Cambios a las reglas de elección de los magistrados de las altas cortes, la posibilidad de que ellos mismos suspendan a sus pares inmersos en posibles irregularidades y un ambicioso plan de choque para descongestionar a la justicia hacen parte de los nuevos puntos incluidos en el último borrador de reforma judicial que prepara el Gobierno.
Para evitar que en la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado se registren demoras y dilaciones, como las que recientemente pusieron en vilo la continuidad de la Suprema, se establece que si al cabo de quince días de la primera votación no se obtiene la mayoría calificada, la elección se hará por mayoría simple.
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El borrador señala que esos procesos de elección se deben dar luego “de una convocatoria pública reglada, en la que se fijen requisitos y procedimientos que garanticen los principios de publicidad, transparencia, participación ciudadana, equidad de género y criterios de mérito para su selección”.
Igualmente se propone reducir a cinco –hoy son seis– los miembros del Consejo Superior de la Judicatura, que administra la rama, y que de estos dos sean elegidos por la Corte Suprema, uno por la Corte Constitucional y dos por el Consejo de Estado.
En el texto del borrador del acto legislativo, conocido por EL TIEMPO, además de mantener la idea inicial de incrementar el periodo de los magistrados de 8 a 12 años, y aumentar los requisitos, el proyecto propone que la mayoría calificada de cada corte pueda suspender hasta por seis meses del ejercicio del cargo al magistrado cuya “conducta afecte de manera grave la confianza pública en la corporación o en la administración de justicia”.
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Esto permitiría evitar que se registren casos como el del cuestionado exmagistrado Jorge Pretelt, quien se atornilló al cargo a pesar de los cuestionamientos en su contra por un presunto caso de corrupción por el que terminó siendo apartado del cargo por el Senado.
A esto se suma que se plantea acelerar las investigaciones en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes frente al caso puntual de los procesos contra magistrados de las altas cortes, que son de su competencia. Así, luego de la suspensión del togado se tendrá un plazo máximo de seis meses para que la Comisión resuelva si hay lugar a formular una acusación en su contra.
La propuesta especifica claramente que ningún magistrado puede continuar en su cargo una vez termine su periodo.
La ministra de Justicia, Margarita Cabello, le dijo a este diario que este borrador es el producto de un año de trabajo y consultas en el que se han ido recogiendo las propuestas de las partes. Añadió que se entregó a las cortes para recibir sus opiniones sobre el avance del texto que iría al Congreso. El Gobierno sigue analizando si alcanza a presentar el proyecto en la presente legislatura o si lo hace en marzo de 2021.
La iniciativa abre la puerta para que en un plazo máximo de 8 meses tras la promulgación del acto legislativo, la Fiscalía General y el Consejo Superior de la Judicatura presenten un plan de descongestión judicial a tres años para poner al día los procesos que se siguen acumulando en los despachos.
El plan tendría que incluir las estadísticas de congestión de cada despacho y tribunal, el cálculo de la plata que se necesitaría para aplicarlo con éxito y un cronograma de cumplimiento.
Cuando termine el plan de choque, dice el documento, se adoptarán medidas “para ajustar las cargas laborales y atender de manera eficiente las necesidades de justicia en los territorios”.
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Como parte del plan, el Gobierno señala que presentarán iniciativas para dejar de judicializar algunas conductas y promover otros mecanismos alternativos para solucionar los conflictos.
Ante la situación que ha vivido la justicia en medio de la pandemia, en la norma se incluyó una modificación que promueve la virtualidad aprovechando “tecnologías de la información y las comunicaciones y de los recursos que permitan garantizar la prestación continua del servicio de justicia”.
Añade que para administrar justicia “se podrán utilizar cualesquiera de los canales digitales, con respeto a las garantías constitucionales y los requisitos previstos en el procedimiento que los regule. El Estado deberá promover el acceso a tales canales en condiciones de igualdad”.
Las personas que demanden la tutela de sus derechos e intereses tienen derecho a hacerlo a través de los mecanismos tecnológicos y digitales que para el efecto se establezcan
Incluso en el texto se plantea que se podrán establecer obligaciones a las autoridades locales para garantizar la consulta de las comunicaciones que faciliten el acceso a la justicia en los territorios.
“Las personas que demanden la tutela de sus derechos e intereses tienen derecho a hacerlo a través de los mecanismos tecnológicos y digitales que para el efecto se establezcan. Se garantizará el acceso a dichas herramientas para el trámite de todos los procesos y acciones judiciales, en condiciones de igualdad”, se lee en el documento.
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