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Mantienen investidura de congresistas que votaron cadena perpetua
Abuso sexual infantil, abuso sexual de menores

De acuerdo con la ONG Aldeas Infantiles, cada año más de 30.000 menores de edad crecen alejados de sus familias por casos de abuso sexual.

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César Melgarejo. EL TIEMPO

Mantienen investidura de congresistas que votaron cadena perpetua

Consejo de Estado estudió demanda que decía que hubo un conflicto de interés de los parlamentarios.

En un fallo de primera instancia, la Sala Novena Especial de Decisión del Consejo de Estado negó las pretensiones de una demanda de pérdida de investidura contra los senadores Fabio Raúl Amín Saleme, Esperanza Andrade de Osso, Armando Benedetti Villaneda, María Fernanda Cabal Molina, Carlos Eduardo Enríquez Maya, Juan Carlos García Gómez, José Obdulio Gaviria Vélez, Carlos Guevara Villabón, Iván Leonidas Name Vásquez, Miguel Ángel Pinto Hernández, Roosvelt Rodríguez Rengifo, Santiago Valencia González y Paloma Valencia Laserna.

Para el demandante los congresistas incurrieron en causal de conflicto de intereses porque, pese a haber sido recusados, participaron en la discusión y votación del proyecto de acto legislativo que eliminó la prohibición de prisión perpetua.

La demanda decía que los 22 integrantes de la Comisión Primera del Senado fueron recusados porque supuestamente tenían un interés directo en la iniciativa; y que, contrario a la ley, la Mesa Directiva de la Comisión no envió la recusación de inmediato a la Comisión de Ética del Senado sino que decidió resolverla, declarando su improcedencia.

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Tras la presentación del recurso, decía el demandante, el presidente de la Comisión Primera informó que remitió el caso a la Comisión de Ética para que se resolviera y decidió suspender el debate sobre el proyecto de reforma constitucional.

Anotó que cinco horas después, el presidente de la Comisión de Ética remitió un oficio indicando que era improcedente la recusación. Luego de que en la misma sesión de la Comisión Primera varios congresistas adujeran que el presidente de la Comisión de Ética carecía de competencia para resolver el recurso y que la norma por él citada no tenía cabida, este envió un nuevo oficio corrigiendo la norma, pero ratificando la improcedencia de las recusaciones que nuevamente solo él había suscrito.

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Dado que en el reinicio del debate para votar la propuesta de reforma se leyó una nueva comunicación del presidente de la Comisión de Ética sin un pronunciamiento del pleno de la Comisión de Ética o su Mesa Directiva completa, el demandante consideró que los congresistas participaron en esta sesión sin que existiera un pronunciamiento de fondo que los habilitara para ello o los marginara del debate.

Según el solicitante, la Comisión de Ética debía resolver de fondo el recurso al día siguiente de haberlo avocado, pero lo hizo el mismo día. Sin existir aún dicha decisión de fondo, el presidente de la Comisión Primera sometió a discusión y a votación la reapertura del proyecto.

Luego de debatirse si el oficio enviado por el presidente de la Comisión de Ética resolvía o no las recusaciones, se decidió aplazar la sesión para el día siguiente. A juicio del demandante, estos parlamentarios vulneraron el régimen de conflicto de intereses, al considerar que el oficio del presidente de la Comisión de Ética implicaba la inexistencia del impedimiento.

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La Sala Especial de Decisión del Consejo de Estado que estudió la demanda consideró que no es competente para pronunciarse sobre la validez del trámite que se le dio a la resolución de la recusación y aclaró que este no constituye causal de pérdida de investidura.

Concluyó que no se encuentra tipificado el haberse abstenido de participar en el debate sin esperar una respuesta de fondo de la Comisión de Ética sobre las recusaciones, y confiar en que el rechazo al recurso por parte del presidente de dicha célula por ausencia de pruebas daba por sentado la inexistencia de impedimento.

Así mismo, dado que los demandados no tenían parte en el trámite para resolver las recusaciones y que estas fueron rechazadas, para el Consejo de Estado no podía endilgárseles responsabilidad por haber participado en la discusión y votación efectuada frente al proyecto de reforma, sino que debe concluirse que actuaron en ejercicio de sus deberes constitucionales y legales.

Para la sala, el solicitante no explicó en qué consistía el supuesto interés directo en el proyecto de reforma constitucional, como tampoco si tuvo lugar un conflicto moral. 

JUSTICIA
En Twitter: @JusticiaET
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