A cinco años de terminar la vigencia de la Ley de Víctimas, la Comisión de Seguimiento, integrada, entre otros, por la Procuraduría, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo y representantes de las víctimas, aseguró que las metas trazadas para la atención, asistencia y reparación de las víctimas en el país se quedó corta, por el elevado número de personas que se inscribió en el Registro Único de Víctimas.
La Comisión de Seguimiento y Monitoreo de la Ley 1448 de 2011, en su tercer informe 2015–2016 que fue presentado este martes en las instalaciones de la Procuraduría, advirtió "graves fallas en su implementación, mínimos avances de la política de atención y reparación. (...) falta de caracterización, participación efectiva de las víctimas y desfinanciación de los planes y programas que la puedan implementar".
En la reunión se hizo especial énfasis en la falta de conexión entre las necesidades de las víctimas y la oferta y generación de ingresos y empleo. Se recordó que el Estado debe centrar sus esfuerzos en garantizar medidas que fortalezcan y optimicen las capacidades productivas y de empleo de las víctimas.
De acuerdo con el informe, en el ámbito urbano, por ejemplo, "se tiene que con la focalización y regionalización de los recursos efectuada por el Ministerio del Trabajo en los programas de emprendimiento y formación para el trabajo, la cobertura para la vigencia 2016 de las necesidades identificadas en esta materia es tan solo del 0,91 por ciento y 2,46 por ciento respectivamente". También se señalaron aglunas dificulatades de articulación entre los ministerios del Trabajo y de Agricultura para liderar la política de generación de empleo y avance en la estabilización socioeconómica de las víctimas.
Respecto a la restitución de tierras, la Comisión indicó que no hay una política clara para atender a los segundos ocupantes y tampoco para garantizar la seguridad de los territorios al regreso de las víctimas.
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