El 22 de septiembre de 2020 la Corte Suprema de Justicia emitió una histórica sentencia que determinó que en Colombia existió y existe una "una reiterada y constante agresión desproporcionada de la fuerza pública respecto de quienes, de manera pacífica" se manifiestan en Colombia.
Dicho fallo ordenó la adopción de acciones para garantizar el ejercicio del derecho a la protesta pacífica y no destructiva y la implementación de protocolos para la reacción, uso y verifiación de la fuerza legítima del Estado, entre otros. Organizaciones de Derechos Humanos le solicitaron a la Corte declarar en desacato al Gobierno de tal determinación.
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La petición se presentó luego de una semana de Paro Nacional que deja por lo menos 24 personas fallecidas. Ya la Fiscalía anunció la judicialización de varios policías por tres homicidios.
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"Observamos con profunda preocupación que continúa la estigmatización frente a quienes, sin violencia, salen a las calles a cuestionar, refutar y criticar las políticas gubernamentales", indicaron organizaciones como El Veinte, Humanidad Vigente, el
Coorporación Colectivo de Abogados, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, la Comisión Colombiana de Juristas, el Centro de estudios de derecho, justicia y sociedad (Dejusticia), la Fundación para la Libertad de Prensa y dhColombia.
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"Continúa también el uso desproporcionado de la fuerza, el uso de armas letales y el uso inadecuado de armas potencialmente letales en medio de las protestas, las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas, los tratos inhumanos, crueles y degradantes, el irrespeto a los derechos a la vida y la integridad personal y los ataques contra la libertad de expresión y de prensa", indicaron.
Por esa razón, le solicitaron a la Corte que se declare desacato e incumplimiento de la sentencia que protegió el derecho a la protesta y que se suspender la asistencia militar; la disolución por la fuerza de las manifestaciones; el uso de armas de fuego; y la actuación del ESMAD.
"También pedimos que la fuerza pública, Procuraduría, Defensoría, la Fiscalía y el Gobierno entreguen los informes sobre los avances en las investigaciones disciplinarias y penales contra miembros de la Policía Nacional", indicaron.
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Las organizaciones destacaron que en dicha sentencia, la Corte dijo que las actuaciones de la Fuerza Pública "sin control ni rendición de cuentas adecuados, representan un riesgo, una amenaza seria y actual para quien pretenda salir a movilizarse para expresar pacíficamente sus opiniones porque su actuar, lejos de ser aislado, es constante y refleja una permanente agresión individualizable en el marco de las protestas”.
Las organizaciones le pidieron a la Corte que ordene a todas las autoridades de policía que se abstengan a disolver por la fuerza las protestas "hasta tanto se evidencie que están en capacidad de hacer un uso moderado y proporcional de la fuerza".
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Igualmente, pidieron que se ordene al Defensor del Pueblo entregar la lista de los comandantes de las unidades de la Policía Nacional que han realizado control de las manifestaciones entre el 28 de abril hasta hoy en todo el país.
Así como informes completos sobre los avances en las investigaciones disciplinarias y penales contra miembros de la Policía Nacional, "especialmente en lo tendiente a la identificación de una actuación sistemática, arbitraria y violenta de la fuerza pública en manifestaciones públicas desde los hechos del 19 de noviembre del 2019".
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