Al menos 862 hectáreas divididas en 13 fincas tienen hoy enfrentados al Estado, en representación de la Agencia Nacional de Tierras, y a una poderosa familia de Córdoba, con vínculos en la política nacional: los Cabrales.
El pleito jurídico comenzó en 2005, cuando, ante un juez de Montería, Manuel Prisciliano Cabrales Lacharme junto con varios de sus familiares presentaron demandas en las que reclamaban ser dueños de esos predios en zona rural de Tierralta, Córdoba. Entre los demandantes aparece uno de sus hijos, Daniel Alberto Cabrales Castillo, exsenador del Centro Democrático (2014-2018), nombrado por el presidente Iván Duque en agosto del año pasado como embajador de Colombia en la República Dominicana.
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No es la primera vez que el embajador queda en medio de una polémica. De hecho, en 2018, la Corte Suprema le abrió una investigación –que según confirmó EL TIEMPO sigue en etapa preliminar en el despacho de la magistrada Cristina Lombana– por supuestamente recibir en campaña dineros que debían destinarse en Córdoba para pacientes con hemofilia.
El nombre del embajador volvió a sonar en la última semana, luego de que la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia ordenó anular el fallo con el que un juez de Montería les concedió en el 2009 a él y a su familia la titularidad sobre las 13 fincas que el Estado hoy reclama.
En el proceso, la Corte dijo que ninguna de esas propiedades tenía antecedentes de registro ni matrículas, nadie aparecía en los libros como su dueño, por lo que el juez cuarto civil de Montería que revisó el caso debió haber sospechado que podían tratarse de baldíos del Estado. Pero sin decretar las suficientes pruebas, el juez estableció que la familia Cabrales tenía el dominio “pleno y absoluto” de estos inmuebles, y dijo que le pertenecían a Manuel Prisciliano Cabrales.
Según la Agencia de Tierras, nunca se le pidió un concepto al Incoder, entidad que en la época era la encargada de clarificar la propiedad rural. Solo fue hasta el 24 de febrero de este año que la Agencia se enteró por una investigación de la ONG Dejusticia y la Universidad Nacional de lo que había pasado con esas propiedades. Por eso presentó una tutela afirmando que las 862 hectáreas son baldíos de la Nación y señaló que al otorgárselas se vulneraron los derechos al debido proceso, al patrimonio público y al acceso progresivo a la tierra.
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La Corte Suprema de Justicia ordenó anular el fallo con el que un juez de Montería les concedió en el 2009 a él y a su familia la titularidad sobre las 13 fincas que el Estado hoy reclama.
Al revisar la tutela, la Corte le dio la razón a la Agencia y señaló que como los predios no tenían registro, “ante la presunción de que eran bienes baldíos eran imprescriptibles” y, por lo tanto, no se les podían entregar a los Cabrales. La Corte también dijo que el juez de Montería permitió “la concentración de grandes extensiones de terreno en una misma persona, en descrédito de la democratización de la propiedad y el acceso del campesinado a la misma”.
En el proceso, la familia Cabrales dijo que el Estado sabía que desde hace rato estas tierras estaban en sus manos, pues hace 15 años el Ministerio de Agricultura les entregó incentivos forestales y en 2017 intentaron venderlas a la misma Agencia de Tierras. Los Cabrales también aseguran que compraron las tierras a agricultores que las ocuparon por 50 años, y señalaron que según las leyes que aplicaban para la época, los bienes que eran explotados económicamente durante un tiempo prolongado se presumían como propiedad privada, figura que se llamaba prescripción adquisitiva.
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Ante la decisión de la Corte, el juzgado de Montería tiene un plazo de un mes para recaudar las pruebas que no buscó hace 11 años y tomar una nueva decisión que se ajuste a la realidad de estas tierras, que el Estado asegura que son públicas.
Tierras se concentran en unos pocosSegún la investigación de Dejusticia y la Universidad Nacional, la prescripción adquisitiva por la cual particulares pudieron acceder a baldíos por vía judicial no llevó a que se distribuyeran mejor las tierras, sino todo lo contrario. Los dos hicieron un estudio sobre la privatización de propiedades del Estado y concluyeron que con esa figura, entre 1991 y 2015, unas 370.000 hectáreas de baldíos de la Nación terminaron en manos de privados.
Lo que preocupa es que la mayoría de tierras se concentraron en muy pocos. Así, solo el 1,5 por ciento de los predios entregados (179) son considerados grandes, pero ellos suman el 72 por ciento de toda el área prescrita a privados, unas 265.000 hectáreas.
JUSTICIA
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