Desde la semana pasada se empezó a hablar sobre el cierre del programa periodístico con el que Pirry volvería a la televisión y que sería transmitido por 'RCN'. La versión más fuerte es que una investigación que adelantaba la periodista Diana Salinas sobre el actual presidente del Congreso, Mauricio Lizcano, tendría que ver con el cierre, algo que la cadena de televisión ha negado.
Este miércoles en 'La W Radio', la periodista Salinas reveló que la investigación gira en torno a un predio en Guamerú, Risaralda, comprado por el senador Lizcano y su padre Óscar Tulio Lizcano, en donde habían proyectado la construcción de una estación de gasolina.
La familia también se hizo a dos lotes más en la vereda El Callao, que fueron compradas en el mismo paquete.
El predio, de 51 hectáreas y que fue adquirido por la familia Lizcano en el 2012 por 306 millones de pesos, cuando él ya era senador de la República, cuenta con una medida cautelar por una solicitud de la Unidad de Restitución de Tierras que lo pide por ser objeto de un despojo a una familia.
En efecto, la tierra está a nombre de Blanca Ofelia Correa y Juan Fernando Acosta, quienes están desaparecidos desde el 3 de noviembre de 1996 y cuyos familiares han pedido la restitución.
Según Salinas, el predio primero pasó por un proceso de remate y luego, como primeros compradores, salen los nombres de los Lizcano.
La periodista afirma que son varios los lunares del proceso. Por ejemplo, que Lizcano siendo senador de la República habría tramitado permisos y licencias ambientales, de construcción, entre otras para el montaje de la estación de gasolina.
Uno más tiene que ver con que a pesar de que, según ella, la familia del senador sabía sobre el despojo de esa tierra y la reclamación ante la Unidad de Restitución, se siguió adelante con el proceso para la construcción de dicha bomba de gasolina.
"La familia Lizcano –al parecer– sí tuvo conocimiento de esta historia, pues así quedó consignado en un documento oficial. Martha Lizcano –madre del congresista– dijo en diligencia de entrevista ante la Unidad de Restitución que había tenido conocimiento de que la pareja estaba desaparecida, que el predio había sido objeto de remate y que uno de los lotes estuvo en arriendo a través de M H Pineda", indicó la periodista.
La construcción de la estación de gasolinaOtro lunar sería que varias instituciones como la ANI, Invías y la Carder (Corporación Autónoma Regional de Risaralda) tramitaron y dieron permisos para que se siguiera adelante con el proyecto de la estación de gasolina, a pesar de las medidas cautelares pedidas por la Unidad de Restitución que quedan consignadas en las matrículas inmobiliarias del predio.
“El 20 de enero (de 2017), la familia Lizcano insiste ante la ANI para sacar adelante la licencia de construcción y esa agencia no advirtió ningún conflicto de interés y trasladó ese permiso a al Consorcio Pacífico III (encargado de la autopista Panamericana por donde estaría la estación de gasolina), a pesar de la existencia de esas medidas cautelares”, precisa Salinas.
Según la periodista, Guamerú queda ubicado en un sitio que llama el 'Triángulo de Oro', porque lo atraviesa la vía Panamericana que conecta con Medellín, Manizales y Bogotá. Al ser un negocio de un tercero con entidades públicas, esto haría caer en una falta al senador, porque los congresistas "están inhabilitados para tener negocios con el Estado".
"El punto como tal tiene tradición minera informal de oro. Literal, es oro puro. La finca Guamerú da, por un costado, al río Cauca y por el otro, directamente a la carretera Panamericana que pronto será una autopista, cuya concesión se llama Pacífico 3", indicó.
Los trámites se adelantaron en varias instituciones aún cuando en el 2014 ya aparecían "las primeras huellas de la petición de restitución de tierras en los documentos del predio de Lizcano", apunta Salinas.
“Yo era el más interesado en que esa investigación saliera”El presidente del Congreso también habló para 'La W Radio' y afirmó que “no tiene nada que ver con el cierre del programa de Pirry”.
“Yo era el más interesado en que esta investigación saliera Y voy a insistir en algo: no tuve ni tengo nada que ver con el cierre del programa de Pirry”, dijo Lizcano.
Según el congresista, hace dos semanas se enteró de la investigación a través del concejal del Partido Verde, Carlos Mario Marín, quien le habría comentado que se estaba adelantando esas indagaciones.
(Lea también: Lizcano y concejal enfrentan versiones sobre aviso en caso de Pirry)
Sin embargo, el mismo Marín afirmó también para 'La W Radio' que fue el senador Lizcano el que le preguntó si alguien había preguntado sobre él y además indicó que “se debería investigar” la relación del senador con el grupo Ardilla Lulle, al parecer financiador de su campaña al Congreso. Lizcano, lo desmintió.
“Díganle que diga la verdad. No hay nada de malo en que usted confirme en que me contó sobre esa investigación”, dijo Lizcano.
Y agregó: “Nunca hablé con Iván Lizcano del grupo Ardilla Lulle y tampoco es cierto que sea mi familiar (…); tampoco hablé con Gabriel Reyes (presidente del grupo Ardilla Lulle)”, indicó.
Sobre lo del predio de Guamerú, Lizcano afirmó que en efecto su padre le planteó en el 2010 la posibilidad de adquirir una finca que estaba siendo vendida por una inmobiliaria.
“Mi papá me dice que hay una inmobiliaria y que está vendiendo ese predio donde ve una oportunidad de negocio. Como consta, yo vendí el apartamento de Manizales para que pudiéramos comprar esa tierra y en el futuro montáramos una bomba de gasolina”, explicó.
Según Lizcano, su familia siempre estuvo tranquila sobre esa compra.
“Nosotros lo compramos en el 2012. Contratamos a un abogado que hace un estudio de título, nos damos cuenta de que viene de un remate y eso nos dio tranquilidad. Bien se sabe que es un juez quien remata un predio, y por eso no le vimos ningún problema”, indicó.
El congresista precisó que ninguna persona de su familia conocía sobre el despojo de esta tierra.
“Cuando ya estábamos muy avanzados en el proceso para la construcción de la bomba nos demandan ante la Unidad de Víctimas pidiendo la restitución de tierras. Está claro en todo el documento que somos compradores de buena fe. Es decir, ¿qué íbamos a saber sobre algo que pasó hace 30 años con la desaparición de los propietarios?”, señaló.
Lizcano también aclara que no hubo tráfico de influencias y que no se puede “satanizar” a su familia por hacer negocios privados.
“Este es un negocio netamente privado, no es un licitación. Cinco años y ni siquiera tenemos los permisos. ¿Dónde está el tráfico de influencias? ¿Dónde está la información privilegiada? Uno no puede satanizar que mi papá o mi familia no puedan hacer negocios privados. Nosotros no estamos robándole al Estado, ni estamos contratando con el Estado”, afirmó.
Lizcano también dijo que él mismo pedirá una investigación ante la Procuraduría y la Corte Suprema de Justicia para que determine su actuar.
“Estoy supremamente tranquilo con este tema. Es más, voy pedir yo mismo la investigación, que me la abran porque el país tiene que saber que el presidente del Congreso y su familia son honorables”, dijo.
ELTIEMPO.COM*
Con información de las entrevistas de 'La W Radio'.
