Los impedimentos y recusaciones contra el Fiscal, además de Odebrecht

Los impedimentos y recusaciones contra el Fiscal, además de Odebrecht

Está impedido en el caso Hyundai. Corte rechazó recusaciones en caso Galeón San José, y del Soat.

¿Qué es un fiscal ‘ad hoc’?Corte Suprema respaldó nombramiento para caso Odebrecht. Su última sala plena es el 6 de diciembre.
Néstor Humberto Martínez habló por más de dos horas en el debate de control político sobre Odebrecht.

Héctor Fabio Zamora / EL TIEMPO

Por: Milena Sarralde Duque.
30 de noviembre 2018 , 06:28 p.m.

El caso Odebrecht, en el que el Fiscal General Néstor Humberto Martínez está impedido en un caso, y en el que la Corte Suprema de Justicia aceptó este jueves el impedimento de la vicefiscal María Paulina Riveros en tres procesos, no es la primera situación en la que ha habido controversia por el hecho de que Martínez sea la cabeza del órgano acusador. 

En junio de este año la Corte Suprema de Justicia estudió un impedimento de Martínez en el caso de corrupción que involucra a la empresa Hyundai  Colombia Automotriz.

Este proceso se abrió luego de que se encontrara que esta firma, del empresario Carlos Mattos, supuestamente pagó para ser beneficiada por funcionarios judiciales para que se resolviera a su favor un pleito jurídico contra la coreana Hyundai Motor para seguir teniendo la exclusividad en la venta de sus vehículos en Colombia. 

En este caso Edwin Enrique Angulo Martínez, quien era funcionario judicial, solicitó un principio de oportunidad. Por esta razón, el fiscal 11 delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá le remitió al despacho del Fiscal General esa petición, para que Martínez decidiera si le daba o no ese beneficio. 

Pero al recibir esa solicitud, Martínez manifestó ante la Corte Suprema de Justicia un impedimento por haber sido "apoderado o defensor" de Hyundai, pues aseguró que cuando era abogado prestó una "asesoría jurídica y representó a Hyundai Colombia Automotriz S.A., de propiedad de Carlos José Mattos Barrero, en su litigio de competencia comercial ante la Superintendencia de Industria y Comercio contra la empresa del grupo ecuatoriano Eljuri, designado representante en Colombia de la compañía coreana Hyundai Motor Company, en el marco de la controversia que sostuvieron esta empresa y la Sociedad Hyundai Colombia Automotriz". 

Es decir, Martínez representó a Hyundai cuando esta empresa buscaba que la Superintendencia de Industria y Comercio impidiera que Neocorp, del grupo Eljuri, vendiera estos carros en Colombia. En ese caso, la Superintendencia le negó cuatro medidas cautelares a la firma de Mattos. 

Mattos logró  quedarse con la exclusividad en la venta de carros Hyundai cuando el juez sexto civil del circuito de Bogotá, Reinaldo Huertas, falló a favor de Mattos unas medidas cautelares en las que impedía que Neocorp vendiera vehículos y repuestos en el país de la coreana. En ese caso, según la Fiscalía, se pagó un millonario soborno que alcanzaría los 2.000 millones de pesos para que Hyundai Colombia fuera beneficiada. 

En este proceso, en octubre pasado, la Fiscalía General pidió la extradición de Carlos Mattos, investigado por el pago de sobornos a funcionarios judiciales para ser presuntamente favorecido por la justicia en el pleito comercial. 

En medio del caso Odebrecht, Mattos, quien está en España y es prófugo de la justicia, negó estar tras un supuesto complot contra el Fiscal General para desprestigiarlo en el caso Odebrecht. 

Para manifestar su impedimento en el caso Hyundai, Martínez dijo que "aún cuando el suscrito Fiscal General de la Nación no ha actuado en manera alguna al interior del presente asunto, la actuación que por esta vía se demanda, supone una actividad de conocimiento del caso, en la medida que se busca la aprobación de un principio de oportunidad, que sentará una posición de fondo sobre el asunto, generando una manifestación del suscrito". 

Carlos Mattos

Carlos Mattos, expresidente de Hyundai

Foto:

Hyundai.

La Corte aceptó ese impedimento, y concluyó que "para garantizar la imparcialidad del funcionario y hacer efectivo el derecho al debido proceso, el impedimento por él manifestado se declarará fundado, dados sus vínculos profesionales con el procesado". 

Ante el impedimento de Martínez, desde junio de este año el proceso es liderado por la vicefiscal María Paulina Riveros. 

