Secciones
Síguenos en:
El viacrucis de una monja para proteger su derecho a la salud
Monja
Foto:

iStock

El viacrucis de una monja para proteger su derecho a la salud

FOTO:

iStock

Denunció que el Monasterio se atrasaba con los pagos y le prohibía usar su celular.

Ana Olga Higuita Yepes, monja perteneciente al Monasterio Santa Clara de Cali, interpuso una tutela para solicitar que el centro religioso garantizara su derecho a la salud, y a una alimentación adecuada. La Corte Constitucional falló a su favor.

(Lea también: Corte seleccionó tutela de Yolanda Chaparro sobre eutanasia)

Su angustioso camino inició en el 2001 cuando denunció que  fue trasladada, arbitrariamente, por la abadesa del monasterio Alba Nelly Martínez, a la Clínica Psiquiátrica Santo Tomás de Bogotá.

Aunque la novicia está diagnosticada con trastorno afectivo bipolar y trastorno de la personalidad del Clouster, ella aseguró que fue llevada a este lugar sin su consentimiento y con engaños. Le dijeron, según la sentencia, que "sería llevada a un lugar de descanso, sin más aviso"

En este sitio permaneció hasta el 19 de febrero de 2006. Luego regresó al monasterio en Cali. Después de 9 años, específicamente el 16 de mayo de 2015, fue llevada, por segunda vez, a la clínica psiquiátrica.

(Le puede interesar: La lucha de Yolanda para que la dejaran morir dignamente)

"Esa vez ocurrió a las 3 a.m. sin ningún tipo de aviso y sin su consentimiento. Además, la religiosa afirmó que las autoridades del monasterio no le informaron que sería internada en la clínica psiquiátrica. Por el contrario, le indicaron que estaba siendo llevada a una cita médica por causa de una tos", se lee en la sentencia. 

El 7 de agosto de 2015, finalmente salió del centro de reposo y fue trasladada al Monasterio Santa Clara de Bogotá. Ante estos desplazamientos, la hermana decidió hacer una solicitud de información al monasterio para saber los motivos de estas acciones. 

Ana Higuita señaló que también se comunicó con el arzobispo de Cali y con el vicario de la Arquidiócesis y les informó sobre los hechos.

(Le sugerimos leer: Con tutela, exigen que quiten estatua de Simón Bolívar de iglesia)

En esta correspondencia señaló: "Alba Nelly Martínez fue la persona que aprovechó su gobierno para hacerme coger odio de toda la comunidad y  me discriminó de todas formas, marginó y oprimió como quiso, me calumnió y faltó al respeto, impidiéndome realizar y ejercer mis derechos más elementales como religiosa".

A las solicitudes por información, la abadesa respondió que “el traslado para recibir atención médica psiquiátrica fue una decisión tomada por las hermanas capitulares de este monasterio para beneficio de Higuita”

La hermana religiosa también denunció que vio vulnerado su derecho a la salud desde junio de 2019, cuando el monasterio empezó a incumplir con los pagos periódicos necesarios para que acudiera al médico.

Además, en el centro religioso no la dejaban usar su celular para comunicarse con el personal médico por motivos del voto a la pobreza, que no permite que las religiosas tengan propiedad privada. 

Cabe resaltar que la religiosa padece de cáncer de mama con metástasis en los pulmones. Además, tiene diabetes, hipotiroidismo, hipertensión arterial, gastritis e incontinencia fecal. Por tanto, debía cumplir con los controles médicos sin falta. 

(Siga leyendo: Corte falla a favor de niña migrante venezolana sin registro civil)

El 27 de agosto de 2019, Higuita presentó una acción de tutela en contra del Monasterio de Cali, en la que solicitó el amparo de sus derechos fundamentales a la salud y al mínimo vital. También pidió una cuota mensual correspondiente a 1.000.000 de pesos.

