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‘Requisitos para ser magistrado no se pueden modificar por ley’
Magistrado Luis Antonio Hernández, presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema

Magistrado Luis Antonio Hernández, presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema

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Archivo particular

‘Requisitos para ser magistrado no se pueden modificar por ley’

El presidente de la Corte Suprema, magistrado Luis Hernández, habla sobre la reforma a la justicia.

Luego de surtir el último debate en el Senado, al proyecto que busca reformar la ley estatutaria de administración de justicia solo le hace falta que citen nuevamente para votar.

En entrevista con EL TIEMPO, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Luis Antonio Hernández, valora la iniciativa por fortalecer el presupuesto asignado a la Rama Judicial, defiende que los jueces tengan voz y voto en el diseño de acciones que favorezcan a la Rama y pide no aprobar la flexibilización de requisitos para ser magistrado de alta corte.

¿Qué puntos destaca de la reforma en trámite?

El más notable es el aumento de la partida del presupuesto nacional destinada al poder judicial. Esa norma vale la reforma. También se fortalece la carrera judicial, sobre todo si se admite la propuesta de obligar a quienes nombran para que designen en cargos de carrera vacantes a personas en el registro de elegibles. O bien, cuando no hay lista, a un funcionario o empleado de carrera en el cargo de nivel anterior, del mismo distrito judicial de la vacante. Destaco el rescate de la Comisión Interinstitucional de la Administración de Justicia, que hoy no cumple ninguna función importante.

¿Qué problemas o necesidades resuelve esta reforma?

El incremento de recursos significará más jueces y menos congestión porque se resolverán más procesos y todo eso contribuye a la materialización del derecho de acceso a la justicia. Los jueces, hoy, no cuentan con ningún escenario institucional que les permita intervenir a través de acciones vinculantes en el destino de la Rama Judicial y la reforma lo va a permitir con la asignación de ciertas facultades a la Comisión Interinstitucional, que la involucrarán en la discusión y aprobación de grandes temas que conciernen a la misión de la Rama Judicial. Es falso que los jueces vayamos a celebrar contratos o a manejar dinero. Quienes afirman eso no han leído el proyecto o no lo han entendido.

Se propone que para ser magistrado se pueda computar la experiencia en una carrera afín diferente a derecho. ¿Está de acuerdo?

La mejor decisión que puede adoptar el Senado es no aprobar esa norma del proyecto, como lo pidió la Corte Suprema de Justicia. Los requisitos para ser magistrado de alta corte y fiscal general de la Nación están en la Constitución y a través de una ley no se pueden modificar. Esa disposición del proyecto tiene un problema adicional -que es muy grave-y es que la experiencia necesaria para ser juez o magistrado de tribunal, al igual que está proyectado para magistrado de alta corte, sería posible acreditarla con la adquirida en ciencia política, gobierno, finanzas, economía, administración de empresas y administración pública. Si la norma pasa como está no resistiría, respecto de magistrados de altas cortes, el examen automático de control de constitucionalidad. En lo demás no sabemos qué pueda suceder.

(Lo invitamos a leer: Reforma a Código Disciplinario busca mantener la institucionalidad)

¿Quién debe elegir al director ejecutivo de la Rama Judicial?

La Corte Suprema de Justicia compartió la idea de que el director sea elegido por la Comisión Interinstitucional que, actualmente, integra una terna para ese cargo y elige el Consejo de la Judicatura, que ha intervenido antes, a través de su presidente, en la elaboración de la terna. El cambio, entonces, suena sensato. Consiste en que la convocatoria pública que se surte en el seno de la Comisión Interinstitucional, donde tiene un asiento el Consejo Superior de la Judicatura, y también la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y un representante de los funcionarios y empleados, finalice con la elección del director.

La judicatura cuestiona que la Comisión se encargue de labores de administración como hacer concepto previo obligante sobre el plan de inversión, señalando que incluso se afectaba la independencia y que cada presidente de Corte iba a terminar interesado en los propios intereses. ¿Qué piensa de ello?

Lo que vaya a hacer la Rama Judicial en el futuro es un asunto que concierne a los jueces. No es un problema, entonces, sino un avance, que opinemos de manera vinculante sobre nuestro destino. La elaboración técnica de ese plan se mantiene en cabeza del Consejo Superior de la Judicatura. Si esto está así de claro no le encuentro razón a las preocupaciones.

(Lo invitamos a leer: Los reparos del Consejo de Estado a la reforma a la Procuraduría)

Eso no es nada nuevo y no hay ninguna trampa en el proyecto en mantener esa posibilidad, asociada a análisis estadístico y demanda de justicia

¿Por qué recomendó que el fiscal general ya no haga parte de la Comisión Interinstitucional?

La Corte Suprema de Justicia estuvo de acuerdo con esa propuesta y el fiscal general, salvo en un par de temas que conciernen a la Rama Judicial toda, de la cual hace parte la Fiscalía general de la Nación, compartió no seguir formando parte de la Comisión, la cual se ocupa de cuestiones propias de la judicatura, como la elección del director ejecutivo de Administración Judicial.

Hay muchas críticas de parte de Asonal Judicial sobre la reforma a la carrera. ¿Cómo queda?

El proyecto, en relación con la carrera judicial, introduce apenas unos ajustes que me parecen favorables. Los concursos de ascenso, por ejemplo, la fortalecen.

Hay voces que critican la insistencia en los mecanismos de descongestión en vez de crear cargos de planta. ¿Cuál es su postura?

Todos los años hay medidas de descongestión. Eso no es nada nuevo y no hay ninguna trampa en el proyecto en mantener esa posibilidad, asociada a análisis estadístico y demanda de justicia. Pero si se aumentan los recursos al poder judicial, sin duda alguna que el camino correcto será, como el propio proyecto lo establece, aumentar la planta de personal hasta alcanzar el estándar internacional de jueces por cien mil habitantes.

¿Esta reforma acerca realmente la justicia al ciudadano?

Sí en cuanto se produzca un aumento significativo en la participación de la Rama Judicial en el presupuesto nacional. Si hay más recursos habrá más despachos judiciales, ojalá en todos los municipios del país, las cargas laborales de los jueces serán más razonables y los ciudadanos recibirán más pronto las respuestas a sus demandas.

(Podría ser de su interés leer: Siguen críticas a proyecto para reformar facultades de la Procuraduría)

Hay todo un apartado sobre expediente digital y digitalización, pero estos son asuntos que ya habían sido tratados en leyes anteriores y acuerdos. ¿Hay algún cambio significativo?

No creo. Con las leyes existentes antes del confinamiento que por efecto de la pandemia se decretó en marzo del año pasado, la justicia siguió tramitando los procesos en las distintas jurisdicciones de manera virtual. Y casi que se dejó de usar el papel. No digo que las leyes que se han expedido sobre los temas que menciona y las normas del proyecto sobren. Cuando estamos fijando nuevos rumbos es mejor contar con muchos instrumentos. Me parece, sin embargo, que al final será la jurisprudencia, cuando pase este desastre, la que irá definiendo qué no puede mantenerse en la virtualidad.

¿Fueron escuchados por el Congreso los presidentes de las Altas Cortes?

Siempre, y esta no ha sido la excepción, las relaciones con el Congreso de la República, en el marco de la colaboración armónica, han sido cordiales, respetuosas y constructivas. Desde luego que hemos sido escuchados y también lo han sido muchas otras personas y sectores.

ALEJANDRA BONILLA
JUSTICIA
En Twitter: @JusticiaET

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