Recta final de demanda de Petro contra Colombia en la Corte IDH

Recta final de demanda de Petro contra Colombia en la Corte IDH

Decisión podría repercutir en facultades de la Procuraduría, Consejo de Estado y el Congreso.

Gustavo Petro

Gustavo Petro, senador y excandidato presidencial.

Foto:

César Melgarejo. EL TIEMPO

Por: Justicia
05 de febrero 2020 , 07:23 a.m.

Este jueves comienza la recta final de una demanda de Gustavo Petro contra Colombia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos por las inhabilidades y sanciones a personas elegidas popularmente, algo que no solo repercute en facultades, por ejemplo, de la Procuraduría para sancionar a alguien, sino que podría tener efectos en procesos de pérdida de investidura en el Consejo de Estado y hasta juicios contra presidentes llevados a cabo por el Congreso.

En una única audiencia que se realizará en Costa Rica el 6 de febrero, desde las 9 a. m., la Corte escuchará a los testigos y los alegatos finales de ambas partes, y posteriormente habrá un periodo de algunos meses para que tome su decisión.

Este proceso comenzó en 2013 por una petición que le envió Petro a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos alegando que la inhabilidad de 15 años que en 2013 le impuso la procuraduría de Alejandro Ordóñez por su esquema de basuras violó la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH). 

Aunque el 15 de noviembre del 2017, la sala plena del Consejo de Estado tumbó la inhabilidad, la demanda siguió su curso en el Sistema Interamericano de DD. HH.  Petro argumentó en su momento que se habían violado sus garantías, basándose en el artículo 23 de la CADH, que establece que los derechos políticos de los ciudadanos elegidos popularmente solamente pueden limitarse en un proceso penal. 

(Le puede interesar: La respuesta de la Cancillería a Petro por caso Guaidó)

Camiones de basura Petro

La Contraloría multó a Petro con casi 40.000 millones de pesos por los vehículos que no pudieron ser usados.

Foto:

archivo EL TIEMPO

Camiones de basura Petro

Al final varios de los vehículos debieron ser desmantelados por su deterioro.

Foto:

Archivo EL TIEMPO

Camiones de basura Petro

En 2013 llegaron a Cartagena algunos de los camiones de basura que integrarían el nuevo esquema de aseo de Gustavo Petro. Varios presentaban señales de deterioro.

Foto:

Archivo EL TIEMPO

El exalcalde también dijo que unas sanciones fiscales de la Contraloría habían violado sus derechos. Para el esquema de aseo público que había diseñado Petro, Aguas de Bogotá adquirió 218 vehículos, de los cuales solo 123 fueron usados para la prestación del servicio de aseo, y el patrimonio del Distrito sufrió un detrimento equivalente al valor de los camiones que no se pudieron usar, por eso la Contraloría lo multó con cerca de $ 40.000 millones.

En agosto del 2018, la Comisión envió su informe final a la Corte IDH, e indicó que las sanciones efectivamente violaron los derechos políticos de Petro, pero aunque el informe de la Comisión es el punto de partida de la Corte, este tribunal es el que debe decidir de fondo sobre la demanda.

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Si en su fallo la Corte ratifica que las sanciones que limiten derechos políticos de alguien elegido popularmente solo pueden tomarlas autoridades penales en una condena, Colombia se vería obligada a revisar no solo las facultades de la Procuraduría, sino que se afectarían facultades del Consejo de Estado y hasta del Congreso para llevar a cabo juicios contra el Presidente de la República.

Qué dice el Estado colombiano

Aunque Petro ha insistido en que las leyes vigentes en Colombia violan la CADH pues se permite que en procesos no penales se limiten los derechos políticos de personas elegidas popularmente, para la defensa de Colombia, en cabeza de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado (Andje), no hay un estándar internacional que diga que el único mecanismo legítimo para sancionar a alguien sea un proceso penal.

Si la Corte falla en favor de Petro, habría graves consecuencias para los países de la región, pues ninguna autoridad no penal podría destituir o suspender funcionarios, también se afectarían entidades de control fiscal y disciplinario y ningún funcionario podría ser suspendido o sancionado por una conducta que no tenga un carácter estrictamente penal.

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Incluso se señala que en Colombia esto podría llegar a afectar hasta al Consejo de Estado, puesto que es la máxima autoridad contenciosa administrativa y la competente para conocer procesos de pérdida de investidura adelantados contra congresistas, los cuales no son penales sino administrativos.

Además, se plantea que también se podría afectar la competencia que varios países les han dado a sus órganos legislativos para adelantar juicios contra los presidentes de la república, pues esos procesos pueden terminar en una suspensión o destitución de un mandatario.

JUSTICIA
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