Dos recusaciones contra Martínez que no fueron aceptadas: caso Soat y Galeón San José

En septiembre de este año Max Galeano, en condición de denunciante, recusó al Fiscal Néstor Humberto Martínez en medio de una denuncia que presentó por supuestos hechos de corrupción con el SOAT.

La denuncia de Galeano, radicada el 10 de octubre del 2017, se dio por "presuntas conductas delictivas de parte de varios servidores públicos y dirigentes gremiales con finalidad de perpetuar y ocultar y encubrir una operación de lavado de dinero instaurado por el Gobierno Nacional desde el 18 de abril de 1991", con el SOAT. 

Según el denunciante, el SOAT se creó tras un proyecto de ley que se conoció como decreto extraordinario 1032 de 1991 con el que se estableció este seguro obligatorio de accidentes de tránsito. Galeano recusó al Fiscal General afirmando que en la época en la que se creó el SOAT, Martínez "fungía como Superintendente Bancario". 

Martínez negó la recusación el primero de agosto afirmando que "el solicitante en ningún momento acredita su condición de parte dentro del proceso de referencia, más allá de su condición de denunciante". 

Además, el Fiscal Martínez aseguró en ese momento que "aún cuando el Fiscal General de la Nación tiene la facultad de delegar las actuaciones a sus fiscales delegados, este acto per se lo separa de la actuación haciendo inane inclusive, la configuración del impedimento o recusación".  Para Martínez el hecho de que él delegara una investigación garantizaba "los atributos de independencia y autonomía". 

La Corte declaró infundada la recusación afirmando que el caso le fue delegado a la Fiscalía Cuarta Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, a quien el correspondió llevar la investigación desde el 15 de noviembre del año pasado, por lo que el alto tribunal consideró que Martínez no tiene bajo su conocimiento esa actuación. 

Otro caso en el que Martínez fue recusado es en un proceso por el pleito del Galeón San José. La recusación fue planteada por Danilo Devis Pereira, quien es el abogado de la Sociedad Sea Search Armada SSA, quien demandó a diferentes aforados "por presuntas conductas relacionadas con la historia de corrupción y arbitrariedad que se ha desarrollado alrededor del galeón San José". 

Galeón San José

Esta imagen hace parte de 6.000 fotos tomadas por un robot a 600 metros de profundidad en el mar Caribe colombiano a los restos del galeón San José.

Foto:

Foto: propiedad del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH)

Según el abogado, después de que en el 2015 el Galeón San José -que naufragó hace 330 años en el mar Caribe-, fue encontrado, se reactivó el pleito entre SSA y la Nación para determinar a quién le corresponden los tesoros hundidos con ese barco. 

El abogado dijo que "como ministro de Presidencia, en esa controversia intervino directamente el doctor Néstor Humberto Martínez Neira, en representación de la Nación, enfrentando a la posición de SSA. Y el 14 de mayo del 2015 convocó al suscrito como apoderado general de SSA, para iniciar diálogos sobre las diferencias anotadas". 

El abogado dijo que se reunió con Martínez una vez en el Ministerio de Cultura para lograr un acuerdo, pero no se llegó a ningún consenso. Después de que Martínez renunció al Ministerio de la Presidencia, el 16 de julio del 2015 fue designado como miembro de la Comisión de Antigüedades Náufragas, en representación del Presidente de la República". Dice el abogado, que Martínez hizo parte de esa Comisión hasta el 10 de noviembre del 2016, cuando se le aceptó su renuncia. 

Para el abogado, el hecho de que Martínez hubiera asesorado a la Presidencia dentro de esa Comisión en lo relacionado con la tesoro del Galeón San José, implica que está impedido como Fiscal General en la demanda que él instauró. "El doctor Martínez Neira ha concedido declaraciones públicas en contra de la posición de SSA, dentro del esquema de la APP (asociación público-privada) con la que se redescubrió el Galeón San José el 27 de noviembre del 2015). 

En ese caso Martínez no aceptó el impedimento pues dijo que el caso había sido delegado, y lo tenía la Fiscalía Primera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia. 

El alto tribunal le dio la razón y declaró infundada la recusación, afirmando que el caso, en efecto, había sido delegado y las recusaciones e impedimentos sólo pueden entenderse "en relación con el funcionario que está a cargo del asunto". 

