El largo camino para volver a la fumigación aérea con glifosato

El largo camino para volver a la fumigación aérea con glifosato

Tras decisión que aclara las condiciones, Gobierno afirmó que presentará un protocolo para fumigar.

Glifosato

La fumigación aérea de coca se suspendió desde mediados del 2015 en Colombia.

Foto:

Archivo EL TIEMPO

Por: Justicia
20 de julio 2019 , 07:44 p.m.

Aunque las aclaraciones que la Corte Constitucional le hizo al Gobierno sobre los requisitos que debe cumplir para la fumigación aérea con glifosato le quitaron un peso de encima, lo cierto es que para reanudar las aspersiones con el herbicida, el presidente Iván Duque aún tiene por delante un largo camino.

Expertos señalan que cumplir con todo el trámite de estudios, licencias y definición del nuevo programa de fumigación tomaría varios meses.

En una decisión unánime, la Corte Constitucional le aclaró hace cuatro días al Gobierno que en su fallo del 2017 no se exigieron condiciones imposibles para volver a las fumigaciones, suspendidas desde hace cuatro años, cuando por primera vez en el país se consideró que el polémico herbicida era potencialmente cancerígeno.

Pero el año pasado, el gobierno de Duque le pidió a la Corte modular su sentencia, afirmando que la fumigación se necesita para combatir los cultivos de coca que hoy están por las 208.000 hectáreas, según un reciente informe de la Casa Blanca.

La primera aclaración que hizo la Corte es que el órgano que debe tomar la decisión de volver a fumigar es el Consejo Nacional de Estupefacientes. Así, es ese organismo el que debe tener en cuenta “de buena fe” las condiciones que le puso la Corte y ponderar los riesgos para la salud y el medioambiente frente a la seguridad y la lucha contra las drogas.

Esa aclaración favorece al Gobierno si se tiene en cuenta que las decisiones en el Consejo de Estupefacientes se adoptan por votación y al menos seis de las nueve sillas están ocupadas por sus ministerios (Justicia, Defensa, Educación, Salud, Relaciones Exteriores y Agricultura) y los otros tres miembros son la Procuraduría, la Fiscalía y la Policía.

Aunque el Ministerio de Justicia, cartera que hace las veces de secretaría técnica en ese organismo, dijo el jueves que presentará un nuevo protocolo para volver a las fumigaciones aéreas, aún no hay una fecha definida de cuándo se entregará ese documento.

Mientras tanto, el tiempo apremia porque el Gobierno aún tiene varios requisitos que cumplir, de los cuales aún no hay resultados concretos. Así lo confirmaron fuentes de la Corte Constitucional a este diario, quienes dijeron que en el proceso que estaba evaluando ese alto tribunal, el Gobierno no entregó regulaciones ni estudios específicos sobre cómo va a lograr lo exigido.

El Gobierno aún tiene varios requisitos que cumplir, de los cuales aún no hay resultados concretos

Estudio de riesgos

A pesar de esto, fuentes de la Casa de Nariño señalaron que el Ministerio de Justicia viene trabajando en decretos que regularían el uso del herbicida y el de Defensa, en los aspectos prácticos de uso en el terreno.

El primer paso en el que tiene que avanzar el Gobierno, y que es fundamental, es demostrar con estudios científicos que los riesgos que implica el glifosato se pueden minimizar y controlar mediante medidas y precauciones. Así quedó establecido luego de que la Corte aclaró que no hay que demostrar “ausencia de daño absoluta”, ni que “la actividad no plantea ningún riesgo en absoluto” –como se había interpretado de su decisión del 2017–, sino que lo que se debe exponer es cómo minimizar los riesgos.

Aunque tenga mayoría en el Consejo de Estupefacientes, el Gobierno debe blindar sus decisiones con conceptos serios pues los decretos podrían ser demandados ante el Consejo de Estado e incluso con tutelas sus decisiones podrían estar en riesgo.

Fuentes del Ministerio de Salud afirmaron que aún no hay un estudio concreto, aunque sí se han evaluado algunas medidas. Así, en un concepto enviado a la Cámara el año pasado, el ministerio dijo que el uso de drones de baja altura podía ser una forma efectiva de fumigar y controlar los riesgos. En el plan piloto, la Dirección Antinarcóticos asperjó, entre el 3 de junio y el 15 de agosto del 2018, 168 hectáreas en Tumaco, Nariño, “con una efectividad del 79 por ciento, y sin rastros de contaminación”.

Sin embargo, fuentes consultadas por EL TIEMPO afirmaron que esta estrategia fracasó, debido a la poca capacidad de carga y vuelo de los drones. Ante este panorama, al Gobierno solo le quedaría el uso de aviones privados, escoltados por la Policía, como se hacía antes de la prohibición.

Regulación

Otro de los requisitos es crear una regulación del procedimiento en el terreno, cuyas normas deben ser definidas por organismos distintos a los que ejecutan el programa, es decir, en ella no pueden participar el Ministerio de Defensa ni la Policía Antinarcóticos. También se tiene que definir la participación de terceros expertos en salud y medioambiente que se encarguen de monitorear las alertas por posibles daños, y recibir quejas de las comunidades.

