¿Por qué impuesto solidario grava a empleados públicos y no privados?

¿Por qué impuesto solidario grava a empleados públicos y no privados?

Esa fue la pregunta que la Corte Constitucional le hizo al Gobierno, entre otras dudas.

Corte Constitucional
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Carlos Ortega. EL TIEMPO

Por: Justicia
13 de mayo 2020 , 09:37 p.m.

En un auto de cuatro páginas la Corte Constitucional le hizo 15 preguntas a la Secretaría Jurídica de la Presidencia y al Ministerio de Hacienda sobre el decreto 568 que creó el impuesto solidario a funcionarios públicos por la covid-19. 

Según ese decreto, durante tres meses (desde el primero de mayo hasta el 31 de julio) a los empleados del Estado que ganen más de 10 millones de pesos se les quitará un porcentaje de su sueldo con el fin de llevar ese dinero al FOME, fondo creado para atender la emergencia sanitaria y económica por el virus.

La norma establece que quienes ganen entre 10 y 12.5 millones deben aportar el 15 por ciento del sueldo. Quienes ganen entre 12.5 y 15 millones, un 16 % de su sueldo. Quienes obtengan ingresos de entre 15 y 20 millones, un 17 % del salario, y quienes ganen 20 millones o más, aportarán un 20 por ciento. Esto también aplica para los funcionarios pensionados. 

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Este dinero, según dice el decreto, tiene como objetivo la inversión social en "la clase media vulnerable y en los trabajadores informales".

En la Corte Constitucional, el caso está en el despacho del magistrado Carlos Bernal que le hizo varias preguntas al Gobierno sobre esta norma.

En primer lugar, Bernal le preguntó al Gobierno qué se entiende por clase media vulnerable y por trabajadores informales, y le pide definir cuáles son los criterios para identificar qué personas pertenecen a estos grupos y a quiénes se destinará el impuesto solidario.

También le preguntó cómo se diferencia a los trabajadores informales que se beneficiarán del dinero recaudado con el impuesto, de los trabajadores informales que hacen parte de población vulnerable y que, según el decreto, ya son atendidos con otras normas como el decreto 419 de 2020, 458 de 2020 y 518 de 2020.

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Una de las preguntas del alto tribunal al Gobierno fue por qué no se incluyeron como sujetos pasivos del impuesto a los trabajadores del sector privado (solo a los públicos), ni tampoco a las personas naturales rentistas de capital, cuyos ingresos también son iguales o superiores a 10 millones de pesos. También pidió explicar qué justifica que los miembros de la Fuerza Pública no sean sujetos pasivos de este tributo. 

También pide explicar qué justifica que los miembros de la Fuerza Pública no sean sujetos pasivos de este tributo

Además, le pidió justificar por qué únicamente se excluyó del impuesto al talento humano en salud que presta sus servicios a pacientes con sospecha o diagnóstico de covid-19, y cuáles son los criterios para diferenciar a estos trabajadores de otros del sistema de salud. 

También le pidió explicar por qué el decreto equipara para su recaudo los salarios de servidores públicos, con los ingresos por pensiones y los ingresos brutos de las personas naturales que son contratistas. 

De otro lado, en su auto Bernal preguntó por qué se incluyeron únicamente a los pensionados que reciben una sola prestación económica conocida como megapensión, y no a aquellos que reciben ingresos mensuales que pueden ser superiores a los 10 millones de pesos con dos o más mesadas pensionales. 

Como el decreto establece que en el caso de los funcionarios que ganen menos de 10 millones de pesos al mes el aporte es voluntario -aporte que tampoco podrá ser constitutivo de renta-, la Corte le pide  al Gobierno explicar qué justifica ese beneficio tributario para esta población, y qué justifica, también que los trabajadores privados no puedan optar por pagar el aporte voluntario. 

La Corte también le pidió al Gobierno precisar cuál es el monto que esperan recaudar con el impuesto solidario y cuáles son los costos de la inversión social que se va a financiar con ese dinero. Además, quiere que se expongan las razones que justificaron el monto que se fijó como base gravable del impuesto. 

El magistrado Bernal también preguntó qué razones justifican que los recursos recaudados vayan al Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME) y le pidió explicar en cuál de los usos autorizados por el decreto que creó dicho fondo se enmarca esa inversión social a la que se destinaría el impuesto solidario.

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Bernal también le pidió a Presidencia que aclare cómo se va a garantizar el destino que tendrá el impuesto, una vez sea trasladado al FOME, y le pregunta si los rendimientos financieros por la administración de esos recursos recaudados harán parte de la unidad de caja con los más recursos del fondo. 

Como el primer artículo del decreto establece que el impuesto solidario podrá ser tratado como un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional en materia de impuesto sobre la renta, la Corte le pidió al Gobierno que exlique si ese ingreso está sujeto o no a un tope máximo. 

JUSTICIA

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