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Ponencia en la Corte pide tumbar la cadena perpetua a violadores de niños
Abuso sexual infantil, abuso sexual de menores

Foto de una protesta contra el abuso sexual infantil, realizada en la plaza Bolívar, de Bogotá. 

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César Melgarejo. EL TIEMPO

Ponencia en la Corte pide tumbar la cadena perpetua a violadores de niños

Foto de una protesta contra el abuso sexual infantil, realizada en la plaza Bolívar, de Bogotá. 

Proyecto de fallo dice que se sustituyó un pilar de la Constitución de 1991: la dignidad humana.

La Sala Plena de la Corte Constitucional se apresta a tomar una de las decisiones más importantes del año: definir si da su visto bueno o tumba la reforma de la Constitución que habilitó la pena perpetua para los asesinos y violadores de niños, niñas y adolescentes en Colombia, la cual fue aprobada por el Congreso de la República en 2020, tras un arduo debate público sobre la medida, su efectividad e idoneidad.

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El asunto es de la mayor importancia pues no solo se trata de una propuesta de campaña del presidente Iván Duque, sino que en su momento la aprobación de la iniciativa fue calificada como histórica por sectores que consideran que es una herramienta clave para castigar drásticamente a los abusadores y asesinos de niños y que serviría para persuadir a futuros victimarios, con lo que se lograría una mayor protección de los menores de edad.

Al mismo tiempo, el proyecto generó una muy fuerte oposición y cuestionamientos de penalistas, universidades y centros de pensamiento que la calificaron de populista o cuestionaron su constitucionalidad. De hecho, la norma ha sido demandada 13 veces ante la Corte Constitucional. De nueve expedientes en curso, el más avanzado lo tiene la magistrada Cristina Pardo Schlesinger, quien ya repartió a sus ocho colegas de la Sala Plena su proyecto de fallo.

EL TIEMPO estableció que la ponencia pide declarar inconstitucional la reforma bajo el argumento de que la pena perpetua es violatoria del principio de la dignidad humana, que es un elemento fundante de la Constitución de 1991. “El Congreso de la República transgredió su poder de reforma al incluir la pena de prisión perpetua revisable en el artículo 34 de la Constitución, pues afectó un eje definitorio de la carta como lo es el Estado social y democrático de derecho fundado en la dignidad humana y, en consecuencia, sustituyó la Constitución”, dice el documento reservado.

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La postura que expone la magistrada Pardo, quien es de origen conservador y cristiano, va de la mano con la que expusieron en la demanda que presentaron los ciudadanos Manuel Alejandro Iturralde Sánchez, Mario Andrés Torres y Juan Pablo Uribe, miembros del Grupo de Prisiones de la Universidad de los Andes, y la cual le correspondió estudiar por reparto.

Según los demandantes, la dignidad humana “es el presupuesto esencial de la consagración y efectividad del sistema de derechos y garantías contemplado en la Constitución, presupuesto que además garantiza la autonomía e identidad del ser humano”. Y, por tanto, “es un atributo esencial e inherente a todas las personas y no es posible perderla bajo ninguna circunstancia”.

Los demandantes expresaron que ya la misma Corte Constitucional ha reconocido el derecho a la resocialización como una forma de garantizar la dignidad humana de las personas privadas de la libertad. En ese sentido, exponen, durante el tratamiento penitenciario, el Estado tiene la obligación de garantizar la autonomía y libertad de conciencia de los condenados, incluyendo a los responsables de crímenes innombrables contra menores de edad, “así como de darles los medios, si así lo desean, para rehacer sus vidas y reintegrarse a la sociedad como ciudadanos con un proyecto vital y dispuestos a respetar las normas jurídicas y sociales”.

Lo anterior, afirman, no es posible con esta medida, a pesar de que la misma podrá ser revisada a los 25 años “para evaluar la resocialización del condenado”. Según la demanda, “penas mínimas de 25 años, al ser tan largas, conllevan un proceso de prisionización que viola la dignidad del ser humano al anular su autonomía como sujeto moral, además de causarle daños irreversibles en su salud física y mental”.

La ponencia de la magistrada Pardo enfatiza en que la prisión perpetua genera efectos gravísimos “para la dignidad humana de la persona condenada y al sistema penitenciario actual”.

Además, asegura que esta no es una medida proporcional ni efectiva. “La pena de prisión perpetua revisable incluida en el artículo 34 de la Constitución no es una medida idónea para asegurar la protección de los niños, niñas y adolescentes víctimas de los delitos que regula”, agrega la ponencia, que será objeto de debate desde esta semana en la Sala Plena de la Corte Constitucional y que ya está en el orden del día del tribunal.

