El país requiere una reforma de la justicia por consenso

El país requiere una reforma de la justicia por consenso

La politización y la corrupción, dos de los puntos por eliminar, de acuerdo con la autora.

Justicia

La corrupción es uno de los males que golpea la justicia y ha generado protestas de grupos de ciudadanos.

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Juan Pablo Rueda / EL TIEMPO

Por: María Teresa Garcés Lloreda
21 de junio 2019 , 08:25 p.m.

Las reformas de la justicia han fallado por falta de claridad sobre lo que no funciona bien y requiere un cambio constitucional y cuanto se deba modificar por ley o determinaciones internas de la Rama Judicial.

Problemas y soluciones constitucionales: a partir de experiencias anteriores y decisiones de la Corte Constitucional (CC), es preciso reconocer los problemas y concretar las reformas constitucionales urgentes, buscando consensos fundamentales.

Contra la corrupción: mayores requisitos para magistrados, transparencia en elección. Algunos magistrados incurrieron en hechos corruptos, contrarios a la probidad e idoneidad. El mejoramiento de la justicia está ligado a la calidad de aquellos, para lo cual deben ampliarse los requisitos: 20 años de experiencia, 50 de edad, títulos mínimos de maestría.

Bienvenidas las prohibiciones a magistrados de recomendar nombramientos o contratos a autoridades públicas, litigar ante la misma jurisdicción una vez retirados o aceptar cargos en el Ejecutivo en los cuatro años siguientes, y a entidades con titulares designados o postulados por las cortes de nombrar o contratar parientes de magistrados.

El Consejo Superior de la Judicatura (CSJ) erró al nominar magistrados por motivos diferentes a mérito e idoneidad; la selección debe hacerse por convocatoria pública con publicidad, transparencia, participación ciudadana, equidad de género y criterios de mérito y éticos, y audiencias públicas donde la sociedad civil se pronuncie antes del nombramiento.

Debe diferenciarse entre requisitos mínimos y criterios de mérito –experiencia, títulos, artículos, sentencias, alegatos, libros– que garanticen capacidad de interpretación y aplicación de la ley. La idoneidad ética está ligada al desempeño de acuerdo con la ley, la probidad y los derechos humanos.

Contra la politización de las cortes:
supresión de funciones electorales. No es aconsejable que las cortes participen en la elección de altos funcionarios, pues eso ha implicado politización y cobro de favores burocráticos. El proyecto archivado les suprime esta función en relación con el registrador, auditor y procurador, y se la mantiene a la Corte Suprema en la elección de fiscal.

Su traslado al Congreso conlleva peligros y debe sujetarse a iguales procedimientos de elección de magistrados; regirse por normas de carrera evitaría que estas entidades sean botines políticos. Es inadmisible la propuesta de designación del fiscal por el presidente si la Corte Suprema no lo elige en el mes siguiente al envío de la terna, por atentar contra su autonomía.

Bienvenidas las prohibiciones
a magistrados de recomendar nombramientos o contratos a autoridades públicas

Contra una administración ineficiente, un gobierno técnico y autónomo. La administración de la rama por la Sala Administrativa del CSJ es ineficiente por su inadecuada integración solo con abogados sin experticia administrativa, financiera y conocimiento de la función judicial.

Al declarar la CC inexequible la reforma del CSJ por Acto Legislativo (AL) 2 de 2015 le llovieron críticas por impedir la reforma de la justicia, cuando tuvo justa razón. Concluyó que aunque el Congreso tenía amplias potestades para variar el modelo de gestión del poder judicial y suprimir órganos de gobierno y administración, el AL las desbordó al suprimir el principio de autogobierno judicial como manifestación de la separación de poderes y la independencia judicial.

El modelo de gobierno y administración de la justicia debe significar un verdadero avance. En el proyecto archivado, la Comisión Interinstitucional estaba compuesta por los presidentes de las cortes, el Fiscal y un representante de funcionarios y empleados, a los cuales cabría adicionar uno de los tribunales y otro de los jueces. Según la CC, los funcionarios judiciales, dada su labor de juzgamiento, carecen de tiempo y equipo para ejercer funciones administrativas y financieras, por lo que este órgano debe llevar la vocería de la rama, proponer proyectos de ley sobre justicia y códigos, aprobar políticas generales y recibir, evaluar y hacer sugerencias sobre los informes del consejo directivo.

Para el buen servicio a la ciudadanía y el mejoramiento de la justicia, es deseable crear un órgano asesor de organizaciones civiles que recomiende políticas a la comisión.

El consejo directivo encargado de la gestión estratégica, administrativa, y financiera debería componerse por 5 directores: 1 elegido por la CC, administrador, economista o ingeniero industrial con amplia experiencia en gestión; 4, por la Corte Suprema y el Consejo de Estado: 2 abogados con amplio conocimiento de la rama y 2 administradores de empresas, economistas o ingenieros industriales con amplia experiencia en gestión.

