La Corte Constitucional determinó que solo al cumplir la mayoría de edad las personas que hayan sido adoptadas pueden solicitar información sobre su proceso de adopción y origen familiar.
"Esta decisión deja en firme lo contenido en el artículo 75 del Código de Infancia y Adolescencia, pues la Corte encontró que esta restricción es adecuada para proteger al menor del impacto que dicha información pueda tener dentro de su formación, hasta tanto él mismo tenga la madurez necesaria para afrontarla", afirmó el alto tribunal.
El Código establece que todos los documentos del proceso de adopción tienen una reserva de 20 años a partir de la ejecutoria de la sentencia judicial y de ellos solo se podrá expedir copia si los padres lo solicitan directamente o si la persona adoptada lo hace luego de llegar a la mayoría de edad.
En esa misma decisión, la Corte determinó que el límite de esperar a la mayoría de edad se acompasa con lo expresado en el artículo 76 del Código de Infancia respecto de que todo adoptado tiene derecho a conocer su origen y el carácter de su vínculo familiar y que los padres adoptantes están en facultad de juzgar el momento más apropiado, respetando el principio del interés superior del menor, para revelarle al hijo adoptado los asuntos de su proceso de adopción.
En este sentido, el alto tribunal reafirmó que los menores deben ser objeto de protección y restitución de derechos no solo cuando estén en peligro sino que “deben prevenirse y evitarse injerencias desproporcionadas en todas las etapas de su vida, con el fin de preservarlos de cualquier afectación a su desarrollo armónico e integral”, indicó la decisión.
En otro pronunciamiento, la Corte determinó que los padres de menores que estén en proceso de adopción pueden visitarlos. De este modo, el alto tribunal resolvió una tutela interpuesta en 2017 por una defensora de familia que argumentó que la decisión del Juzgado Octavo de Familia de Bucaramanga de permitir visitas parentales cada 15 días a una joven de 17 años, quien estaba en proceso de adopción, violó el debido proceso y los derechos de la menor, pues, según la defensora, con la declaratoria de adoptabilidad los progenitores pierden todos los derechos frente a sus hijos.
La tutela fue negada por el Tribunal Superior del Distrito de Bucaramanga tras considerar que se respetaron los derechos de la menor y de sus padres, al punto de que la joven fue entrevistada por el juzgado y ella misma manifestó querer seguir en contacto con sus padres biológicos; además de que los padres no se habían opuesto a la declaratoria de adoptabilidad.
En esa providencia, el Tribunal también aclaró que, según lo previsto en los artículos 107 y 108 del Código de la Infancia y la Adolescencia, el único efecto de la declaratoria de adoptabilidad de un menor es la pérdida de la patria potestad, mientras que con la adopción sí se extingue todo parentesco de consanguinidad.
En su decisión, la Corte confirmó lo fallado por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, respecto de los efectos de la declaratoria de adoptabilidad en la pérdida de patria potestad.
Por otro lado, el alto tribunal consideró que permitir la visita de los padres a la menor iba en pro de garantizar el bienestar sicológico de la misma, pues ella había manifestado cariño a sus progenitores.
“El hecho de que los padres hayan perdido la patria potestad a causa de la declaratoria de adoptabilidad no significa que se deba cortar de manera abrupta la relación paterno-filial, pues existe entre SFZS (la menor) y sus progenitores cariño y afecto, por lo que, de mantenerse el contacto, permitiría garantizar el bienestar sicológico de la menor”, dijo la Corte.
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