El impedimento de la vicefiscal en Odebrecht y el fiscal 'ad hoc'

En el caso Odebrecht, la Corte Suprema de Justicia aceptó este jueves el impedimento de la vicefiscal Riveros para seguir liderando tres investigaciones por el caso de sobornos que involucran a la multinacional, y en los que estaba impedido Martínez. Por esta situación, el alto tribunal le solicitó al presidente Iván Duque que envíe una terna para elegir a un fiscal ad hoc que lleve los casos. 

Ante el impedimento que la Corte aceptó, fuentes del alto tribunal que como el fiscal ad hoc es para tres casos, en las otras líneas de investigación que se llevan por el caso Odebrecht tendría que darse las recusaciones de una en una, por lo que este fiscal ad hoc no será para todos los procesos sino sólo para los que Riveros se declaró impedida.

Después de que Noticias Uno reveló una entrevista y grabaciones del excontroller de la Ruta del Sol II, Jorge Enrique Pizano, en las que asegura que desde el 2015 informó de pagos irregulares de Odebrecht a Néstor Humberto Martínez, entonces abogado del Grupo Aval (quien era socio minoritario de Odebrecht en la Ruta del Sol II), se generaron críticas sobre el Fiscal General, además de cuestionamientos sobre si conocía o no de los sobornos de la multinacional antes de llegar a la cabeza del órgano acusador.  

Así, el 16 de noviembre el presidente de la Red de Veedurías, Pablo Bustos, recusó a la vicefiscal Riveros señalando que por ser cercana al Fiscal Néstor Humberto Martínez no podía seguir llevando las investigaciones. La Fiscal no aceptó esa recusación, sin embargo le envió el caso a la Corte Suprema de Justicia afirmando que acompañaba la posibilidad de nombrar un fiscal ad hoc, con el fin de desvirtuar "conjeturas y cuestionamientos". 

Pero el 23 de noviembre, según fuentes de la Corte Suprema de Justicia, el mismo día que la vicefiscal y el Fiscal General Néstor Humberto Martínez fueron hasta el alto tribunal para hablar sobre el fiscal ad hoc, la vicefiscal Riveros presentó un escrito dirigido a la Corte. 

En ese escrito, aseguran las fuentes, Riveros hace una manifestación de impedimento afirmando que podría tener una especie de interés en el proceso. Pero el impedimento se da sólo en tres casos, uno de ellos, el que se llevaba y fue archivado contra las exministras Gina Parody y Cecilia Álvarez por el caso Odebrecht. 

En ese caso, el Fiscal Martínez se declaró impedido porque en el 2012, como asesor de la Concesionaria Ruta del Sol SAS, dijo en un concepto que la adición al contrato de la Ruta del Sol II (el contrato Ocaña-Gamarra) debía hacerse por licitación", y no con un nombramiento a dedo, como en efecto ocurrió.

En ese momento, el magistrado Luis Armando Tolosa salvó parcialmente su voto afirmando que el caso no se le debió haber delegado a la vicefiscal general por la "relación de dependencia que tiene la vicefiscal con el doctor Martínez Neira", quien la nombró directamente como su sustituto y eventual sucesora.  

El magistrado Tolosa aseguró en ese momento que la Corte "debió haber adoptado una postura más activa, atendiendo la magnitud de la problemática planteada y su importancia en el escenario nacional e internacional". 

Y el 27 de abril del año pasado, tanto Jorge Enrique Robledo como Claudia López recusaron al fiscal por haber sido abogado del Grupo Aval, cuando fue socio de Odebrecht en la Ruta del Sol II. En ese momento, la Corte rechazó la recusación afirmando que ninguno de los dos senadores era parte legítima en el proceso para poder recusar a Martínez. 

Sin embargo, en ese caso, el magistrado Tolosa también salvó su voto. Dijo que el alto tribunal debió haber hecho un estudio de fondo y aceptarlos como víctimas, "pues están implicados cuantiosísimos recursos públicos que fueron invertidos en los contratos involucrados en la investigación del caso Odebrecht". 

A juicio de Tolosa, el caso de corrupción afectó a toda la ciudadanía en general por tratarse de recursos públicos, lo que debió haber llevado a hacer una interpretación más amplia de lo que constituye ser víctima. 

"Finalmente, aun cuando pudiese decirse que los peticionarios no demostraron “sumariamente” ser víctimas de los hechos materia del asunto subexámine, debe recordarse que por tratarse de graves delitos los denunciados contra la administración pública, los damnificados, además del propio Estado, somos todos los ciudadanos", dijo en su momento el magistrado. 
 
Milena Sarralde Duque
JUSTICIA
@MSarralde

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