Tanto el Ministerio de Salud como el de Ambiente venían trabajando en crear el sistema de alertas de daño ambiental, y el de Justicia avanzaba en la nueva institucionalidad para que los que generen la política de fumigación no sean los mismos que la ejecuten.

Fuentes del Gobierno aseguran que el Ministerio de Defensa está avanzando en montar la nueva tecnología para el riego, y estudia cómo sería el reentrenamiento de los pilotos y la financiación del programa.Todos estos avances, reconocen las fuentes del Gobierno, están en borrador y deben ser llevados ante el Consejo Nacional de Estupefacientes.

Todos estos avances, reconocen las fuentes del Gobierno, están en borrador y deben ser llevados ante el Consejo Nacional de Estupefacientes

Después de que se determine esa regulación, cuál va a ser la forma de fumigación, cuál va a ser el químico, y se tengan los estudios de control de riesgos, se debe solicitar ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales el permiso para operar. Ante esa autoridad también se debe llevar el plan de manejo ambiental en el que el Gobierno debe definir cómo se cuidarán los recursos hídricos, sobre qué áreas se fumigará y cómo se protegerá la agricultura.

Fuentes de la Presidencia señalaron que en las directrices quedarán por fuera las áreas de parques naturales y que ese plan ambiental va a ser enfático en la protección del agua, la biodiversidad y el ambiente. Insistieron en que la idea del Gobierno no es que la fumigación sea indiscriminada.

Priorizar la sustitución
Sustitución de Cultivos Ilegales

Gráfico de sustitución de cultivos

Foto:

Infografía / EL TIEMPO

Si bien el Gobierno debe cumplir todos esos requisitos para volver a fumigar, la Corte Constitucional le ordenó tener en cuenta lo que se acordó con las Farc sobre la solución al problema del narcotráfico.

Esa precisión es clave pues el acuerdo sostiene que el Gobierno debe priorizar la sustitución de cultivos ilícitos, y en los casos donde no se logren acuerdos, realizar la erradicación forzada y tener como última alternativa la aspersión. Eso significa que aunque la fumigación no está descartada, se debería usar después de intentar otros métodos.

A la fecha, según Emilio Archila, alto consejero presidencial para la Estabilización, al programa de sustitución –que está en 56 municipios y 14 departamentos– se han vinculado 100.000 personas, y con el respaldo del Ministerio de Hacienda hay otras 30.000 que podrían ingresar.

La ONU ha certificado, entre mayo del 2017 y abril del 2019, unas 35.317 hectáreas arrancadas por los campesinos. Y el incumplimiento de los compromisos solo se ha dado en el seis por ciento de los casos, que serían los primeros en riesgo de fumigación.

Las demandas

Como ha ocurrido en otros países en donde el uso del glifosato ha terminado en los tribunales por daños a la salud, Colombia tenía hasta marzo 268 demandas en las que las pretensiones llegan a 2,1 billones de pesos.

Con esas cifras está claro que el Gobierno debe controlar y minimizar los riesgos, no solo para respetar los derechos a la salud y al medioambiente de quienes se pueden ver afectados, sino para evitar nuevas demandas.

Las fuentes de la Casa de Nariño aseguraron que se dio la instrucción de ser estrictos en los estudios y en el cumplimiento del plan ambiental, con lo cual podría bajar el riesgo de demandas.

¿Y los aviones para fumigar?

Expertos consultados por EL TIEMPO señalaron que tomaría meses tener en marcha el dispositivo de aviones, pilotos, esquemas de protección de las naves y la misma consecución de mayor cantidad de glifosato para poder reiniciar esas actividades. Según la Policía, la última vez que se fumigó en Colombia fue el 20 de septiembre del 2015 en Antioquia y desde entonces todo ese engranaje se paró.

Hasta ese año, por acuerdos con EE. UU., ese gobierno se encargaba de la contratación de pilotos y aeronaves, pero ahora se tendrá que establecer quién financiará ese programa.

En dos años, Gobierno no ha hecho consulta

En el fallo del jueves, la Corte Constitucional determinó que se “concluyan a la mayor brevedad” las consultas con las comunidades étnicas de Nóvita, Chocó, para establecer los efectos del glifosato sobre estas personas y los mecanismos para enfrentar los daños causados.

EL TIEMPO se comunicó con ellos y encontró que dos años después de la primera decisión de la Corte no se ha avanzado y hasta el momento solo hay una propuesta del Consejo Comunitario Mayor de la zona sobre la metodología que se usaría a fin de empezar las reuniones para discutir el tema.

Igualmente señalaron que le realizaron al mecanismo de consulta unas modificaciones por solicitud del Gobierno y no han recibido una nueva respuesta del Ejecutivo.

En todo caso, sus líderes señalan que no permitirán que sus territorios sean fumigados nuevamente. Víctor Darío Luna, representante legal de el Consejo Comunitario Mayor de Nóvita, entidad que lideraría el proceso de la consulta, aseguró que ese herbicida los afectó en su salud y además terminó comprometiendo los cultivos de plátano, yuca y maíz, así como las huertas de los colegios. Inclusive, dijo el líder, se acabó con las plantas medicinales que son utilizadas por los curanderos en esa zona.

“Para la fumigación de una hectárea terminan afectando 20, 30 o 40 hectáreas a la redonda”, aseguró.

JUSTICIA
En Twitter: @PazYJusticiaET

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