El asesinato del periodista y humorista Jaime Garzón Forero, registrado en agosto de 1999, fue una “ejecución extrajudicial” perpetrada por paramilitares aliados con agentes del Estado.
Así lo enfatizó el Consejo de Estado en un fallo de 69 páginas en el que fue condenada la Nación y que declara el crimen de Garzón Forero como un delito de lesa humanidad.
El asesinato, dice el alto tribunal, se dio en medio de un ataque generalizado y sistemático “propiciado y/o auspiciado desde la institucionalidad estatal, en contra de un grupo determinado de individuos con características políticas comunes, es decir, personas que pudieran tener algún tipo de vínculo con grupos subversivos (ONG, defensores de derechos humanos, periodistas, etc.)”.
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En la decisión, los magistrados consideran que es “inadmisible y censurable” la existencia de nexos entre la miembros de la Fuerza Pública y grupos ilegales.
Aunque el tribunal reconoce que Garzón había recibido amenazas del jefe paramilitar Carlos Castaño Gil, considera que su muerte no fue consecuencia “de un acto impulsivo o de venganza personal”, sino que estuvo secundada por miembros de la Fuerza Pública, “quienes intervinieron para perpetrar ese hecho”.
En el fallo el Consejo de Estado señaló que Garzón Forero fue objeto de actividades de seguimiento ordenadas por el exsubdirector del DAS José Miguel Narváez y el coronel Jorge Eliécer Plazas Acevedo, jefe de inteligencia de la brigada XIII del Ejército, y que esa información, que “apuntaría a vincular a este último (a Garzón), como colaborador de la subversión”, fue entregada a Castaño Gil.
Plazas Acevedo y Narváez ya fueron llevados a juicio ante un juez especializado de Bogotá por su presunta responsabilidad en el crimen del periodista.
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Y aunque aún no hay un pronunciamiento del juez en ese caso penal por el crimen de Garzón, el Consejo de Estado señala que “son evidentes” los nexos de Plazas Acevedo y Narváez con Castaño Gil y que es “innegable la participación de los primeros en el execrable crimen cometido en contra del periodista Jaime Garzón, el que facilitaron al suministrar información de sus conversaciones y movimientos”.
Los magistrados señalaron que desde el DAS se desplegaron maniobras para desviar la investigación y “ocultar los móviles y finalidades del homicidio” y que ni ese organismo de seguridad (que desapareció en octubre del 2011), ni el Ejército realizaron investigaciones disciplinarias internas para esclarecer la posible participación de algunos de sus agentes en el crimen.
“Siendo función del Estado a través de las Fuerzas Militares salvaguardar la vida de los ciudadanos, se torna inconcebible e infame que sus propios agentes establezcan alianzas con grupos ilegales con el fin de permitirles la comisión de delitos y facilitar su presencia y acción”, se lee en el fallo de Consejo de Estado, que manifiesta además la preocupación de los magistrados por el “crecido número de condenas contra el Estado colombiano” por nexos y colaboración entre integrantes de la Fuerza Pública y grupos paramilitares.
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Finalmente, el fallo da dos meses de plazo para que el comandante del Ejército y el director General de la Policía realicen un acto de excusas públicas a la familia del periodista.
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