Entre las muchas deudas pendientes que tiene el Consejo Superior de la Judicatura con la justicia del país hay una que ha quedado totalmente expuesta por cuenta de la pandemia del coronavirus.
Se trata de la implementación del expediente digital, el salto al mundo virtual de los procesos judiciales en Colombia que aparece sin falta en todas las declaraciones de buenas y fallidas intenciones de los responsables de la rama a lo largo de la última década. Y que nunca ha pasado precisamente de eso, de las meras declaraciones, a pesar de que hay consenso sobre su utilidad para hacer más eficiente y menos costosa la administración de justicia y de que, incluso, ha habido plata de organismos internacionales para implementar los planes piloto.
Ya vamos para el segundo mes de suspensión de los términos judiciales, lo que en plata blanca equivale a la parálisis casi total del sistema, salvo asuntos urgentes y tutelas.
Mientras tanto, miles de abogados litigantes sienten los rigores de la falta de ingresos y millones de ciudadanos ven cómo sigue pasando el tiempo sin que la justicia dé siquiera muestras de aparecer en sus casos. Y miles de jueces y empleados de la rama judicial cumplen sí con la tarea de conectarse desde casa, pero en la práctica no pueden hacer casi nada para mover expedientes que ya vienen cargando mora de meses y de años.
Se dirá que la crisis ha golpeado a todos los sectores, que ninguno estaba preparado para enfrentarla y que en estas semanas se han realizado 7.000 audiencias virtuales de control de garantías. También, que a conocimiento de los jueces han llegado unas 30.000 tutelas.
Pero se trata de asuntos casi de trámite, mientras que las decisiones de fondo, las que espera la ciudadanía para resolver sus disputas legales, seguirán como venían o peor. Es decir, lentas. Muy lentas.
En el 2012, el Código General del Proceso le dio a la rama la orden de priorizar la digitalización de expedientes y formalizar los procedimientos para adelantar litigios en línea. Y vamos para una década con tímidos avances, mientras que esas herramientas virtuales sí están funcionando hace rato para procesos muy similares, como los de arbitraje y los que adelanta la Superintendencia de Industria y Comercio.
La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, el ‘gerente’ de la rama judicial, está en mora de implementar un plan para que la justicia recupere el tiempo perdido.
Adelantar la vacancia judicial, como lo han pedido muchos abogados, es una opción. Y, apenas lo permitan las circunstancias, meterle el hombro a la implementación del expediente digital, como lo demandan la transparencia y la eficiencia.
JHON TORRES
Editor de EL TIEMPO
En Twitter: @JhonTorresET
