazar a los seres humanos. Eso en el campo judicial.

¿En qué van los temas de transparencia para evitar cualquier hueco de corrupción?

Hemos tratado de ser muy transparentes. Esta Corte debería ser una urna de cristal y por eso hemos publicado todas las declaraciones de bienes y rentas. Hemos publicado todos los viajes que hacemos, las comisiones, todo está en la página web. En datos abiertos están todas las sentencias, estamos haciendo rendición de cuentas permanente, los salarios de todos los magistrados. También publicamos qué familiares tenemos trabajando en el ejecutivo, legislativo y judicial. Todo lo hemos hecho de manera voluntaria. Sabemos que debemos aumentar la confianza de los ciudadanos en la Corte. Es muy importante legitimar y mostrar que los magistrados queremos rendir cuentas y ser transparentes para evitar los problemas que han ocurrido en esta Corte en materia de selección de tutelas.

El riesgo más alto de corrupción que tenemos es el proceso de selección de tutelas

El riesgo más alto de corrupción que tenemos es el proceso de selección de tutelas y por eso ahí hemos estado trabajando con Transparencia por Colombia, el departamento administrativo de función pública, para diseñar mecanismos no para reducir al máximo el riesgo de corrupción.

¿Qué se le debería decir a la ciudadanía ante una crisis de la institucionalidad, por la desconfianza que generan las denuncias que afectan la credibilidad de la Fiscalía, que afectan a las Cortes?

Al final del día, las ovejas negras salen a la luz pública. Lo que le diría a la gente es que debe tener mucha confianza en las instituciones, pero sobre todo en una institución tan importante como la Corte que es el guardián de los derechos de la gente. Mi mensaje sería de optimismo, y que nos den la oportunidad de demostrar que somos una Corte que protege.

MILENA SARRALDE DUQUE
JUSTICIA 
Twitter: ​@MSarralde

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