Por otro lado, exigió a la comunidad religiosa que no la trasladara de forma al centro psiquiátrico y que le garantizara un acompañante para asistir a sus citas médicas y a realizar los trámites relacionados con su estado de salud. 

El 19 de septiembre de 2019, la Juez Tercera Penal para Adolescentes con Función de Control de Garantías de Cali concluyó que "el comportamiento del Monasterio contrasta con el deber especial de solidaridad para con las personas mayores y enfermas".

Además, sentenció que fueron vulnerados los derechos a la vida digna, al mínimo vital y al debido proceso de la señora Higuita Yepes. La juez también ordenó a la comunidad religiosa garantizar los requerimientos de la tutelante. 

(Lea además: Las 5 EPS con más tutelas por fallas en servicio de salud)

Este fallo fue impugnado por el monasterio. Posteriormente, el 15 de octubre de 2019, el Juzgado Cuarto Penal del Circuito para Adolescentes con Función de
Conocimiento de Cali anuló la sentencia y pidió que se incluyera a la Empresa Promotora de Salud, EPS, Comfenalco Valle, a Colpensiones, y a la ARL Sura.

En una nueva sentencia en primera instancia, el 5 de noviembre de 2019, la Juez Tercera Penal para Adolescentes con Función de Control de Garantías de Cali tuteló nuevamente los derechos a la vida digna, mínimo vital y debido proceso de la accionante.

Finalmente el caso llegó a la Corte Constitucional que ordenó, después de practicar pruebas y revisar lo argumentado por las partes, que el Monasterio Santa Clara de Cali "adelante todas las diligencias necesarias ante la EPS Comfenalco Valle para que la accionante reciba las valoraciones médicas con los especialistas que ya fueron ordenadas por el médico tratante" y que cubra los gastos médicos que requiera la hermana. 

(Le recomendamos leer: Álvaro Prada: seis razones de la Corte para quedarse con el caso)

También ordenó a la institución religiosa que brinde a la señora Ana Higuita Yepes una alimentación especial por su diabetes. El monasterio deberá, además, notificar a la hermana cuando vaya ser traslada al centro psiquiátrico y, tendrá que permitir el uso de su celular para acceder a la atención médica o comunicarse con sus abogados. 

Los argumentos del Monasterio

En el proceso el Monasterio de Cali señaló que no ha vulnerado los derechos al debido proceso y autonomía personal de la monja "pues los traslados han estado fundados en criterio médico".

Indica que el primer traslado fue realizado en virtud de que la Santa Sede sugirió a la
comunidad que buscara un tratamiento que mejorara la salud mental de la accionante y que en marzo de 2002, "la Clínica Psiquiátrica diagnosticó a la accionante con Trastorno Afectivo Bipolar y trastorno de la personalidad del Clouster B y recomendó que esta no regresara a su comunidad".

Y que luego el cuerpo médico sugirió, como medida terapéutica, valorar su convivencia en el Monasterio de Bogotá. 

Además, sostuvo que aunque “no existe procedimiento formalizado o establecido [para la realización de traslados], la accionante debe cumplir con las órdenes de su superiora en relación con los traslados y tratamientos médicos en razón de los votos de obediencia” que profesó.

En Twitter: @JusticiaET
justicia@eltiempo.com

Más noticias de Justicia
Sigue bajando para encontrar más contenido

Llegaste al límite de contenidos del mes

Disfruta al máximo el contenido de EL TIEMPO DIGITAL de forma ilimitada. ¡Suscríbete ya!

Si ya eres suscriptor del impreso

actívate

* COP $900 / mes durante los dos primeros meses

Sabemos que te gusta estar siempre informado.

Crea una cuenta y podrás disfrutar de:

  • Acceso a boletines con las mejores noticias de actualidad.
  • Comentar las noticias que te interesan.
  • Guardar tus artículos favoritos.

Crea una cuenta y podrás disfrutar nuestro contenido desde cualquier dispositivo.