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Niegan reparación a familia de militar asesinado por Farc
Operación Éxodo en Tumaco

Desde Tolemaida y Cali se movilizaron alrededor de 2.000 miembros de las Fuerzas Militares.

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Mauricio Moreno / EL TIEMPO

Niegan reparación a familia de militar asesinado por Farc

Desde Tolemaida y Cali se movilizaron alrededor de 2.000 miembros de las Fuerzas Militares.

Francisco Franco Zamora fue atacado mientras rescataba a un compañero.

El 21 de marzo de 2009 el sargento segundo Francisco Aldemar Franco Zamora, integrante de la Brigada 22 de Selva, Batallón Contraguerrilla 86, fue secuestrado en la vereda Las Perchas de Miraflores (Guaviare) por parte de las Farc.

Sus restos fueron encontrados el 10 de noviembre de 2011 luego que un desmovilizado entregara a las autoridades la información.

Franco Zamora, un enfermero de combate, tenía ese día la misión de evacuar al sargento viceprimero Lucas Guevara que había caído en un campo minado y tenía una lesión en una de sus piernas.

Se organizaron dos grupos, uno para asegurar el puerto, y otro para ir por el río a buscar a Guevara y sacarlo de allí.

Una vez con Guevara en la lancha, fueron atacados por la guerrilla y Franco Zamora cayó al río y fue secuestrado. Según el Ejército, el militar fue asesinado dos meses después y su cuerpo fue encontrado en el sector conocido como Barranquillita en zona rural del municipio de Calamar.

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Su familia demandó a la Nación por los daños y perjuicios patrimoniales causados por el secuestro y muerte del suboficial en 2014 pero sus pretensiones fueron denegadas por el Juzgado 31 Administrativo del Circuito de Bogotá el 30 de noviembre de 2016 bajo el argumento de que, en este caso, no hubo falla del servicio por parte del Ejército.

El recurrente alude a pruebas que estima que el tribunal no tuvo en cuenta para efectos de predicar la existencia de una falla del servicio o que justificaran la aplicación del régimen"

Según la decisión, en los hechos que terminaron en su secuestro, no hubo negligencia ni se desconocieron protocolos por lo que no se podía imputar una responsabilidad a la Nación.

La familia apeló, pero el 30 de noviembre de 2017 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó la demanda señalando que no había elementos de juicio que permitieran concluir que el Ejército conocía de la inminencia del asalto guerrillero a la lancha.

El Tribunal dijo que, si bien para el 21 de marzo de 2009, en la zona hacía presencia la compañía 'Urías Cuellar' de las Farc, ello no implicaba que tuviera que el Ejército tuviera los elementos necesarios “para prever una acometida contra los militares”.
La familia tenía puestas sus esperanzas en un recurso extraordinario de revisión que pedía reversar los fallos citados.

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En decisión conocida por EL TIEMPO, el Consejo de Estado destacó que este recurso en particular tiene unos requisitos estrictos para controvertir una decisión que hizo tránsito a cosa juzgada y no puede convertirse en una tercera instancia.

“Los argumentos así manifestados lo que hacen es controvertir las razones del fallo, la apreciación de los hechos y de las pruebas que realizó el fallador como si se tratara de una tercera instancia”, dice el fallo.

“Así, el recurrente alude a pruebas que estima que el tribunal no tuvo en cuenta para efectos de predicar la existencia de una falla del servicio o que justificaran la aplicación del régimen objetivo de riesgo excepcional, pero no, a ningún hecho del que se pueda predicar algunas de las causales de nulidad que se originan en la sentencia conforme a lo antes dicho”, agrega la decisión.

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Antes bien, la concluir que la familia buscó reabrir un debate ya cerrado, el Consejo de Estado la condenó en costas y deberá pagar un salario mínimo legal a la parte que demandó, es decir, al Ministerio de Defensa.

En Twitter: @JusticiaET

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