Varios aparatos de interceptación telefónica, uno de ellos prestado por una agencia de Estados Unidos, fueron instalados alrededor de un centro comercial en Chía, Cundinamarca, donde se acuarteló el exsenador Otto Nicolás Bula Bula.
El ganadero de Sahagún, Córdoba, escudero político de Mario Uribe Escobar, ya sabía que estaba siendo investigado dentro del esquema de sobornos que pagó la multinacional brasileña Odebrecht y que podía ser capturado en cuestión de días.
Por eso optó por irse a las afueras de Bogotá para no perder contacto con sus dos hijos y con su esposa, Carmen Luz Hoyos Abad, socia de agropecuarias que acumularon tierras en zonas de conflicto, algunas vinculadas por ‘paras’ a una operación de testaferrato con su aliado político, el exsenador Mario Uribe Escobar.
(También: Esta es la evidencia del engranaje corrupto de Odebrecht)
Si bien Bula hablaba mucho por celular con un círculo de contactos, evitaba entregar datos sobre sus movimientos. Por eso, la Fiscalía ordenó complementar la vigilancia electrónica del exsenador con un agente encubierto que se apostó en los alrededores del apartamento, mimetizado como un habitante de la calle.
La orden que le dieron al CTI fue la de capturar a Bula de manera simultánea con el exviceministro Gabriel García Morales. Pero Bula resistió más tiempo encaletado en el lujoso predio que aparece a nombre de un tercero, también indagado.
De hecho, aunque como lo reveló EL TIEMPO, Bula tiene bienes y reses por más de 10.000 millones de pesos, se empezó a movilizar en un Renault Twingo para pasar inadvertido. En ese carro salió el sábado, 14 de enero, cuando se ordenó su captura.
Los agentes del CTI lo ubicaron cuando llamó a su esposa desde el restaurante en el que fue capturado. Después de que le leyeron sus derechos y de que Bula quiso ocultar su celular, las tres personas que lo acompañaban continuaron almorzando sin problema. Ahora, su defensa intenta que sea trasladado del calabozo de La Picota, en el que permanece después de la legalización de su captura, a una guarnición militar. El cambio en sus condiciones carcelarias estaría sujeto a que colabore de manera eficiente con las autoridades y entregue los nombres de otros de los receptores del soborno de la brasileña.
(También: Tres exfuncionarios que terminaron al servicio de la gigante Odebrecht)
Constancias médicasEl exviceministro García Morales también intentó mantenerse oculto en un apartamento en el norte de Bogotá. Para eso, el exviceministro compró latas de un suplemento alimenticio, que le permitía limitar sus salidas. De hecho, fue sorprendido por agentes del CTI el jueves 12 de enero, cuando salió a comprar algunas latas a un supermercado.
Minutos después de su captura, en la carrera 11 con calle 97, pidió llamar a uno de sus asesores legales, que hacía tan solo un par de semanas le había ayudado a redactar un comunicado en el que negaba cualquier nexo con los sobornos de Odebrecht. La segunda llamada fue para su esposa, Julieta Calvo Mutis.
Para obtener prisión domiciliaria, la defensa del exviceministro le hizo llegar al juez de garantías la certificación de un psiquiatra que dice que García requiere de reposo absoluto, debido a quebrantos de salud. Su defensa también anexó una certificación que hablaba de complicaciones cardiacas. Con ese mismo argumento fue interrumpida, la semana pasada, la audiencia de legalización de captura.
De hecho, hace 48 horas, la defensa de García Morales apeló la medida de aseguramiento, exigida por la Fiscalía debido a la gravedad de los hechos y a la contundente evidencia en su contra. El 28 de febrero se sabrá si se ordena que Medicina Legal lo evalúe y si el juez de conocimiento acoge sus argumentos y se le da prisión domiciliaria por su estado de salud “y por no ser un peligro para la sociedad”, según argumentó la defensa del exfuncionario.
Tanto el exviceministro García Morales como el exsenador Otto Nicolás Bula serán procesados por cohecho y por enriquecimiento ilícito.
La sombra de Odebrecht en otros paísesSoborno en Perú para el metro
En la noche de este viernes fueron capturados los primeros exfuncionarios en Perú por el escándalo de Odebrecht. En el 2013 la firma brasileña pagó presuntos sobornos en un banco de Andorra para lograr la adjudicación de la línea 1 del metro de Lima, dijo la Fiscalía peruana. Según la investigación, los pagos iban dirigidos a Edwin Luyo, del comité de licitaciones del metro, capturado en la capital peruana. También es investigado el exviceministro de Comunicaciones Jorge Cuba, quien exigió 8,1 millones de dólares a Odebrecht a cambio de ayudar con el contrato.
Ecuador alista delegación
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, enviará una delegación a Brasil para que recaude información relacionada con el caso Odebrecht. Y el primero de febrero el Departamento de Estado de Estados Unidos recibirá al fiscal general ecuatoriano, Galo Chiriboga. El Gobierno quiere verificar lo dicho en la investigación en EE. UU., que asegura que entre 2007 y 2016 la constructora pagó sobornos por más de 35,5 millones de dólares a funcionarios de Ecuador. Odebrecht hoy tiene un único contrato en el país para la construcción del metro de Quito.
Alerta en Panamá por aeropuerto
La gerencia del Aeropuerto Internacional de Panamá se mostró preocupada por el futuro de las obras de la nueva terminal aérea, en manos de Odebrecht: un proyecto en el que se han invertido más de 800 millones de dólares. La firma brasileña. También construye la línea 2 del metro de Ciudad de Panamá.
República Dominicana inhabilita a la firma
Odebrecht se comprometió a pagar 184 millones de dólares para indemnizar a República Dominicana, el doble de lo que repartió en sobornos en ese país. La constructora fue inhabilitada en esa nación.
UNIDAD INVESTIGATIVAu.investigativa@eltiempo.com
