Los salvamentos en decisión que mantuvo el aborto sin límite de tiempo

Los salvamentos en decisión que mantuvo el aborto sin límite de tiempo

Los magistrados Cristina Pardo, Luis Guillermo Guerrero y Carlos Bernal se apartaron de la mayoría. 

Corte Constitucional

La Corte Constitucional avaló por unanimidad la ley de amnistía.

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Corte Constitucional

Por: Redacción Justicia
19 de octubre 2018 , 04:13 p.m.

Aunque seis magistrados de la Corte Constitucional votaron de forma mayoritaria para decidir que ese alto tribunal no puede imponer límites de tiempo para que las mujeres puedan acceder al aborto en los tres casos permitidos en el país, hubo otros tres que salvaron su voto y se apartaron de esa mayoría. 

Se trata de la magistrada Cristina Pardo, quien precisamente había presentado la ponencia que fue derrotada, y que proponía limitar el aborto tras la semana 24 de gestación considerando que en esa etapa el feto ya tiene un desarrollo que le permite vivir independientemente de la madre. También salvaron su voto el magistrado Carlos Bernal, y Luis Guillermo Guerrero. 

En su salvamento, Pardo aseguró que la decisión de la Sala Plena "desconoció abiertamente la función, objeto y requisitos de las medidas provisionales en materia de tutela".

Esa afirmación de Pardo se da porque en el fallo de ayer, la Corte le dio la razón a una jueza que ordenó como medida cautelar que se le practicara un aborto a una mujer de 33 años que había tenido toda clase de trabas para poder acceder a la interrupción del embarazo por malformación del feto y riesgo para su vida. La mujer se encontraba en la semana 26 de gestación. 

La magistrada aseguró que la decisión de la que se aparta "acogió como válida una decisión que ordenó realizar una IVE (interrupción voluntaria del embarazo) sin tener en cuenta las pruebas obrantes en el expediente, la inexistencia de certificados médicos sobre riesgo a la vida o la salud mental de la madre y sin valorar siquiera que el procedimiento ordenado no se podía realizar en el avanzado estado de gestación de la accionante". 

Para Pardo, además, la Corte Constitucional "desaprovechó una importante oportunidad para remarcar la protección de los derechos de las personas con discapacidad y rechazar el aborto por discriminación". A su juicio, el alto tribunal desconoció que se debe exigir la verificación de la malformación y la calificación de esa patología como incompatible con la vida. 

"La Corte en su decisión mayoritaria desaprovechó la oportunidad para reforzar la protección de los derechos de las personas con discapacidad y remarcar que todo aborto basado en discriminación es un delito en Colombia", dijo Pardo.

Sobre su propuesta de limitar el aborto a 24 semanas, que no fue acogida por la mayoría de la Corte, Pardo aseguró que el alto tribunal "desaprovechó una importante oportunidad para llenar el vacío de protección a la vida de los nasciturus autónomamente viables que dejó la sentencia del 2006". 

Pardo dijo que las causales que se permiten para abortar en Colombia deberían "ajustarse a la protección de la vida del que está por nacer",  lo que a su juicio "se incrementa con el paso de las semanas de gestación y en particular a partir de la semana 24 cuando el feto alcanza su viabilidad autónoma". 

La magistrada insiste en que en la mayoría de legislaciones hay restricciones para el aborto a partir de las semanas 22 y 24 de gestación y afirma que "un caso como el colombiano que no tiene límites temporales es excepcional". También dijo que la Corte debía llenar "el vacío de protección a los nasciturus con avanzado estado de gestación bajo el principio de gradualidad" conforme al desarrollo del feto. 

"Como consecuencia de la viabilidad autónoma alcanzada, los protocolos nacionales e internacionales sobre aborto seguro exigen, que previa a la interrupción del embarazo se realice el feticidio (muerte provocada del feto), porque de no hacerlo el feto nacería vivo y la muerte provocada luego del nacimiento se considera homicidio", afirmó Pardo. 

Finalmente, Pardo criticó duramente la sentencia que despenalizó el aborto en tres casos en el 2006, y dijo que no está de acuerdo con que ese fallo de hace 12 años haya considerado que la vida humana en formación "es un bien constitucionalmente relevante", lo que a su juicio se "diferencia del derecho subjetivo fundamental a la vida". 

La vida humana, entendida como la vida de un individuo de la especie humana, inicia en el momento en el que se conforma el cigoto

Para Pardo, decir que el feto es un bien abstracto, lo reduce al mundo de las cosas y a su juicio va en contra de la noción de vida. Para Pardo, hay vida desde la concepción: "La vida humana, entendida como la vida de un individuo de la especie humana, inicia en el momento en el que se conforma el cigoto. El cigoto es la célula fundamental, con la carga genética individual y única, que a través de su propia multiplicación tiene la capacidad de conformar todas las estructuras, órganos y sistemas de un cuerpo humano", dijo en su salvamento.  

