En 8 años solo se ha reparado el 13 por ciento de las víctimas

En 8 años solo se ha reparado el 13 por ciento de las víctimas

Piden a la Corte más tiempo para ley de víctimas. Reparar a quienes faltan costaría $ 241 billones.

Plantón por desaparecidos en plaza de Cayzedo de Cali

Plantón por desaparecidos en plaza de Cayzedo de Cali. Foto de referencia.

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Archivo ET

Por: Justicia
10 de octubre 2019 , 09:19 p.m.

En junio del 2021 la ley de víctimas –una de las políticas clave y más ambiciosas del gobierno del expresidente Juan Manuel Santos– llegará a su fin.

Esta norma, conocida también como la ley 1448 de 2011, reconoció por primera vez en el país la existencia de un conflicto armado y ordenó la reparación de las víctimas que ha dejado el conflicto, así como la restitución de tierras despojadas.

La ley contempló un plazo de 10 años, y aunque se le está agotando el tiempo, tiene varias de sus principales metas rezagadas. Esa es la razón principal por la cual los exministros del Interior del gobierno de Santos –Juan Fernando Cristo y Guillermo Rivera– presentaron una demanda contra la ley de víctimas, específicamente contra el artículo que establece su vigencia.

Este jueves, en una audiencia pública en la Corte Constitucional, Cristo aseguró que la ley tiene una relación directa con el cumplimiento del acuerdo de paz, específicamente en la reparación de víctimas, por lo que debería ampliarse por lo menos hasta la vigencia de ese acuerdo, es decir, hasta el 2030.

“La extinción de la ley generaría una violación grave de derechos fundamentales. En lugar de fortalecerse y ampliarse la oferta de medidas de reparación, se estaría cesando el accionar de dichos mecanismos, lo que contraría de forma evidente la estructura constitucional que se diseñó para la implementación del acuerdo de paz”, dijo Cristo.

El exministro también planteó que si la ley se acaba es porque se terminan sus 10 años, “no porque se hayan cumplido sus objetivos”.

La ley ha reconocido a 8,8 millones de víctimas, de las cuales 7,1 pueden ser sujeto de reparación.

Hasta ahora han sido indemnizadas 957.000, es decir, a más de 8 años de vigencia de la ley la meta apenas se ha cumplido en un 13 por ciento.

Y para junio del 2021, el Gobierno espera llegar a un 20 por ciento, lo que deja dudas sobre lo que suceda con las que no alcancen una reparación integral.

No dejemos a los vaivenes de la política colombiana los derechos de las víctimas

Otro de los objetivos que va rezagado, aunque en menor proporción, es el de restitución de tierras.

Según cifras de la Unidad de Tierras, de 123.128 solicitudes –que equivalen a 112.357 predios– se les ha dado trámite al 80 por ciento.

Sin embargo, hasta ahora solo hay 4.581 predios con orden de restitución proferida por un juez, que corresponden a 370.000 hectáreas, una cifra muy pequeña frente a las 3 millones que se estiman deben ser restituidas.

Ante esas cuentas, Cristo dijo que aunque la ley es “la única en el mundo que ha llegado a esta dimensión de reparación”, se debe ampliar: “No dejemos a los vaivenes de la política colombiana los derechos de las víctimas”, afirmó.

Su solicitud fue apoyada por la Defensoría del Pueblo, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y el viceprocurador, Juan Carlos Cortés, quien dijo que debería mantenerse la ley hasta que se cumplan sus objetivos.

En igual sentido se manifestó Alberto Brunori, representante para Colombia de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quien dijo que la reparación debería ser “una política de Estado” que se sostenga en el tiempo.

Por su parte, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, aseguró que así la ley culmine su vigencia, el Gobierno “no dejará desamparadas a las víctimas del conflicto armado” y reiteró que su fin “no quiere decir que el Estado no tenga la obligación de cumplir”.

También dijo que desde 2011 esta ley ha costado 132,7 billones de pesos y señaló que terminar de reparar a quienes faltan costaría unos 241 billones de pesos más, lo que equivale a usar todo lo que se recauda en impuestos en un año y medio solo para costear la ley de víctimas. Las cifras que tiene la Contraloría son más bajas. El contralor general, Carlos Felipe Córdoba, dijo que terminar de cumplir la ley en un plazo de 10 años costaría 115 billones.

Ante lo dicho por Carrasquilla, el senador Roy Barreras señaló que hay “desconfianza” y no cree que este Gobierno que, en su opinión, “ha demostrado que no cree en la ley de víctimas”, vaya a cumplirles cuando se termine su vigencia. Por eso señaló que lo mejor es prorrogarla.

Aunque es una ley costosa, Odorico Guerra, de la Mesa Nacional de Víctimas, aseguró que “la vigencia de las víctimas no debe estar sometida a contenidos presupuestales, como si la dignidad dependiera de esta condición”.

El director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez, por su parte, reconoció que “nos hace falta un largo camino para poderles cumplir a todas las víctimas del país” y dijo que “no prorrogar la ley impedirá la satisfacción de derechos que se buscan con el Acuerdo de Paz”.

No prorrogar la ley impedirá la satisfacción de derechos que se buscan con el Acuerdo de Paz

Andrés Castro Forero, director de la Unidad de Restitución de Tierras, aclaró que aunque se acabe la norma, todas las reclamaciones que fueron presentadas en el plazo de la ley “deberán ser tramitadas por la entidad”. También afirmó que si se prorroga o no es una decisión que debe tomar el Congreso y no la Corte. En el mismo sentido se manifestó el senador del Centro Democrático José Obdulio Gaviria, quien dijo que en el Legislativo ya hay un proyecto andando para darle más tiempo a la ley de víctimas.

No obstante, según la senadora Juanita Goebertus, desde el 2013 se han presentado ante el Congreso 21 proyectos para reformar la ley de víctimas, la mayoría han sido archivados. Y reconoce que aunque una de ellas busca prorrogar su vigencia, ha sido muy difícil llegar a acuerdos.

Goebertus dijo al paso en el que iba la reparación de las víctimas en el Gobierno de Santos, con 103.000 casos al año, el Estado tardaría 63 años en superar sus metas. Y que en la presidencia de Duque –aseguró– la reparación se ha relentizado a 45.000 por año, por lo que le tomaría al Estado 120 años. “Si no tomamos medidas para llegar más rápido, se van a morir las víctimas sin que alcancemos a repararlas”, aseguró la congresista.

JUSTICIA
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