Tras ser discutida la ponencia de la magistrada Pardo, será votada por todos los magistrados de la Sala Plena, que tendrán que definir si acompañan su postura o si esta es vencida. Se espera un arduo debate en el seno de la Sala Plena, la cual ha recibido numerosos argumentos y conceptos de distintas aristas políticas y académicas sobre este asunto que ya tiene ley reglamentaria.

Los puntos de vista

Precisamente, al sancionar la ley ‘Gilma Jiménez’ que reglamentó la cadena perpetua, llamada así en honor a la excongresista que dedicó su vida a promover castigos más severos para violadores de niños, el presidente Iván Duque calificó esta medida como “el paso más importante en la protección de los derechos de los niños en nuestro país. Hoy quedan advertidos los que pretendan incurrir en estos delitos”.

“Es la demostración más grande de que en Colombia se pueden alcanzar triunfos colectivos, que más allá de pertenecer a partidos, a organismos, a entidades, hay algo más sublime y es el propósito de país, y sobre todo, el propósito de proteger y de tutelar los derechos de los niños, niñas y adolescentes”, dijo el Presidente.

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El gobierno en pleno apoyó desde el principio la pena perpetua y así lo ha defendido ante los críticos y ante la Corte Constitucional. El Ministerio de Justicia, encabezado por Wilson Ruiz Orejuela, le dijo al alto tribunal que la norma no sustituyó la Constitución y que su aplicación siempre irá de la mano de la dignidad humana y los derechos de las personas que sean encontradas responsables, en el marco del debido proceso, “de cometer conductas dolosas inhumanas impropias de la dignidad inherente del ser humano, en que se han comportado como depredadores de los más caros derechos de los menores de edad”.

“Sumado a ello, la garantía de la revisión automática de la pena excepcional de prisión perpetua luego de 25 años del inicio de su ejecución es garantía de que el victimario condenado se resocialice y abandone su voluntad de comportarse como un vulnerador de las personas menores de edad, podrá recobrar su libertad y reintegrarse a la vida social”, dijo el ministerio. Agregó que “no se derogó ni sustituyó el principio de dignidad humana, en tanto que la eventual aplicación excepcional de la pena perpetua se hará bajo el imperio de la Constitución” y señaló que el límite de los 25 años es acorde al estándar de la Corte Penal Internacional.

La Defensoría del Pueblo aseguró que la reforma no sustituye a la Constitución, pero alertó sobre el impacto de la medida en medio de una crisis carcelaria. “Esta entidad hace un llamado a la Corte para que defina los criterios que deben orientar la revisión de la condena (a los 25 años), de modo que esta corresponda de forma estricta con la modalidad y gravedad del delito cometido y sea coherente con el derecho penal de acto que se deriva del debido proceso”, indicó.

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A su turno, la Procuraduría señaló que la pena perpetua sí es “proporcional dada la entidad de las conductas reprochadas, la necesidad de una especial protección del interés superior de las víctimas menores de edad, así como la posibilidad de resocialización de las personas condenadas que se asegura mediante la revisión de la pena”.

No existe certeza de que la implementación de la cadena perpetua revisable tenga como efecto real la disminución de las tasas de criminalidad en beneficio de las niñas, niños y adolescentes

En la otra orilla, el exministro de Justicia Yesid Reyes argumentó que la reforma debe declarase inconstitucional porque no cumple con los fines de resocialización de la pena, ni va de la mano con el deber del Estado de reinsertar al sentenciado a la sociedad ni de prevenir este tipo de delitos. “Como la prisión perpetua no se reduce a devolver un mal proporcional al delito cometido, sino que busca inocuizar al condenado para que a futuro no vuelva a cometer delitos, se lo está castigando por la sola probabilidad de que llegue a delinquir, y no por el hecho punible efectivamente cometido. Y eso es contrario a la Constitución”, dijo.

La Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia (Coalico) dijo a la Corte que la pena perpetua no solo vulnera la dignidad humana sino que podría implicar más hechos de violencia para menores en zonas de conflicto por parte de actores armados.

“No existe certeza de que la implementación de la cadena perpetua revisable tenga como efecto real la disminución de las tasas de criminalidad en beneficio de las niñas, niños y adolescentes. Por el contrario, tanto la experiencia de la Coalico como cierta evidencia científica conllevan a pensar que se generará un “efecto de brutalización” que afectará en una mayor medida a las niñas, niños y adolescentes que se busca proteger”, dijo.

El crucial debate en la Corte Constitucional se inicia cuando aún no se ha emitido la primera condena por hechos como los que son penalizados en la norma aprobada. Y, cualquiera sea la decisión, es claro que va a generar controversia.

ALEJANDRA BONILLA MORA
Redactora de Justicia
En Twitter: @AlejaBonilla
justicia@eltiempo.com

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