¿Por qué el Estado tendrá que pagar a víctimas por atentado al Nogal?

¿Por qué el Estado tendrá que pagar a víctimas por atentado al Nogal?

El Consejo de Estado condenó a la nación por no evitar el ataque de la guerrilla en el 2003. 

Atentados explosivos en Bogotá

El atentado al club El Nogal ocurrió el 7 febrero de 2003, cuando las Farc explotaron un carro bomba.

Foto:

Miguel Menéndez

Por: JUSTICIA
23 de agosto 2018 , 11:00 a.m.

Al menos 753 millones de pesos tendrá que pagar el Estado por no haber evitado que en el 2003 las Farc pusieran una bomba en el Club El Nogal, hecho que dejó 36 personas muertas y 158 heridas. 

Si bien el atentado dejó ese número de víctimas, la demanda que llegó al Consejo de Estado fue presentada únicamente por la muerte de Catalina Muñoz Toffoli, quien era socia del Club, y César Augusto Caicedo Cruz, quien trabajaba en el lugar, así como por las lesiones que sufrió Ciro Alfonso Acosta Gutiérrez. 

La corporación recordó que el 7 de febrero del 2003, a las 8 y 5 de la noche, las Farc detonaron un artefacto explosivo en uno de los parqueaderos del Club el Nogal. Quien ingresó el carro-bomba fue Oswaldo Arellán Barajas, quien logró entrar con un carné falso. El carro era un Renault Megane rojo que fue cargado con 200 kilos de explosivos y fue detonado dentro del club. 

Las pruebas dicen que tanto él, como Jhon Arellán y Fernando Arellán Barajas ya habían ido a El Nogal y se habían percatado de que el Club no verificaba si una persona que tenía un carné provisional en realidad era un socio. 

La decisión recuerda que el secretariado de las Farc le dio vía libre a alias 'el Paisa' para que coordinara atentados terroristas en Bogotá, entre ellos el de El Nogal. 

El 10 de febrero de este año, en un acto público de verdad, perdón y reconciliación, los exguerrilleros de las Farc, que tras su desmovilización por el proceso de paz conformaron el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, reconocieron su responsabilidad en los hechos. 

Los argumentos de la condena 

En la Condena, el Consejo de Estado asegura que un certificado del Club El Nogal da cuenta de cómo la entonces ministra de Defensa, Martha Lucía Ramírez, se hospedó en el piso 10 del Club entre el 17 y 19 de octubre, del 21 al 25 de octubre, y del 28 al 2 de noviembre del 2002 "y que durante esos días le fueron brindadas medidas de seguridad dispuestas por el Ministerio de Defensa".

También que el ministro del Interior y de Justicia, Fernando Londoño Hoyos, estuvo en el Club varios días de diciembre del 2002, de enero del 2003, y febrero de ese año. También hizo reuniones en ese club con congresistas, procurador, fiscal, y altos funcionarios del Estado y de la Fuerza Pública. 

Aunque el entonce DAS, y la Policía negaron que se haya tenido conocimiento de que se iba a realizar un atentado en el Nogal, el Consejo de Estado niega esas afirmaciones. 

Para la Corporación dice que hubo un informante llamado Jaime Quiñonez Rodríguez, quien  en enero del 2003 pidió dinero a cambio de información para capturar a alias 'el Paisa', quien venía protagonizando una ola de atentados a finales del 2002. En una entrevista el exguerrillero alertó la comisión de un nuevo posible atentado y dio el número de celular desde el que semanas después se coordinó el atentado.

Según Helena Zorrilla, investigadora del CTI en la época, Quiñonez le dijo en una entrevista que alguien denominado 'el Flaco' había estado picando dinamita para armar explosivos en Bogotá. Sin embargo, dijo Zorrilla, nadie le prestó atención a sus declaraciones. 

También están las declaraciones de Llimi Díaz Torres, exfuncionario del DAS, quien dijo que aunque en esa época ya no estaba en el departamento de inteligencia, uno de sus exinformantes le había dicho en enero del 2003 que tenía datos sobre un supuesto testaferro de las Farc que se había vinculado como socio del club El Nogal, al parecer, para identificar posibles víctimas de secuestro y para planear un atentado. Dice que aunque le entregó esa información a un detective, desconoce qué trámite tuvo en el DAS. 