El consejo aprobaría el plan sectorial, el presupuesto, el plan de formación y gestión del conocimiento, el mapa judicial, las políticas específicas fundadas en políticas generales de la comisión; definiría políticas de gestión, atención al ciudadano, transparencia y sistemas de información; dictaría reglas para el funcionamiento de la administración de justicia y trámites administrativos; nombraría al gerente de la rama por 2 años, reelegible, con maestría y experiencia de 20 años y en dirección en el sector público de 10, quien cumpliría sus decisiones y elaboraría y ejecutaría planes, proyectos y presupuestos, y al defensor del usuario.

Son acertadas la integración de la comisión de carrera por comisionados elegidos por las cortes en número mayor de 3, ya que nombraría a jueces y magistrados de tribunales; la exigencia de 25 años de experiencia judicial y la inhabilidad para ser comisionado por haber sido magistrado de las cortes en los 8 años anteriores.

Ser juez y ascender exige preparación especial por una institución académica autónoma de alto nivel y rango constitucional, la escuela judicial. En el proyecto archivado se avanzó en que la competencia para elegir magistrados de la comisión de disciplina judicial pasaría del Congreso a la comisión de carrera judicial.

La inseguridad jurídica se origina, sobre todo, en cambios de legislación al vaivén de diversos intereses

El fracaso de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes: procesos disciplinarios y penales de magistrados y fiscal. Ante la inutilidad de la comisión se impone reformar la investigación y juzgamiento de los magistrados de las cortes y el Fiscal. Los cargos judiciales no pueden ser patente de corso para la impunidad.

El proyecto archivado atiende lo dicho por la CC al declarar inexequible la eliminación del antejuicio político a cargo del Congreso porque sustituía el principio de separación de poderes, y atribuye al Senado realizar el juicio político –término equivocado– contra los altos funcionarios judiciales.

Como los magistrados solo ejercen funciones de juzgar y no políticas, ni participarían en el nombramiento de procurador, la Procuraduría podría controlar disciplinariamente sus conductas, con apelación ante el procurador. Si la falta da lugar a destitución, este enviaría el asunto a la Cámara para que acuse al magistrado o fiscal ante el Senado y este resuelva, con lo cual quedaría a cargo de ambas cámaras en materia disciplinaria únicamente lo solicitado por el procurador. Cuando se trate de omisiones o hechos delictivos, deben actuar de manera ágil, con procedimientos simplificados y términos estrictos.

Si el Senado declara que hay lugar a seguimiento de causa, pondría al acusado a disposición de la Corte Suprema para que investigue, juzgue y sancione. Así se controlaría la conducta de magistrados y fiscal, dentro de la separación y el equilibrio de poderes.

Otras reformas son inconvenientes: la obligatoriedad de tomar decisiones con base en precedentes judiciales limita las facultades de los jueces para estudiar las circunstancias de cada caso. La inseguridad jurídica se origina, sobre todo, en cambios de legislación al vaivén de diversos intereses.

La acción de tutela debe preservarse como fue concebida, de fácil acceso para todas las personas. Por ser una conquista popular, fracasan los intentos de limitarla, como prohibir que persona diferente a la vulnerada en sus derechos pueda interponerla, o exigir su presentación ante los jueces de la jurisdicción y especialidad, impidiendo su ejercicio a los más vulnerables, sobre todo del sector rural. La tutela contra sentencias ha sido limitada por la CC y es hoy excepcional, al igual que el “choque de trenes”.

Reformas legales, reglamentarias e internas para la descongestión.
La garantía del acceso a la justicia tiene que ver con la oportunidad de las decisiones. La congestión judicial se ataca con jueces buenos y suficientes y procedimientos expeditos –los códigos procesales permiten obstruir el trámite, y el resultado son procesos de 10, 15 y 20 años–. La prevalencia del derecho sustancial no ha sido entendida por los legisladores.

El Consejo Superior de la Judicatura ha fracasado en la descongestión porque el juez que profiere el fallo no participa en las otras etapas, en contra de la inmediación. Instituciones contra la congestión encarecen y obstaculizan el acceso a la justicia: las conciliaciones prejudiciales ante notario rara vez evitan el proceso judicial; la conciliación es riesgosa para el funcionario que busca evitar un fallo adverso, pues, de no ser aprobada por el juez, este podría ser sancionado por los órganos de control.

Es posible elevar el número de magistrados con el traslado de delegados del Ministerio Público a tribunales y Consejo de Estado, evitando la duplicidad funcional entre el Ministerio Público y la Agencia de Defensa Judicial que incrementa las dilaciones. Otras medidas serían sentencias cortas y salvamentos que no formen parte de estas, para evitar demoras.

Los notarios, centros de conciliación y ciertos funcionarios pueden asumir algunas funciones judiciales, pero debe rechazarse la habilitación a abogados para ello, por los conflictos de interés que traería la privatización.

Se espera una reforma de la justicia concertada por el Congreso por encima de intereses partidistas, desoyendo cantos de sirena de convocar una constituyente que pondría en riesgo el Estado social de derecho de la Constitución de 1991.

MARÍA TERESA GARCÉS LLOREDA
PARA EL TIEMPO

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