Ordenan millonaria indemnización a familias de los diputados del Valle

Ordenan millonaria indemnización a familias de los diputados del Valle

Se deben pagar más de $ 23.000 millones por el asesinato en cautiverio de los 11 políticos.

Diputados del Valle

El 11 de abril de 2002, las Farc se tomaron la Asamblea del Valle del Cauca (Cali) y secuestraron a 12 diputados, 11 de ellos fueron asesinados en 2007 durante su cautiverio.

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Por: Justicia
15 de septiembre 2020 , 11:01 p. m.

La Nación deberá indemnizar por más de 23.000 millones de pesos a las familias de los 11 diputados del Valle que, tras ser secuestrados en 2002 por las Farc, fueron asesinados en cautiverio en 2007.

Así lo determinó el Consejo de Estado, que revisó una sentencia que había proferido el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca, que, en segunda instancia, negó la indemnización a las víctimas al revocar una decisión con la que en 2012 un juzgado de Cali declaró patrimonialmente responsable al Ministerio de Defensa y la Policía por esas muertes en cautiverio.

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Ante ello, el grupo de víctimas solicitó la revisión eventual de la sentencia, por lo que le correspondió al Consejo de Estado estudiar el caso.

En la nueva decisión, la alta corte invalidó la decisión del Tribunal del Valle y en su lugar emitió una nueva sentencia a favor de los familiares de los diputados, al considerar que el Tribunal no tuvo en cuenta algunas normas del DIH, ni precedentes del mismo Consejo de Estado sobre la responsabilidad del Estado por la omisión del deber de protección cuando el daño fue cometido por un tercero en el conflicto armado.

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En su análisis, el Consejo de Estado recordó que para la época el país vivía una grave situación de violencia que amenazaba a la población civil, la Fuerza Pública y a los líderes políticos, y que había una amenaza generalizada de secuestro como modo de presión de las Farc.

Igualmente, dijo que había una amenaza concreta contra los diputados, que en varias ocasiones habían pedido mayores medidas de protección al comandante de la Policía.
Pese a esto, en el proceso no se demostró que el Ministerio de Defensa ni la Policía hubieran incrementado las medidas de seguridad o enviando más policías para custodiar el recinto de la Asamblea. Por eso, para la alta corte hubo una omisión en el cumplimiento de los mandatos de protección y garantía del derecho a la seguridad personal de los diputados.

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Además, el Consejo de Estado dijo que es claro que la muerte en cautiverio fue “una consecuencia directa de la omisión del deber de protección que le asistía a la Policía, quien a través de su no actuar permitió que los exdiputados fueran tomados como rehenes, y de allí se creara el ambiente de desprotección para que en cualquier momento su vida se segara a manos de los captores. Si dicho incumplimiento no hubiese tenido lugar, el resultado podría haberse evitado”, se lee en el fallo.

La Policía, a través de su no actuar permitieron que los exdiputados fueran tomados como rehenes (...) Si dicho incumplimiento no hubiese tenido lugar, el resultado podría haberse evitado

Por eso condenó al Estado a indemnizar a las víctimas por un total de 23.004’340.598 pesos. Además, el Ministerio de Defensa y la Policía deberán realizar un acto público de aceptación de responsabilidad, petición de disculpas y reconocimiento a la memoria de los 11 diputados. Y construir un monumento conmemorativo en la Asamblea.

Como garantía de no repetición, la entidades también deben realizar capacitaciones en todos los comandos, batallones, unidades y patrullas militares en materia de procedimientos militares y policiales según los estándares convencionales y constitucionales.

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