'Reglamentación es insuficiente y permisiva con el abuso policial'

'Reglamentación es insuficiente y permisiva con el abuso policial'

Nueve organizaciones criticaron el decreto del Gobierno sobre el uso de la fuerza en las protestas.

Protesta

Protestas en Cali, el año pasado, contra el abuso policial.

Foto:

AFP / Luis Robayo.

Por: Justiia
14 de enero 2021 , 05:15 p. m.

Nueve organizaciones del país firmaron un documento en el que manifestaron cinco preocupaciones sobre el decreto que reglamenta el uso de la Fuerza Pública durante las manifestaciones sociales, el cual fue expedido expedido hace pocos días por el presidente Iván Duque. 

Ese decreto fue emitido en cumplimiento del fallo de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia que estableció que en Colombia había una vulneración sistemática al derecho a la protesta pacífica y por ello ordenó una serie de medidas para garantizar que se pueda ejercer este derecho. 

(Lea aquí el contexto: Corte ordena proteger derecho a protesta ante agresiones sistemáticas). 

Sin embargo, al evaluar ese decreto, las organizaciones Asociación Red de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, Humanidad Vigente Corporación Jurídica, La red de derechos humanos del Suroccidente colombiano "Francisco Isaias Cifuentes,  La Coordinación Social y Política Marcha Patriótica, La Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, la Comisión Colombiana de Juristas, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, Dejusticia, y la Fundación para la Libertad de Prensa encontraron varios puntos que les preocupan. 

Las organizaciones aseguran que, al hacer parte de la tutela por la cual la Corte Suprema emitió su fallo, participaron entre el 14 de octubre y el 28 de diciembre del año pasado en la mesa de trabajo que convocó el Gobierno para poder crear esa reglamentación, que es un 'Estatuto de Uso, Reacción y Verificación de la Fuerza'. 

Durante nueve semanas, afirman las organizaciones, evaluaron la actuación que deberían tener las autoridades de Policía en las manifestaciones públicas, así como en las etapas preventivas, concomitantes y posteriores al desarrollo de manifestaciones. 

(Lea también: Las 14 órdenes de la Corte por la ‘agresión sistemática’ a la protesta). 

Sin embargo, afirman estas organizaciones, varios de los puntos que expusieron en estas reuniones "no fueron tenidos en cuenta para una adecuada y efectiva reglamentación que limite la actuación policial y evite excesos en su labor de atención a manifestaciones públicas", señalando que el Gobierno tuvo una "férrea oposición" a debatir y discutir estos temas.  

Por eso es que manifestaron preocupación sobre la nueva reglamentación del gobierno ya que consideran que "no modifica sustancialmente ningún aspecto de la actuación de la Policía Nacional en manifestaciones, la cual a lo largo del 2020 continuó siendo arbitraria y desproporcionada". 

No modifica sustancialmente ningún aspecto de la actuación de la Policía Nacional en manifestaciones, la cual a lo largo del 2020 continuó siendo arbitraria y desproporcionada

En primer lugar, critican que el Gobierno "desestimara de plano" la posibilidad de revisar las directrices de uso de la fuerza que están vigentes, con el fin de reestructurarlas, tal y como lo ordenó la Corte Suprema. 

Así, aseguran, las directrices que hay "resultan insuficientes y permisivas para el abuso de la fuerza por parte de la Fuerza Pública". Una de esas directrices que critican están en las resoluciones 2903 y 3002 de 2017, expedidas por el entonces director de la Policía Nacional, en donde se establecen pautas sobre el uso de las armas de letalidad reducida y sobre la atención en manifestaciones, respectivamente. 

(Le puede interesar: ¿Qué ha pasado en las Cortes con la tutela de la protesta?). 

Para las organizaciones, esas reglamentaciones fueron las que configuraron el marco "que posibilitó la brutalidad policial" en el Paro Nacional del 2019, y en las protestas del año pasado. Sin embargo, aseguran, "no fueron cuestionadas ni revisadas bajo la negativa férrea del Gobierno", lo que a su juicio significa una "grave actitud de invisibilización de los hechos de violencia evidenciados por la Corte Suprema de Justicia". 

En su comunicación, las organizaciones también rechazan que el Gobierno no admitiera la posibilidad de redefinir algunos elementos par aprevenir actuaciones arbitrarias por parte de la Policía en protestas.

En concreto, se refieren a la posibilidad de que la ciudadanía y organismos externos a la Policía revisaran las fichas académicas  que sirven para la formación y capacitación de los funcionarios de Policía, así como la posibilidad de que se incluya a población civil en los Puestos de Mando Unificado que se convocan para coordinar la actuación institucional para mantener el orden público durante una manifestación. 

En tercer lugar, las organizaciones aseguran que en la mesa de trabajo no se llegó a un consenso sobre la necesidad de regular el papel de las Fuerzas Militares de manera previa y posterior en las manifestaciones. 

Además, aseguran que encontraron obstáculos para incluir el respeto a los periodistas durante el cubrimiento de las protestas, así como para documentar casos específicos donde se presenten focos de violencia. 

(Lea también: Seis claves del fallo que exige garantizar la protesta pacífica). 

"Si bien quedó incluida una disposición de respeto transversal en las acciones previas, no hubo consenso por parte del Gobierno nacional en la inclusión de este deber de respeto en el artículo de los focos de violencia, a pesar de haber advertido que en este escenario concreto es donde se materializan gran parte de las agresiones a la prensa en las manifestaciones", aseguran las organizaciones sociales. 

No hubo consenso por parte del Gobierno nacional en la inclusión de este deber de respeto en el artículo de los focos de violencia,

En último lugar, criticaron que el Gobierno se opusiera a incluir criterios "ciertos, claros y completos" para limitar la realización de capturas y traslados de personas a CAI de Policía durante el desarrollo de manifestaciones, así como la posibilidad de que organizaciones sociales puedan verificar la integridad de las personas que son detenidas. 

Estos puntos, afirman las organizaciones, eran fundamentales para poder cumplir con lo ordenado por la Corte Suprema de Justicia. 

REDACCIÓN JUSTICIA
Twitter: @JusticiaET

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