Los poderosos de la Costa a quienes toca fallo contra Aída Merlano

Los poderosos de la Costa a quienes toca fallo contra Aída Merlano

En la condena de 15 años contra Merlano se ordenó investigar a Arturo Char y Julio Gerlein.

Aida Merlano

Aida Merlano se encuentra detenida en El Buen Pastor.

Foto:

Archivo particular

Por: Justicia
01 de octubre 2019 , 04:06 p.m.

En menos de siete años, Aída Merlano pasó de ser líder política de los barrios del sur de Barranquilla a convertirse en senadora. De líder del barrio ascendió hasta ser elegida como diputada por el Atlántico, en el 2011. En el 2014 la eligieron representante a la Cámara y en el 2018, senadora. 

Pero para ascender en su carrera política, dice la Corte, "los métodos utilizados no fueron transparentes sino el resultado de una estructura delictiva ideada por ella, coordinada, dirigida, organizada y encabezada, que venía funcionando de tiempo atrás en la consecución de escaños de elección popular a través de la vulneración de los diferentes mecanismos de participación democrática, entre ellos, la compra del voto". 

Ese fue uno de los argumentos con los que la Sala de Juzgamiento en Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó a la excongresista Aída Merlano a una pena de 15 años de prisión, fallo que podría terminar complicando la situación del Clan Gerlein y de otras importantes familias de la costa que, según testimonios y documentos, hicieron parte de la red de Merlano.

Por eso en su fallo la Corte ordenó investigar a 17 personas, entre ellos  al senador Arturo Char, el representante a la Cámara Laureano Augusto Acuña Díaz, a la diputada Margarita Ballén, y al empresario Julio Gerlein, entre otras figuras importantes del caribe. 

La caída de Merlano comenzó el 9 de marzo del 2018 cuando a la Policía en Barranquilla le llegó información de una fuente ciudadana que indicaba las actividades delictivas de compra de votos que se estaban realizando en una casa ubicada en el barrio El Golf de esa ciudad, conocida como 'la Casa Blanca'. Según las denuncias, en esa vivienda funcionaba la sede política de la campaña al Senado de Aída Merlano Rebolledo. 

Dos días después, se hizo un allanamiento en la vivienda, que en lugar de una sede de campaña parecía una empresa, con taquillas y cajeros. En la sede se encontraron 18 computadores que tenían listados de personas con sus respectivos números de cédula, letras de cambio, recibos de caja, y un DVR en el que se guardaban los videos de la cámara de seguridad de la vivienda. También había seis carpetas que tenían listados de posibles votantes a las elecciones legislativas del 2018. 

La Policía y Fiscalía encontraron libretas con instrucciones a líderes, certificados electorales, una contadora de billetes, y una caja fuerte que tenía 261 millones de pesos. También encontraron una pistola marca Glock negra y un proveedor con ocho cartuchos, un revolver marca Llama Martial, otro revolver de cacha plástica, una escopeta y municiones. 

Todas esas pruebas llevaron a concluir que en esa sede política de Aída Merlano se estaba desarrollando una "estructura criminal electoral" para comprar votos y conseguir un escaño en el Congreso. Las armas también probaron que "para asegurar los fines de la estructura criminal que se gestaba en esa casa, se necesitaban armas para fines de seguridad y control".

Para asegurar los fines de la estructura criminal que se gestaba en esa casa, se necesitaban armas para fines de seguridad y control

En total eran 21 personas las que trabajaban en la red ilegal que compraba votos, red en la que participaba Merlano, particulares, políticos, concejales y diputados que buscaban votantes en Atlántico, pero también en Bolívar y Magdalena a través de "casas de apoyo" que quedaban cerca a los puestos de votación, en los que hacían un seguimiento de los sufragantes.

Primero les daban 15.000 pesos para asegurar su voto, y luego, cuando verificaban que habían votado por ella, les pagaban 35.000 más. A algunos les llegaron a pagar hasta 90.000 pesos, dice el fallo de la Corte. Y a los líderes que trabajaban con Merlano les daban 10.000 pesos por cada voto que ayudaran a conseguir. 

(Le puede interesar: Condenan a Aída Merlano a 15 años de cárcel)

La red era tan organizada que las evidencias muestran que venía operando desde el 2014, y que ejercían un control de los votantes a través de un sistema electrónico de identificación de los ciudadanos.

Ese sistema tenía talonarios, el nombre del líder que se encargaba de comprar el voto, y la inscripción junto con un código QR, letras de cambio para pagarles a los particulares, y elementos que leían los códigos de barra de la cédula de cada persona para saber dónde estaba registrada. Y cuando desconfiaban del voto de un ciudadano, le retenían la cédula para que no apoyara a nadie más con su inscripción en otro punto. Hasta tenían instructores para enseñar a votar. 

