Secciones
Síguenos en:
La Corte y el mensaje de que la meritocracia no es opcional / Opinión
Corte Constitucional

Los magistrados de la Corte Constitucional tienen una papa caliente en las manos. Foto de referencia

Foto:

Carlos Ortega. Archivo EL TIEMPO

La Corte y el mensaje de que la meritocracia no es opcional / Opinión

Los magistrados de la Corte Constitucional tienen una papa caliente en las manos. Foto de referencia

Ojalá el debate vaya más allá de los meros tecnicismos jurídicos.

La Corte Constitucional acaba de seleccionar para su revisión dos tutelas –los expedientes T- 8252659 y T-8258202– que, si los magistrados están dispuestos a pisar los poderosos callos de sus colegas de otros altos tribunales, podrían dar pie para empezar a enderezar cosas en uno de los frentes que menos funcionan en nuestro Estado: el de la meritocracia.

En esencia, las tutelas (negadas previamente por otras instancias judiciales) buscan que se respeten los resultados de la Convocatoria 27, las pruebas realizadas en el 2018 para determinar mediante concurso de conocimientos los nombres de jueces y magistrados que debían encabezar la lista de elegibles a ocupar las vacantes en los despachos judiciales del país.

(Otra columna de opinión: Aumento de homicidios: el peso de los que tienen como profesión matar)

Esas pruebas de conocimientos fueron realizadas por la Universidad Nacional, y poco tiempo después del examen se comprobó que se cometieron graves errores en las calificaciones, por lo que se inició un proceso de corrección de resultados que dio pie a una lista ajustada de elegibles que, se suponía, quedaba en firme.

Sin embargo, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura –el ‘gerente’ de la Rama– decidió en octubre del año pasado anular el proceso de la Convocatoria 27 y llamar a nuevos exámenes, que se realizarán el próximo 29 de agosto.

Los jueces y magistrados que aprobaron la prueba revisada del 2018 aseguran que les están violando varios derechos fundamentales y pretenden que sus nombres se mantengan a la cabeza de la lista. La Judicatura considera que, dados los errores e inconsistencias en el diseño de las pruebas del 2018, es necesaria la nueva evaluación. Y en medio de esa discusión, en nuestra justicia continúa pasando lo de siempre: que ante vacantes temporales o definitivas sigue la feria de encargos judiciales, muchas veces promovida desde las altas cortes.

Esos encargos suelen permitir que los poderosos de la Rama designen a dedo quiénes van a ocupar los despachos, en detrimento de la meritocracia y del eficiente funcionamiento de la justicia colombiana, pues pueden pasar meses y hasta años antes de que los primeros en la lista de elegibles logren hacer valer su derecho a ser promovidos en la carrera judicial.

Los magistrados de la Corte Constitucional tienen, sin duda, una papa caliente en las manos, pues hay argumentos juiciosos tanto de quienes dicen que se deben mantener los resultados de la Convocatoria 27 como de los que promueven un nuevo examen, dado el accidentado curso del realizado en 2018.

Pero, más allá de lo que decida puntualmente sobre las dos demandas, la Corte tiene la oportunidad de enviar un claro mensaje sobre lo que debe pasar con las listas de elegibles resultantes de los concursos de méritos: que deben ser respetadas por todos los actores de la Rama Judicial, y en los plazos estipulados por la ley.

Hoy no pasa eso, y tenemos niveles de provisionalidad superiores, en algunas instancias, al 40 por ciento. Incluso, como se denunció desde estas líneas, hay magistrados de tribunal que llevan más de una década en encargo, con sueldos cercanos a los 25 millones de pesos, a pesar de que no pasaron el concurso de conocimientos y de que los resultados de sus despachos no son de mostrar.

La Corte Constitucional, que ya en el 2013 se fue contra el ‘espíritu de cuerpo’ de la Rama Judicial y les puso en una histórica sentencia límite retroactivo a las inicuas megapensiones de las que se benefician muchos exmagistrados y excongresistas, ha demostrado que no se arredra.

Ojalá el debate vaya más allá de los meros tecnicismos jurídicos sobre la procedencia o no de las tutelas y llegue a donde espera el país: a un pronunciamiento de fondo y vinculante que deje bien en claro que la meritocracia –no solo en la Rama Judicial, sino en todo el Estado colombiano– no es opcional.

JHON TORRES
Editor de EL TIEMPO
En Twitter: @JhonTorresET

Otras columnas de opinión

- Colombia y la ‘guerra fría’ con el Sistema Interamericano

- La condena de un juez corrupto

Sigue bajando para encontrar más contenido

Llegaste al límite de contenidos del mes

Disfruta al máximo el contenido de EL TIEMPO DIGITAL de forma ilimitada. ¡Suscríbete ya!

Si ya eres suscriptor del impreso

actívate

* COP $900 / mes durante los dos primeros meses

Sabemos que te gusta estar siempre informado.

Crea una cuenta y podrás disfrutar de:

  • Acceso a boletines con las mejores noticias de actualidad.
  • Comentar las noticias que te interesan.
  • Guardar tus artículos favoritos.

Crea una cuenta y podrás disfrutar nuestro contenido desde cualquier dispositivo.