El magistrado Carlos Bernal Pulido también se apartó de la decisión mayoritaria afirmando que la decisión de la Sala Plena vulneró el debido proceso de Compensar, pues el alto tribunal aseguró que la tutela carecía de objeto ya que por la medida cautelar que la jueza ordenó a favor de la mujer de 33 años, el caso se había superado. 

Para Bernal, en el caso de tutela que estudió la Corte no hubo acciones irregulares por parte de las instituciones médicas que se negaron a practicar el aborto a la mujer de 33 años. Para el magistrado esa negativa "estuvo plenamente justificada por cuanto no se configuraba ninguna de las causales establecidas por la Corte en la sentencia del 2006", dijo. 

Bernal dijo que la mujer involucrada en el caso no había entregado una certificación que mostrara que la malformación del feto era incompatible con la vida, ni se certificó que la continuación del embarazo supusiera un riesgo para su salud. "La mayoría estima como barreras injustificadas para acceder al aborto el cumplimiento de las exigencias para la configuración de las causales de despenalización del aborto previstas en dicha decisión judicial", dijo Bernal. 

El magistrado tampoco estuvo de acuerdo con la medida cautelar que ordenó la jueza en el caso estudiado, para que se practicara el aborto. A su juicio, "las medidas cautelares no puede implicar una decisión anticipada y definitiva del proceso de tutela". 

También afirmó que no se podía aplicar la medida cautelar que ordenó el aborto porque "era de imposible realización teniendo en cuenta la edad gestaciones del feto". Y agregó: "¿qué protección constitucional amerita la vida, la igualdad y el debido proceso del feto que tiene madurez suficiente para subsistir con independencia de la madre, pero cuya vida, sin configuración de ninguna causal de aborto, es eliminada por orden judicial, por la posibilidad de que al nacer tenga una discapacidad?", preguntó el magistrado. 

A su turno, el magistrado Luis Guillermo Guerrero dijo que la Corte debió haber tomado una decisión de fondo en la que precisaran las condiciones en las que procede el aborto en las causales que se despenalizaron en el 2006, particularmente, las condiciones de edad gestacional en las que se puede realizar. Es decir, también estaba de acuerdo con que el alto tribunal debió haber manifestado consideraciones frente a un límite de tiempo.

Magistrado apoyó la decisión mayoritaria

En una orilla contraria a los tres magistrados que se apartaron de la mayoría, estuvo el magistrado Alejandro Linares, presidente de la Corte Constitucional, quien votó a favor de tumbar la ponencia de Pardo. Linares presentó una aclaración de voto. 

En esa aclaración, dijo que la decisión de la mayoría de la Corte "reafirma el derecho fundamental a la interrupción voluntaria del embarazo en el marco de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres". 

El magistrado también dijo que la decisión reitera que las mujeres que cumplen con las causales para abortar en Colombia "gozan del derecho a decidir libres de presión, coacción, apremio, manipulación y, en general, cualquier suerte de intervenciones inadmisibles respecto de la interrupción voluntaria de su embarazo, y deben contar con la disponibilidad, acceso y oportunidad del servicio". 

En ese sentido, Linares dijo que frente a las barreras administrativas que enfrentan las mujeres para acceder a su derecho, se les debe recordar a los operadores de salud que "ante la coexistencia de dos o más causales, deben dar aplicación a la más favorable y oportuna para la mujer". 

Linares también dijo que al juez de tutela no le corresponde establecer cuándo un embarazo es un riesgo para la vida o la inexistencia de graves malformaciones del feto, porque esa determinación está en cabeza de los médicos "quienes deberían actuar conforme a los estándares éticos de su profesión, sumado a la decisión libre e informada de la madre gestante". 

El legislador puede prever otras (causales) en las cuales la política pública frente al aborto no pase por la sanción penal, atendiendo a las circunstancias en las cuales éste es practicado

El magistrado dice que el hecho de que el embarazo de la mujer que puso la tutela estuviera en un estado avanzado, y que los prestadores de salud no estuvieran en capacidad para hacer el aborto, "no es excusa válida para relevar a la entidad de su deber de realizar el procedimiento cuando se reúnan los requisitos de la sentencia del 2006". 

También aseguró que las instituciones de salud deben identificar quién puede cumplir con los abortos en etapas iniciales o tempranas del embarazo, y también en las etapas avanzadas "teniendo en cuenta los protocolos adecuados científicamente a cada uno de los escenarios". 

Finalmente, el magistrado también dijo que la Corte exhortó al Congreso para que regule el aborto, caso en el que puede prever otras causales, "en las cuales la política pública frente al aborto no pase por la sanción penal, atendiendo a las circunstancias en las cuales éste es practicado, así como a la educación de la sociedad y a los objetivos de la política de salud pública". 

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