Esas fueron las razones por las que la Corte Suprema de Justicia condenó a 15 años de prisión a la excongresista Aída Merlano por los delitos de corrupción al sufragante agravado, fabricación, tráfico o porte ilegal de armas de fuego. Por esos hechos Merlano se encuentra presa desde abril del año pasado cuando se presentó voluntariamente ante la Policía. 

La Corte aseguró que su pena debía ser de 180 meses en total (15 años), pues la suma que justifica esa condena se obtiene ya que por el porte ilegal de armas (por dirigir una empresa criminal que tenía armas en su sede política) fue sancionada con 124 meses de prisión; por concierto para delinquir se le sumaron 32 meses más; y por corrupción al sufragante obtuvo una pena de 24 meses más para un total de 15 años. 
Merlano tampoco podrá ejercer cargos públicos en ese tiempo. 

Aunque la defensa había pedido que se le permitiera la detención domiciliaria o ser enviada a una cárcel en la ciudad de Barranquilla, donde viven sus hijos, la Corte negó esas peticiones. Según el alto tribunal, esta es una sentencia en primera instancia que puede ser apelada y, por lo tanto, mientras tanto, Merlano deberá permanecer en el patio de funcionarios públicas de la cárcel El Buen Pastor, en Bogotá. 

Las pruebas 
Sede política de Aída Merlano

Operativo de Policía y la Fiscalía en la sede política de Aída Merlano. En el lugar se hallaron certificados electorales y dinero en efectivo.

Foto:

Vanexa Romero / EL TIEMPO

En el juicio contra Merlano la Corte escuchó los testimonios de 11 personas que tuvieron conocimiento de cómo operaba la red ilegal, y obtuvo miles de pruebas documentales. 

En uno de esos documentos se encontraron actas de entrega con 871 registros  por 2.411 millones de pesos. En otro documento había 524 actas de entrega a líderes por 1.981 millones de pesos, así como recibos de caja por más de 400 millones de pesos. 

Aunque Merlano dijo en el juicio que ella sólo dio "gastos de representación", y entregó viáticos para transporte, y aseguró que nunca compró votos sino que conquistó a sus electores, la Corte asegura que las pruebas documentales y testimoniales muestran lo contrario. Ella, "de manera libre, consciente y voluntaria se concertó con particulares, políticos y empresarios para organizar, promover, dirigir y encabezar la empresa criminal destinada a obtener cargos de elección popular a través de la corrupción al sufragante". 

De manera libre, consciente y voluntaria, Merlano se concertó con particulares, políticos y empresarios para organizar, promover, dirigir y encabezar la empresa criminal

A los testimonios y documentos se añadieron los videos de cámaras de seguridad que comprueban la forma en la que Merlano dirigía lo que sucedía en su sede de campaña, lo que desmiente sus afirmaciones en el sentido de que pocas veces iba a esa vivienda.

En la campaña, dice la Corte, Aída Merlano "actuó como líder, con amplias
actividades de conducción, coordinación y autonomía". En uno de los videos se ve a Merlano, por ejemplo, diciendo que necesitaba 2.000 millones porque los 1.300 que tenía no le alcanzaban para pagar los arrendamientos de las casas de apoyo ni los votos. 

Con todo esto, la Corte aseguró que este tipo de actos de corrupción electoral son un atentado grave "que carcome y desgasta los pilares del modelo de Estado con los cuales se abusa de ciudadanos desprotegidos, marginados y necesitados, que por dinero venden sus consciencias". 

'Julio Gerlein sabía todo lo que ocurría en la sede': Merlano
Gerlein

Al llegar al Centro de Servicio a Julio Gerlein se le asignó la sala 12 del Centro de Servicios Judiciales.

Foto:

Cortesía Zonacero.com

Ante la Corte, la excongresista Aída Merlano negó que hubiera cometido delitos de corrupción electoral. En cambio, aseguró que la sede que tenía y en la que se hizo el allanamiento se había abierto de tiempo atrás para la campaña de Roberto Gerlein, quien duró 50 años en el Congreso, hasta el 2018. 

Según dijo Merlano, quien patrocinaba la actividad política era el hermano de Roberto, el empresario Julio Gerlein, quien decidió que ella fuera su fórmula. Merlano también dijo que Julio Gerlein fue quien dio las instrucciones para firmar el contrato de arrendamiento de la sede. 

Merlano también aseguró ante la Corte que "Julio era quien manejaba la sede y sabía de todo" lo que allí ocurría, por lo que, como iba poco a la sede no era ella la jefe" de ese lugar. Incluso Merlano señaló que Julio Gerlein se encargaba de la parte administrativa, logística y del dinero en los gastos de campaña. 