También se documentó que en diciembre del 2002 las Farc afirmaron en un comunicado que el Gobierno estaba facilitando reuniones con jefes políticos y empresarios en clubes del norte de Bogotá. 

Así las cosas, el Consejo de Estado aseguró que está probado que lo que sucedió en el Nogal fue "un ataque terrorista dentro del conflicto armado colombiano, realizado por el grupo insurgente Farc, que infundió miedo y zozobra en la población civil con el fin de debilitar la institucionalidad". 

Dijo que "si bien se trataba de las instalaciones de un club privado, las mismas venían siendo utilizadas con fines institucionales, sin particular consideración con los socios y trabajadores del lugar". 

Frente a esos testimonios, el Consejo de Estado asegura que "si bien se trataba de información preliminar que requería ser confirmada e investigada, ninguna diligencia se adelantó, lo que denota una clara omisión en particular dado el contexto del conflicto y sus claras repercusiones urbanas". Por eso condenó a la Fiscalía, al extinto DAS y al Estado porque "no obraron conforme a imperativos deberes de protección, seguridad y prevención, legal y constitucionalmente exigibles". 

Por las visitas frecuentes de altos funcionarios públicos para reunirse en El Nogal y por la forma en la que en él dormían ministros, el Consejo de Estado dice que hubo un riesgo, "sin las cautelas necesarias, al que fueron sometidos los socios del Club, sus trabajadores, invitados y en general, la población civil que desprevenida frecuentaba el lugar y sus alrededores". 

El riesgo se hizo  mayor, dice la corporación, porque en la época de los hechos hubo un incremento en el conflicto en la capital. Incluso, el Estado había declarado en un decreto del 11 de agosto del 2002 el Estado de conmoción interior. 

Recuerda la Corte que el mismo 7 de agosto del 2002, cuando se posesionó en la presidencia Álvaro Uribe Vélez, se detonaron cargas explosivas en el centro de la ciudad, dos de ellas en el Palacio de Nariño, lo que dejó 18 personas muertas y 52 heridas. Después de ese día hubo graves atentados en la capital. 

El fallo asegura que "conocida la permanente ejecución de atentados en la ciudad de Bogotá, y decretado el estado de conmoción interior, era de esperarse la actuación de las autoridades públicas conforme los deberes de cautela y precaución que ameritaban". Así, asegura que aunque no les resultaba posible predecir o anticipar los ataques de las Farc, esa carga no le podía ser atribuida a las víctimas, "máxime cuando las mismas autoridades posibilitan el traslado del objetivo militar al propiciar espacios distintos a las instalaciones oficiales, dotadas de la seguridad que sus funciones merecen, a establecimientos privados donde la intervención del Estado es limitada". 

Así, asegura que si en el Club se hospedaban personalidades importantes como la ministra de defensa Martha Lucía Ramírez, y el ministro del Interior Fernando Londoño, "era de esperarse la adopción de cautelas superiores a las utilizadas en las sedes de los ministerios e incluso en la Casa de Nariño", dice el fallo.  

¿El Club tiene responsabilidad?

El Consejo de Estado aseguró que no le corresponde definir la responsabilidad del Club ya que no fue una de las instituciones demandadas por las víctimas. Sin embargo, dijo que si se hubiera llevado a cabo un proceso contra esa empresa "muy seguramente se tendría que concluir su participación en el marco de la responsabilidad solidaria". 

Las razones del Consejo de Estado para hacer esas afirmaciones consisten en que aunque altos funcionarios visitaban el club, esta empresa privada nunca pidió apoyo para su seguridad, ni hizo planes de protección especial. 

El Club contrataba a una empresa de seguridad privada que autorizaba el ingreso de las personas y los automóviles. Las pruebas indicaron que el peso del carro-bomba y los explosivos que tenía pudieron haber sido detectados con caninos adiestrados y guiados con un entrenador. 

JUSTICIA

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