Leonor Herreño Aguilar, la suspendida funcionaria del Ministerio de Educación y a quien la Fiscalía le imputará cargos por la convalidación ilegal de títulos a médicos cirujanos, aparece en una nueva investigación por presuntas irregularidades en el trámite de diplomas para odontólogos.
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En mayo del 2014, la funcionaria se encontraba de vacaciones y viajó a Brasil, en donde se reunió con un grupo de odontólogos colombianos que realizaron una supuesta especialización en implantología oral en la Universidad Metropolitana de Santos, que está bajo la lupa de la Fiscalía.
La denuncia, conocida por EL TIEMPO y que ya está en poder de la Fiscalía, señala que la especialización costaba 4.700 dólares (más de 13 millones de pesos) por semestre; sin embargo, parte de ese dinero no se le pagó a la universidad sino a una empresa que vende implantes dentales en Bogotá y que se encarga de ofrecer esos cursos en el exterior.
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La testigo del caso señaló que viajaron a Brasil como turistas y no como estudiantes, y que nunca vio los permisos legales para realizar procedimientos a los pacientes de ese país que formaban parte de la práctica de la especialización. Señaló, además, que uno de los módulos académicos que cursaron en Colombia fue encabezado por tres odontólogos del Brasil que ingresaron al país como turistas; lo más extraño es que no se cumplió en una universidad o centro médico, sino en un salón comunal en el norte de Bogotá.
En la denuncia, la testigo señala que por esas irregularidades empezó a sospechar de la legalidad de la especialización –que en realidad era un diplomado–. Afirma que se acercó al Ministerio de Educación, en donde le confirmaron que esa universidad no estaba registrada para ofrecer ese tipo de programas académicos. Igualmente señaló que, según las autoridades de Brasil, esa universidad tenía una sanción y no podía ofrecer esos estudios. (Lea también:Alianza de Fiscalía y Mineducación para investigar casos de corrupción)
Fue en ese momento cuando apareció Leonor Herreño, quien se dedicó a asesorar a la empresa de implantes dentales, o sea, a quienes ofrecieron la supuesta especialización.
Como pruebas de la relación entre Herreño y esa empresa, la testigo que llevó el caso ante la Fiscalía presentó unos correos electrónicos que intercambió uno de los promotores de los estudios con la funcionaria del Mineducación.
“Le envío en el adjunto la imagen del título que la Unimes expidió en el semestre pasado. Este sería muy similar al que entregarían la próxima semana. La idea es revisarlo bien para ver qué debemos pedir que cambien para no tener problemas. Mañana le envío la reserva de sus pasajes aéreos y hotel”, dice uno de los correos.
En otro correo enviado por los médicos de Brasil a los odontólogos colombianos les confirman que para aclarar la situación iban a tener una reunión con una funcionaria del Ministerio de Educación.
En una investigación disciplinaria previa que abrió el Ministerio por este caso, y que fue cerrada en primera instancia pero se encuentra en apelación, la funcionaria reconoció que estuvo en Brasil y que se reunió con unos colombianos, pero negó que fuera para darles asesoría.
Dijo que en esa oportunidad le preguntaron por los procesos de convalidación, “por lo que les contesté dentro de lo que sé, pues creo firmemente no tener limitaciones para hablar de dicho tema con cualquier persona”, señaló. Sin embargo, entre las evidencias también está una grabación en la que uno de los promotores de la especialización admite que “la señora Leonor viene a la reunión en calidad de asesora”.
Fiscalía, tras la pista de otros casosEl ente investigador también tiene en la lupa las certificaciones de estudios y prácticas realizadas por un grupo de 43 médicos que obtuvieron un título de especialización en cirugía plástica de la Universidad Veiga de Almeida de Río de Janeiro, en Brasil. Estos casos se suman a los de los médicos Eduardo Calderón Carrascal y Christian Felipe Borrero Guerrero, quienes con ayuda de Leonor Herreño habrían conseguido títulos falsos de universidades de Perú y Argentina. A Calderón y Borrero se les imputarán cargos por falsedad en documento público, fraude procesal y cohecho.
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