Secciones
Síguenos en:
Paro nacional: historia de decisión de tribunal de aplazar protestas
Paro nacional Suba 2

En esta zona de la capital se registraron los primeros desmanes de la jornada tras la llegada tanto de las autoridades como del Esmad.

Foto:

Mauricio Moreno. EL TIEMPO

Paro nacional: historia de decisión de tribunal de aplazar protestas

Tribunal dijo que manifestaciones deben parar hasta que haya inmunidad de rebaño frente al covid-19.

Este martes, un día antes de las protestas convocadas para el 28 de abril, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca expidió un auto con una medida cautelar que ordenaba aplazar las manifestaciones convocadas por la ciudadanía en protesta por la reforma tributaria, entre otros temas.

Esa medida, que no fue muy bien recibida, se tomó dentro de una tutela de octubre de 2020, ¿cómo es que esa tutela, que pedía proteger el derecho a la protesta, terminó en una decisión que, según las críticas, busca limitarla?

(Le sugerimos leer: Paro nacional: ¿Hay sanciones si incumple orden de aplazar protestas?)

Para explicarlo hay que regresar a las protestas del 9,10 y 11 de septiembre del 2020, tras el homicidio, a mano de policías, del ciudadano Javier Ordóñez. En medio de esas protestas más de 10 personas murieron, varias de ellas productos de impactos de bala que pudieron haber provenido de policías, según investiga la Fiscalía. 

Luego de esas muertes en medio de las protestas, Valentina Arboleda García y Diego Alejandro Huérfano Miranda interpusieron una tutela en la que pedían proteger los derechos a la vida, a la libertad de expresión y a manifestarse públicamente en las protestas sociales.

Sus derechos fueron amparados por  la Subsección B de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que el 5 de octubre profirió fallo de tutela y su complementario de 13 de octubre en el que dispuso varias medidas.

(Le recomendamos: Tribunal de Cundinamarca ordena aplazar protestas en Colombia)

Ese fallo de tutela, que fue confirmado por el Consejo de Estado el 18 de febrero de 2021, ordenó al presidente Iván Duque, al entonces ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo, y al entonces director de la Policía, general Óscar Atehortúa elaborar un protocolo que a corto plazo incluyera medidas más urgentes que garanticen el derecho de los ciudadanos a manifestarse públicamente.

La decisión dio a la mesa de trabajo -conformada luego de un fallo de la corte Suprema que ordenó proteger la protesta- un plazo de 10 días para entregar el protocolo antes de la realización de la primera próxima protesta que se autorice llevar a cabo.

La sentencia de tutela acogía, precisamente, el fallo de la Corte Suprema sobre un protocolo para los miembros de las fuerzas armadas durante manifestaciones y protestas públicas con el respeto y garantía a la protesta pacífica.

(En contexto: El intenso debate jurídico que abrió fallo de la Corte sobre protestas)

Pero seis meses después, el Tribunal Administrativo hizo un seguimiento al tema y encontró que los informes que enviaron las autoridades accionadas no mostraban avances sobre esos protocolos para el uso de la fuerza pública ni el manejo de los sindicatos del trabajo para ejercer el derecho a manifestarse pacíficamente, ni se advertían protocolos de bioseguridad para impedir la expansión de la pandemia.

Debido a ello, abrió para estudio un incidente pare verificar si las autoridades cumplieron o desacataron su fallo de octubre de 2020. En este incidente vinculó al presidente Duque; al Ministro de Defensa actual, Diego Molano Aponte; al actual director de la Policía, general Jorge Luis Vargas; y a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López.

La tensión vino porque su decisión no se quedó ahí sino que, además de verificar el cumplimiento de su fallo de tutela de octubre pasado, que era frente a hechos de las protestas de septiembre de ese año, el Tribunal adoptó medidas frente a las protestas convocadas para esta semana.

(Lea también: Organizaciones y expertos critican decisión que suspende marchas)

En materia de movilidad sobre la calle 26, en Bogotá, este 28 de abril está bloqueado el carril occidente oriente.

Foto:

@cesarmelgarejoa

El tribunal, al estimar que no se habían hecho los protocolos pedidos y citando varias publicaciones de medios de comunicación que hablaban del pico de la pandemia, el alza de contagios y muertes, y la escasez de UCI en hospitales, decidió que para proteger los derechos a la salud, la vida y la salubridad pública de todos los colombianos, de las personas de tercera edad, de los niños y de todo el personal médico había que aplazar las manifestaciones.

En ese sentido, en una medida cautelar ordenó el aplazamiento de las protestas de este 28 de abril y primero de mayo "hasta tanto se implemente un protocolo de bioseguridad o se alcance la inmunidad de rebaño con la vacunación contra la pandemia de covid-19". Esa inmunidad, estimó, se daría cuando más del 70 por ciento de la población estuviera vacunada.

De acuerdo con la magistrada que tomó la medida cautelar, con la medida no se restringía el derecho a la manifestación "sino (que) se está dando primacía a la salvaguarda que el juez constitucional de tutela debe dar a todos aquellos derechos fundamentales en peligro inminente de ser violados aun cuando por las manifestaciones y el ejercicio de otros derechos fundamentales".

(Lea también: Comité del Paro habla sobre fallo que ordena aplazar protestas)

"Es una verdad que brilla al ojo que el derecho a manifestarse en las vías públicas para hacerse oír de las autoridades (...) en estos momentos de grave crisis económica y hospitalaria, lejos de alcanzar de manera inmediata tales propósitos de impartición de una justicia social equitativa, lo que provocará es la muerte de muchas personas de las familias y demás del grupo social con los que los manifestantes comparten y trabajan", se lee en la decisión.

El auto mediante el cual se ordenó esa medida cautelar añade que las manifestaciones en estos momentos provocarán la toma de medidas de confinamientos "lo que, de contera, conducirá a la quiebra de más empresas y cierre de establecimientos de comercio y la pérdida de empleos".

Por eso, dice que la decisión deja sin efectos los permisos que hubieran sido concedidos por los municipios para hacer las manifestaciones, e instó a los sindicatos y grupos que convocaban al paro a hacer manifestaciones usando tecnologías de las comunicaciones en reuniones virtuales.

justicia@eltiempo.com
En Twitter: @JusticiaET

Lea otras notas de Justicia

-Así cayó 'la Mona', el cerebro tras la venta de cédulas a venezolanos

-El cementerio a cuatro horas de Bogotá donde paramilitares tenían base

-Así avanza el caso 05 en la JEP: imputaciones se conocerían este año

Sigue bajando para encontrar más contenido

Llegaste al límite de contenidos del mes

Disfruta al máximo el contenido de EL TIEMPO DIGITAL de forma ilimitada. ¡Suscríbete ya!

Si ya eres suscriptor del impreso

actívate

* COP $900 / mes durante los dos primeros meses

Sabemos que te gusta estar siempre informado.

Crea una cuenta y podrás disfrutar de:

  • Acceso a boletines con las mejores noticias de actualidad.
  • Comentar las noticias que te interesan.
  • Guardar tus artículos favoritos.

Crea una cuenta y podrás disfrutar nuestro contenido desde cualquier dispositivo.