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Cortes

Ministerio de Justicia lanzó hoy un Observatorio de Política Criminal

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Le permitirá al Gobierno tomar decisiones en esta materia basándose en evidencias.

Redacción El Tiempo
 Su papel será recopilar información, elaborar estudios, hacer análisis sobre las normas y jurisprudencia de la política criminal, seguimiento a la situación de las cárceles, promoción de estrategias para prevenir el delito, y monitoreo sobre el delito
Para esta decisión se partió del hecho de que hasta ahora las medidas en política criminal han sido principalmente reactivas y no han tenido fundamentos empíricos.
Esto ha llevado, según reconoce el mismo Ministerio de Justicia, a que las medidas para hacer frente a la situación carcelaria sean tomadas "sin tener una evaluación de impacto previo y posterior, sin seguimiento de las consecuencias sobre los fenómenos de la criminalidad y violencia, el sistema normativo, y los operadores del sistema penal, penitenciario y carcelario".
Así, la Comisión Asesora para la Política Criminal ha dicho que la falta de información ha sido el problema estructural para afrontar la crisis carcelaria.
Adriana Romero Sánchez, coordinadora del Observatorio de política criminal, afirmó que este observatorio será una herramienta
"para tomar mejores decisiones. Se trata de un observatorio en acción que presentará importantes resultados tras un trabajo de dos años".
Así, el Observatorio arranca con dos estudios: Una línea base sobre el goce de derechos de las personas privadas de la libertad en cárceles, y otra de cómo están los menores en el sistema penitenciario adolescente.
La Comisión Asesora asegura que "no tener datos suficientes sobre la realidad de los problemas criminales, llevaba a que la política terminara siendo incoherente, pues no podía dar respuesta a los proboemas sociales".
Algunos hallazgos
Romero asegura que uno de los hallazgos del observatorio es que la resocialización en el país "tiene aspectos muy positivos para atender a los condenados pero no a los sindicados. La presunción de inocencia hace que los sindicados no accedan a esos programas"
Agregó que se está trabajando con la Uspec y el Inpec para "la garantía del derecho a la salud, con el fin de robustecer los datos sobre qué pasa con la salud de los presos".
"En términos de atención jurídica tenemos muchos aspectos en el sistema penitenciario que a veces son desconocidos como el acceso a beneficios administrativos, subrogados penales, etc", dijo.
A finales de este mes el Observatorio publicará un estudio con las principales conclusiones del sistema de información.
Sobre el estudio de la Contraloría General que indica que la política criminal ha fracasado en los últimos 20 años a la hora de atender la crisis carcelaria, Romero aseguró que el "conpes 3828 desarrolla ampliamente esa cuestión. Colombia ha duplicado en los últimos años la capacidad penitenciaria. Tal vez no sería tan preciso afirmar un fracaso de las estrategias".
Redacción El Tiempo
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