Piden a la CIDH medidas cautelares para Alberto Santofimio

Piden a la CIDH medidas cautelares para Alberto Santofimio

Defensa del exsenador dice que se violan sus derechos al mantenerlo en prisión por no pagar deuda.

Alberto Santofimio Botero

El excongresista fue condenado a 24 años de prisión por el asesinato de Luis Carlos Galán.

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Héctor Fabio Zamora / Archivo EL TIEMPO

Por: Justicia
01 de agosto 2019 , 07:32 p.m.

Por presuntamente violar los derechos fundamentales del excongresista Alberto Santofimio, su defensa presentó una solicitud de medidas cautelares antes la CIDH para que se le proteja. 

De acuerdo con Ricardo Cifuentes, defensor del exsenador, condenado a 24 años de cárcel por el homicidio de Luis Carlos Galán, a Santofimio se le está aplicando al "prisión por deudas", algo que no es permitido por la Comisión Americana de Derechos Humanos.

Hace tres meses un juzgado de ejecución de penas de Bogotá le revocó a Santofimio la prisión domiciliaria de la que estaba gozando y lo envió a la cárcel La Picota por no haber cumplido con la indemnización a las víctimas.

Santofimio fue condenado en 2007 a una pena de prisión de 24 años de cárcel por el maginicidio y le habían ordenado un pago por perjuicios materiales de más de 1.700 millones de pesos por la muerte de Galán, sumado a otro de más de 230 millones por la muerte del escolta Santiago Cuervo.

De acuerdo con la defensa del exsenador, él  "ha cumplido con los requisitos previstos en la ley colombiana para obtener el beneficio de libertad condicional como quiera que ha sido expedido certificación de buena conducta expedida por el Inpec y ha pagado las 3/5 partes de la pena, siendo estos, los dos únicos requisitos previstos en la ley para obtener el beneficio de libertad condicional". 

Por lo demás se debe resaltar que las victimas de manera pública y reiterada han manifestado que renuncian a cualquier indemnización de carácter pecuniario

El abogado Cifuentes agregó que Santofimio no ha pagado la indemnización porque desde hace mas de 10 años se encuentra preso sin poder trabajar en su profesión de abogado, y porque se trata de una alta suma de dinero que supera los 1.500 millones de pesos.

"Por lo demás se debe resaltar que las victimas de manera pública y reiterada han manifestado que renuncian a cualquier indemnización de carácter pecuniario", señaló el defensor. 

Para Cifuentes, la negación de los beneficios que ha sostenido el juzgado de ejecución de penas es un encarcelamiento por el no pago de una deuda y "constituye un encarcelamiento arbitrario" además de violatorio del numeral 7 del artículo 7 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que establece que "nadie será detenido por deudas”.

JUSTICIA
En Twitter: @JusticiaET

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