En abril pasado un juez dejó en libertad a Julio Gerlein, sindicado de ser el cerebro de la financiación de la campaña de Merlano, y quien sigue investigado por estos hechos. 

Ante la Corte, el CTI rindió un informe que asegura que la estructura criminal a la que Merlano perteneció se constituyó por medio de las coaliciones entre distintas familias del Atlántico "conocidas como los clanes Gerlein, Char y Name, los cuales han liderado y ocupado por lustros los principales escaños de orden político". 

Incluso, el informe de Policía Judicial en el caso señala que "la organización logró elegir como senador de la República para el periodo constitucional 2014-2018 a Roberto Gerlein Echavarría, y a la Cámara de Representantes además de la acusada, a Laureano Augusto Acuña Díaz, como diputada a la Asamblea por el Atlántico fue elegida en octubre de 2015 Margarita Ballén Méndez, y para el concejo municipal de Barranquilla, Jorge Luis Rangel Bello, Aissar Castro y Carlos Rojano Llinás, segundo esposo de Merlano Rebolledo". 

En el proceso, dice el fallo, se expuso que estas personas fueron "financiadas económicamente por el empresario barranquillero Julio Gerlein Echeverría, quien presuntamente haría parte del entramado criminal, y que entre otros propósitos, tenía el de lograr que su hermano Roberto permaneciera en el poder". 

Estas personas fueron financiadas económicamente por el empresario barranquillero Julio Gerlein Echeverría, quien presuntamente haría parte del entramado criminal

Como en el 2018, Roberto Gerlein declinó su aspiración al Senado, dice la investigación, se decidió lanzar para esa curul a Aída Merlano. Para ese escaño, dice el informe del CTI, hicieron coalición con la familia Char para obtener votos en otros departamentos como Bolívar y Magdalena con el compromiso de que Merlano apoyara a Lilibeth Llinás como su fórmula a la Cámara de Representantes por el partido Cambio Radical. 

Por esto, el informe de investigación señala que lo que se conformó en el Atlántico fue una "verdadera empresa electoral ilegal para la compra de votos, conformada por gerente, tesorero, pagadores, secretaria, revisoras, seguridad y personas que aportaban financieramente, entre ellos el empresario Julio Gerlein Echavaría, principal músculo financiero". 

Una de las declaraciones es la de Rafael Antonio Rocha Salcedo, quien hizo parte de la campaña, y aseguró que dos o tres días antes de las elecciones, Merlano se reunió en la sede de su campaña con Julio Gerlein, y dos personas más. Después de la reunión, dice Rocha, la vio disgustada porque Julio sólo había conseguido 600 millones "de los 2.000 millones de pesos que se había comprometido a entregar para terminar de comprar la votación". 

Ante estas declaraciones y pruebas que señalan a políticos y otras figuras de la Costa, la Corte Suprema compulsó copias contra el senador Arturo Char, el representante a la Cámara Laureano Augusto Acuña Díaz, la diputada Margarita Ballén, los concejales Aissar Castro, Vicente Támara, Juan Carlos Zamora, Jorge Rangel y Adalberto Llinás, así como contra el empresario Julio Gerlein, y los particulares Edwin Martínez Sala, José Manzaneda, Yahaira Calle, Adriana Blanco, Eveling Carlina Díaz Díaz, Carlos Rojano Llinás, Lilibeht Llinás y Ana Niebles.

Sobre la silla vacía
Macías y Tamayo

Soledad Tamayo, nueva senadora por el Partido Conservador y el presidente del Senado, Ernesto Macías, en la posesión como congresista de la república

Foto:

Senado Colombia

Tras la captura de Aída Merlano, el entonces presidente del Senado ordenó reemplazar su curul posesionando el 29 de mayo pasado a Soledad Tamayo, ya que era la segunda con más votación obtenida. 

Aunque la Procuraduría había pedido que se declarara la silla vacía y se le quitara la curul al partido, la Corte negó esa petición señalando que no se encontró ningún nexo causal entre "la posesión de Tamayo y el delito de corrupción al sufragante por el cual se investigó a Merlano". 

"Es decir, no se tiene evidencia de que el acto de posesión realizado por el Senado de la República a la señora Tamayo sea fuente del delito aquí investigado, como para
ordenar el restablecimiento de derecho", aseguró el alto tribunal. 

La Corte también dijo que actualmente el Consejo de Estado estudia un proceso de nulidad contra el acto que posesionó a Tamayo, por lo que es a esa corporación a la que le corresponde definir el futuro de esa curul. 

JUSTICIA@JusticiaET

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