El pasado 23 de agosto, el magistrado Fernando Castro Caballero fue protagonista de un caso que indignó a la sociedad. El vehículo blindado y escoltado en el que se transportaba el funcionario invadió un carril de TransMilenio, en la calle 10ª con carrera 10ª en el centro de la ciudad. (Vea también: Video registró paso de vehículos blindados por carril de TransMilenio)
Cuando se supo del hecho, se conoció que Castro aseguró en la Corte que tomó la decisión de invadir el carril porque sufrió un quebranto de salud y requería llegar rápidamente a un centro asistencial. Luego manifestó que se recuperó y no fue necesario ir a la clínica y se marchó a su casa.
La falta, que se hizo pública luego de que el alcalde Enrique Peñalosa pusiera en su cuenta de Twitter la foto de la camioneta transitando por esta calle, generó incluso que la presidenta de la Corte Suprema, la magistrada Margarita Cabello Blanco, se pronunciara sobre el hecho y afirmara que como cualquier ciudadano, Castro debía asumir la infracción.

Esta es la imagen publicada por alcalde Peñalosa.
Tras el escándalo, la Secretaría de Movilidad anunció que el comparendo sería por 344.700 pesos, así como lo establece la C14 en el Código Nacional de Tránsito.
Este miércoles, 31 de agosto, este diario consultó a la Alcaldía de Bogotá y a la Secretaria de Movilidad, quienes afirmaron que a las 07:20 de la mañana aún no se registraba el pago de la infracción y afirmaron que el vehículo está registrado a nombre del Consejo Superior de la Judicatura.
EL TIEMPO se comunicó con el ente judicial quienes corroboraron la información dada por el Distrito. Todos los automóviles en Colombia asignados a un funcionario de la rama judicial están a nombre del Consejo.
¿Quién debe pagar la multa?Según dijeron los voceros del Consejo Superior de la Judicatura, el primer paso es informarles la infracción cometida para que se inicie el proceso de comunicación con el conductor del vehículo. Este es quien debería hacerse responsable de la multa.
Agregaron, además, que a pesar de que los vehículos están a su nombre, la multa recae únicamente en quien violó las normas. "Inmediatamente recibimos la notificación, le avisamos al conductor y lo más lógico es que el magistrado le de a él el dinero para que cancele la multa’, dicen.
Hasta ahora el Consejo Superior de la Judicatura, según informaron, no ha recibido ninguna notificación de la infracción.
ELTIEMPO.COM